La formación política lleva al Congreso su preocupación por la «privatización» de la gestión urbanística de un espacio natural clave y exige explicaciones al Gobierno
El Grupo Parlamentario de Sumar ha presentado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central en relación con la controvertida operación urbanística impulsada por el gobierno local de A Coruña en el borde litoral de la ría do Burgo.
La formación política, a través de sus diputados Verónica Martínez Barbero y Manuel Lago Peñas, cuestiona la transparencia y la adecuación a los principios de sostenibilidad de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de A Coruña y la mercantil Castro de Oza, S.L., representante del fondo de inversión GINKO PARTICIPATIONS III S.A.R.L.
Según el documento presentado, el Ayuntamiento coruñés había iniciado en 2021 un procedimiento para modificar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) con el objetivo de reducir la edificabilidad en la zona, pasando de 0,72 m²/m² a 0,239 m²/m², y proyectando solo 241 viviendas frente a las 633 previstas anteriormente. Esta modificación contaba con un informe ambiental estratégico favorable de la Xunta de Galicia y aspiraba a crear una senda litoral metropolitana, mejorar la movilidad y rehabilitar zonas degradadas.
Sin embargo, en julio de 2024, el gobierno municipal firmó un convenio con la empresa para excluir los polígonos RB1, RB2 y RB3 de dicha modificación, permitiendo que sea la mercantil quien presente y ejecute un plan especial urbanístico. Este acuerdo ha sido tachado de opaco por colectivos vecinales y ha motivado una moción conjunta de todos los grupos de la oposición para su suspensión.
Sumar plantea cuatro preguntas al Gobierno central:
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- Si considera que este procedimiento respeta los principios internacionales y europeos en materia de sostenibilidad y agenda urbana.
- Qué planes tiene para reactivar el tren de cercanías entre A Coruña y Betanzos utilizando el trazado ferroviario de la ría.
- Qué actuaciones prevé para impulsar una senda litoral que una Culleredo con la playa de Oza.
- Si cree que estos planes son compatibles con el convenio firmado por el Ayuntamiento de A Coruña.
La formación advierte de que este modelo de gestión urbanística privatizada pone en riesgo el interés general y la potestad municipal, priorizando los intereses de un fondo de inversión sobre los de la ciudadanía y el medio ambiente.
El debate está servido: ¿urbanismo público y sostenible o gestión privada de lo común?