El ente gestionado desde alcaldía y desde la concejalía de cultura acumula una deuda de 3,5 millones y un sobrecoste presupuestario del 50%.
El Instituto Municipal Coruña Espectáculos se encuentra bajo un intenso escrutinio tras revelarse un agujero financiero de proporciones escandalosas durante el año electoral del 2023. A pesar del incremento presupuestario experimentado en los últimos años, el IMCE se enfrenta ahora a una deuda de 3,5 millones de euros, generada en gran parte durante ese periodo crítico.
La aprobación de la habilitación de 2,5 millones de euros para el pago de facturas irregulares, con el único apoyo del PSOE, ha desencadenado duras críticas por parte del PP y del BNG. El Partido Popular recuerda que aún queda pendiente otro millón por abonar, mientras que el Bloque Nacionalista Galego se abstiene en la votación.
El informe desfavorable de intervención municipal resalta la preocupante falta de documentación y la ausencia de firmas de funcionarios en los documentos pertinentes. ¿Cómo es posible que se generen 3,5 millones de deuda con un crédito inicial de 5,85 millones? Este hecho, especialmente grave en un año electoral, ha sido catalogado como escandaloso por la oposición.
Las advertencias de la oposición sobre la deuda pendiente y el riesgo de hipotecar el presupuesto del presente año resuenan con fuerza. Además, se plantea la posibilidad de que se puedan generar nuevas facturas irregulares y estas queden pendientes para el año 2025. Lo que algunos denominan como «papel pelota».
El desvío presupuestario del IMCE en el año 2023, que supera el 50% de su presupuesto inicial, ha levantado serias preocupaciones sobre la gestión de la alcaldesa Inés Rey. Su firma, levantando reparos de intervención, pone en riesgo sus opciones de ser ministra. La gestión del IMCE fue delegada en aquel entonces en Gonzalo Henrique Castro, quien era su jefe de gabinete y actualmente es concejal.
La opacidad en la gestión del IMCE es más que evidente. La falta de transparencia, evidenciada por la ausencia de información en la web de contrataciones del Estado. Contradice los principios de la Ley de Transparencia que deberían regir en un organismo público como el IMCE.