La gestión del polígono de Pocomaco, bajo sospecha: Sin lista de propietarios, presupuestos inflados y cesiones forzadas en un acuerdo que enfrenta a Inés Rey con los pequeños empresarios
A Coruña, una ciudad con escaso peso industrial
A Coruña no destaca precisamente por su tejido industrial. En la actualidad, cuenta con dos polígonos comerciales operativos, siendo el de Pocomaco el más grande y con mayor actividad.
Sin embargo, este polígono, que cumple 50 años de historia, atraviesa una fase de transición llena de tensiones, irregularidades y desconfianza entre los propietarios y el gobierno local.
Un polígono privado con gestión opaca
El Polígono de Pocomaco es, en su totalidad, de propiedad privada. Los dueños de las parcelas asumen el mantenimiento de las infraestructuras, incluyendo viales y zonas comunes. Sin embargo, la gestión de la comunidad de propietarios está bajo sospecha.
Según denuncian varios empresarios, la actual dirección de la comunidad desconoce la lista actualizada de propietarios, algo fundamental para garantizar una gestión transparente. A pesar de esta anomalía, se ha convocado una asamblea para tomar decisiones cruciales, como la cesión de suelo al Ayuntamiento.
Lo más grave es que la gestoría encargada de velar por los intereses de los propietarios tampoco dispone de un registro fiable, pero pretende que los asistentes deleguen en su presidenta la potestad para tomar acuerdos clave. Entre ellos, la entrega de los viales al Concello y la asunción de unas obras cuyo coste oscila entre los 3 millones que estima el Ayuntamiento y los casi 11 millones que calculan algunos propietarios.
El «trueque» opaco de Lage Tuñas
El Ayuntamiento, liderado por Inés Rey (PSOE), busca hacerse con los viales del polígono para incorporarlos a la red viaria municipal, viales que ya están siendo utilizados para el acceso a Vio y Mesoiro. Sin embargo, el proceso está plagado de irregularidades:
- Subvención sin garantías: El gobierno local pretende otorgar una subvención a una entidad privada para reformar viales que, posteriormente, pasarán a ser propiedad municipal. Sin embargo, no hay dotación presupuestaria, ni informes técnicos, ni licitación pública. El presupuesto presentado por la entidad privada ha sido calificado por expertos como inflado y desproporcionado.
- Zona verde en disputa: El acuerdo incluye la cesión de una zona verde que, en realidad, pertenece a Inmobiliaria Pocomaco. Los propietarios se verían obligados a comprarla antes de entregarla al Concello, lo que permitiría al actual dueño fijar un precio arbitrario. Lo llamativo es que, en estos casos, lo habitual es que la administración actúe mediante expropiación, no a través de un intercambio encubierto.
- Terrenos de ADIF en la ecuación: La operación también involucra unos terrenos de ADIF, cuya titularidad y uso están en discusión. Curiosamente, ADIF fue presidida por Isabel Pardo de Vera, persona vinculada al Ayuntamiento y actualmente envuelta en polémicas por su gestión.
Estatutos manipulados y cambios de postura del BNG
Uno de los puntos más oscuros es la modificación no autorizada de los estatutos de la comunidad. En el documento firmado por Inés Rey aparece un texto que no coincide con el original, introduciendo excepciones que benefician a ciertos intereses. Esta alteración habría influido en el cambio de voto del BNG, que en mayo rechazó el acuerdo y en septiembre lo apoyó.
Empresarios desinformados y excluidos
Varios empresarios denunciaron ante el pleno municipal, utilizando el escaño ciudadano, la falta de información y transparencia. Criticó que el Ayuntamiento solo haya negociado con tres grandes propietarios, mientras que el resto de empresarios, muchos de ellos pequeños comercios y empresas logísticas, han sido ignorados.
Además, destacó la situación irregular de uno de estos grandes propietarios, que no paga cuotas pero sí tiene derecho a voto, y la incertidumbre sobre los 100.000 m² de zona verde en manos privadas.
¿Negociación opaca o interés público?
El caso del Polígono de Pocomaco refleja una gestión cuestionable, con falta de transparencia, presupuestos inflados, cesiones forzadas y modificaciones irregulars en documentos clave. Mientras el Ayuntamiento insiste en que el objetivo es mejorar las infraestructuras, los empresarios exigen claridad y garantías.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Se está actuando en beneficio de todos o solo de unos pocos? Mientras no haya respuestas claras, la tensión en Pocomaco seguirá creciendo.