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Crisis en la Sinfónica

La Orquesta Joven no actuará en María Pita

La Orquesta Sinfónica de Galicia, institución de reconocido prestigio nacional e internacional, atraviesa una grave situación económica.

El nuevo gerente de la entidad, el colombiano Juan Antonio Cuéllar, ha reiterado en diversas entrevistas que la coyuntura que se ha encontrado nada más aterrizar es más que crítica, siendo imprescindible un plan de choque para garantizar la supervivencia de este emblema cultural coruñés.

Sin ir más lejos, se ha cancelado el próximo encuentro estival de la Orquesta Joven, una de las canteras de músicos más importantes del país que, además de no poder desarrollar su labor pedagógica, verá suprimida su presencia en las fiestas de la ciudad en el tradicional concierto en la plaza de María Pita.

Es la primera medida drástica tomada por Cuéllar ante la pésima situación financiera.

Las facturas sin pagar suman un total de 1.400.000 €, una deuda que bloquea toda la actividad presente y futura, pese a que el Consorcio para la Promoción de la Música, órgano rector de la OSG, fue el único ente municipal que cumplió la regla de gasto en 2024.

Hace más de un año, tanto el Concello como la Xunta de Galicia, anunciaron la creación de un plan estratégico que garantizase la financiación de la OSG a largo plazo.

A día de hoy, no hay ni rastro de dicho plan y ambas administraciones no han puesto en marcha medida alguna para paliar tan grave situación.

Cabe analizar cómo se ha llegado a esta crisis y qué errores de gestión y supervisión la han provocado para que no vuelvan a repetirse. Pero lo urgente es, a corto plazo, tomar medidas que garanticen la realización de la temporada 2025-2026, que arranca el próximo mes de octubre y cuya programación no ha sido todavía anunciada. Y por otro lado, resulta imprescindible la elaboración de un convenio de financiación que asegure la supervivencia de la OSG a largo plazo.

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Cambre se une para resolver su «paradoja del agua»: da de beber a 500.000 personas pero sufre un servicio obsoleto

El Ayuntamiento convoca a todos los grupos a una Comisión Especial con el objetivo de renegociar desde la unidad un contrato vencido hace 20 años y definir el modelo de futuro del servicio

El municipio de Cambre se encuentra en el epicentro de una paradoja insostenible: es la pieza fundamental del abastecimiento de agua para casi medio millón de personas en el área metropolitana de A Coruña, pero sus propios vecinos padecen un servicio deficitario, regulado por un contrato vencido hace dos décadas y con un coste que no se corresponde con la calidad recibida. Para resolver de una vez por todas esta situación de «absoluta vulnerabilidad», el Ayuntamiento ha decidido crear una Comisión Especial del Agua que integre a todos los grupos políticos en un frente común.

El corazón del agua, un servicio en crisis

La paradoja es evidente. En el término municipal de Cambre se asientan la presa de Cecebre y la planta potabilizadora de A Telva, las infraestructuras críticas que hacen posible el suministro de toda la comarca. «El agua nace y se hace potable en Cambre», es una frase que se repite en el Consistorio. Sin embargo, esta realidad contrasta con una problemática interna que se arrastra desde hace años.

El problema se sustenta en tres pilares: un contrato obsoleto que lleva 20 años vencido, generando «inseguridad jurídica y económica»; un servicio deficitario que se ha traducido en recientes amenazas de corte, fluctuaciones de presión y problemas de calidad; y un coste injusto para los vecinos, que pagan por un servicio que no es óptimo, a pesar de que el municipio asume la carga medioambiental de albergar las infraestructuras.

«En resumen: damos agua a medio millón de personas, pero no podemos garantizar un servicio óptimo a los nuestros. Esta paradoja es insostenible», subraya la propuesta.

Unidad política para una solución de futuro

Frente a este desafío, la respuesta no pasará por «parches o luchas partidistas», sino por la creación de una Comisión Especial con representación de todas fuerzas políticas de la corporación municipal. Los objetivos de este grupo de trabajo son ambiciosos y claros:

  • Realizar un diagnóstico preciso de la situación contractual, técnica y económica del servicio.
  • Actuar como un frente institucional unido para negociar desde la fuerza con la concesionaria actual, la Xunta de Galicia y EMALCSA.
  • Definir el modelo de futuro: estudiar todas las opciones, desde la municipalización del servicio hasta una nueva concesión con condiciones estrictas y ventajosas para el municipio.
  • Elaborar un Proyecto de Futuro que posicione a Cambre como actor clave en la gobernanza metropolitana del agua, exigiendo las inversiones y compensaciones justas que merece por su papel estratégico.

Un llamamiento a la responsabilidad histórica

El lenguaje del llamamiento es contundente y apela a la responsabilidad por encima de las siglas. Se esgrimen cuatro principios rectores: Justicia («Quien aporta el recurso debe tener el mejor servicio»), Unidad («demasiado importante como para que sea moneda de cambio político»), Eficacia («Negociar desde la división es hacerlo desde la debilidad») y Oportunidad («para construir el futuro de las próximas décadas»).

El desafío del agua en Cambre ha dejado de ser una queja vecinal para convertirse en una cuestión de estado municipal. El éxito de esta comisión dependerá de si la clase política es capaz de cumplir con su propia exhortación a la unidad.

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Las retribuciones de los cargos electos en el Ayuntamiento de A Coruña se han duplicado desde la llegada de Inés Rey

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda revelan que el gasto en sueldos de concejales superó por primera vez el millón de euros en 2020, una barrera que se ha consolidado y sigue en aumento, alcanzando los 1,19 millones en 2023

La llegada de Inés Rey (PSOE) a la alcaldía de A Coruña en 2019 marcó un punto de inflexión en la masa salarial que perciben los cargos políticos del gobierno local. Según los datos oficiales publicados en la web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, consultados por este medio, las retribuciones de los concejales y altos cargos electos se han duplicado en el último septenio, con un crecimiento especialmente significativo a partir del ejercicio 2020.

El análisis de la serie histórica, que abarca desde 2016 hasta 2023, muestra una evolución estable y contenida durante la legislatura anterior. Sin embargo, la tendencia cambió de forma drástica con el cambio de gobierno.

Evolución en datos:

Como se aprecia en las cifras, el año 2019, en el que Inés Rey asumió el cargo a mitad del año, ya registró un incremento superior al 42% respecto a 2018, situando el gasto en cerca de 900.000 euros. No obstante, fue en 2020 cuando se rompió por primera vez la barrera del millón de euros, un techo que no se había alcanzado en los ejercicios previos y que, una vez superado, se ha mantenido e incluso incrementado en los ejercicios posteriores.

La partida destinada a retribuciones ha seguido una clara tendencia alcista, culminando en 2023 con un importe de 1.198.681,01 euros, lo que supone casi el doble (un 92% más) de los 624.390 euros de 2016. Este dato consolida a la corporación municipal de A Coruña como una de las que mayor masa salarial destina a sus cargos electos en Galicia.

Un nuevo escenario de gasto

Mientras que entre 2016 y 2018 el gasto se mantuvo en una horquilla estable alrededor de los 630.000 euros anuales, la nueva etapa política ha venido acompañada de un nuevo escenario de gasto. La consolidación de un presupuesto por encima del millón de euros anual para este concepto plantea un debate sobre la estructura de gobierno del concello y el coste de la política municipal.

Los datos, de carácter público y accesibles para cualquier ciudadano en el portal del Ministerio, ofrecen una fotografía clara del esfuerzo económico que supone para las arcas municipales el mantenimiento de la clase política, un debate que trasciende el color partidista y que sitúa el foco en la gestión de lo público y el gasto de los contribuyentes.

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La Fundación Álvaro Morata celebra un Campus Solidario en septiembre para jóvenes promesas

Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España

El evento, que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de La Torre del 1 al 5 de septiembre, combinará fútbol, valores y solidaridad para niños y niñas de entre 7 y 15 años

La Fundación Álvaro Morata ha anunciado la celebración de su Campus Solidario, un evento que convertirá la Ciudad Deportiva de La Torre en un epicentro de fútbol base, educación y valores del 1 al 5 de septiembre. La iniciativa, dirigida a niños y niñas nacidos entre 2010 y 2018, pretende ser mucho más que una simple actividad deportiva estival.

Bajo el lema “Ningún problema es sólo de los demás”, el campus busca inculcar en los jóvenes participantes principios como la solidaridad, la amistad, el compañerismo y la inclusión social. Está organizado por la empresa PA Team Soccer Spain y cuenta con la implicación directa de la fundación que preside el capitán de la Selección Española de Fútbol, Álvaro Morata, así como con la colaboración de diversas entidades públicas y privadas.

El campus se presenta como una oportunidad única para que los jóvenes deportistas se formen en un entorno que prioriza el desarrollo personal junto al técnico. Durante cinco días, los participantes no solo mejorarán sus habilidades con el balón, sino que también participarán en actividades de ocio educativo diseñadas para reforzar la importancia del trabajo en equipo y la empatía.

Álvaro Morata: Un referente dentro y fuera del campo

La figura de Álvaro Morata, lejos de ser solo un nombre para el cartel, es el espíritu que guía este proyecto. El delantero madrileño, actual jugador del Como 1907 italiano y capitán campeón de la Eurocopa 2024, es uno de los futbolistas españoles con una trayectoria más destacada en las últimas décadas.

Morata, un goleador nato, dejó su huella desde muy joven, siendo máximo goleador en la Eurocopa Sub-19 de 2011 y en la Sub-21 de 2013. Su impresionante registro con las categorías inferiores de la selección española (31 goles en 35 partidos) fue un aviso de lo que estaba por llegar. Hoy, es el cuarto máximo goleador histórico de la Selección Absoluta Española con 36 tantos, solo por detrás de leyendas como David Villa, Raúl González y Fernando Torres. Además, es el tercer máximo goleador en la historia de la Eurocopa.

Su palmarés, que incluye dos Ligas de Campeones y una Liga con el Real Madrid, entre otros muchos títulos, se completa ahora con el mayor éxito de su carrera: levantar la Eurocopa como capitán. Esta combinación de éxito deportivo y liderazgo lo convierte en un modelo perfecto para las nuevas generaciones.

Deporte con valores para el futuro

Este Campus Solidario se enmarca en la misión de la fundación de fomentar actividades que combinen el deporte con la educación y la inclusión, especialmente durante los periodos no lectivos. Se trata de ofrecer una alternativa de ocio saludable y enriquecedora que deje una huella positiva en todos los participantes.


FICHA DEL EVENTO:

  • Qué: Campus Solidario Fundación Álvaro Morata
  • Quién: Niños y niñas nacidos entre 2010 y 2018 (7 a 15 años)
  • Cuándo: Del 1 al 5 de septiembre de 2024
  • Dónde: Ciudad Deportiva de La Torre
  • Organiza: PA Team Soccer Spain y Fundación Álvaro Morata
  • Lema: “Ningún problema es sólo de los demás”
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Una negociación extemporánea: el concejal se reúne con los hoteleros cuando la tasa ya está aprobada

La reunión de hoy entre Hacienda local y HOSPECO evidencia una grave falta de planificación y diálogo por parte del gobierno local, dejando a los hosteleros con la carga de implementar una norma diseñada a espaldas de su realidad

Hoy, cuatro días antes de que entre en vigor la nueva tasa de pernoctación, el concejal de Hacienda, Lage Tuñas, se sienta por fin a hablar con HOSPECO, la asociación de hoteleros que, por designación del propio gobierno local, deberá actuar como agente recaudador. El timing de la reunión no es una anécdota; es el síntoma de un profundo desprecio por el procedimiento, el diálogo y la eficacia.

La polémica tasa, aprobada gracias al acuerdo del PSOE y el BNG, ya generó un intenso debate por su naturaleza. Lejos de ser una tasa turística, se trata de un tributo de pernoctación que grava por igual a turistas, trabajadores desplazados o cualquier persona que utilice un alojamiento, independientemente de su motivo. Pero más allá de la discusión sobre su equidad, lo que hoy salta a la vista es la gestión caótica de su implantación.

Empezar la casa por el tejado

La secuencia lógica de cualquier política pública, sobre una que carga sobre un sector privado una obligación administrativa y recaudatoria, debería ser diálogo, negociación, acuerdo, redacción y, finalmente, aprobación. El gobierno local ha decidido invertir el proceso: primero aprueba la ordenanza y luego, a contrarreloj, convoca una reunión.

Surge entonces la pregunta inevitable: ¿para qué?

Si el objetivo de la reunión de hoy es negociar, llega absolutamente tarde. Las negociaciones sobre el importe, los mecanismos, las exenciones o los plazos de implantación carecen de sentido cuando la norma ya está publicada, con el texto firme y la fecha de vigencia inamovible. Presentar una reunión como un gesto de diálogo a posteriori no es más que un ejercicio de hipocresía política, un intento de maquillar una imposición con una farsa de consulta.

La carga oculta: los hoteleros, recaudadores forzosos

Si la reunión no es para negociar, solo queda una opción: es un mero trámite informativo para dar instrucciones. El gobierno no solo ha aprobado una tasa controvertida; además, ha designado a los hoteleros como sus recaudadores gratuitos, obligándoles a asumir costes y adaptaciones de todo tipo sin su consulta.

Estos empresarios se ven ahora forzados a desarrollar, en tiempo récord, adaptaciones en sus sistemas informáticos para facturar el nuevo concepto, reorganizar sus procedimientos administrativos y reconfigurar su contabilidad. Todo ello, con el coste económico y de recursos humanos que conlleva. ¿Se ha preguntado el concello por la viabilidad técnica de estos cambios? ¿Se ha parado a calcular el coste real que esta imposición supone para un sector clave? La respuesta, vista la secuencia de los hechos, es un no rotundo.

Un desprecio al sector y a la buena gestión

Este procedimiento demuestra un preocupante menosprecio hacia los agentes económicos que son, al fin y al cabo, los que sustentan una parte vital de la economía local. Tratarlos como meros ejecutores de disposiciones arbitrarias, en lugar de como partners necesarios, es un error garrafal.

La falta de previsión es tan evidente que roza lo negligentemente. Imponer una carga burocrática sin proporcionar el tiempo, los medios o el marco de colaboración necesario es condenar la medida a un comienzo lleno de irregularidades, quejas y problemas. Es generar desconfianza y malestar en un sector que debería ser aliado, no un convidado de piedra al que se le entregan órdenes.

Hoy, el concejal Lage Tuñas se sienta con HOSPECO. Pero lo hace desde una posición de fuerza, con la norma bajo el brazo y el reloj en contra de los hoteleros. No es diálogo, es un monólogo con fecha de caducidad. Llega tarde, muy tarde. Y con su tardanza, el gobierno no solo deja en evidencia su poor planeamiento, sino que pone en riesgo el éxito de una medida que, para bien o para mal, ya es ley.

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«ACELERÓ CON GENTE CRUZANDO»: El delirio de un hombre que atropelló a 6 peatones en A Coruña, incluida una niña de 4 años

El conductor, un hombre de 50 años con aparentes problemas mentales, esperó a que el semáforo estuviera en verde para los peatones antes de acelerar, según la investigación policial. Es el primer caso de estas características en la ciudad

La ciudad de A Coruña vivió este miércoles un episodio de una violencia inusitada y sin precedentes cuando un hombre arrolló de forma deliberada a varios peatones en un paso de cebra de la céntrica plaza de Mina, causando seis heridos, tres de ellos graves. El presunto autor, un varón de 50 años, fue detenido en el acto y posteriormente ingresado en la unidad psiquiátrica del Hospital Marítimo de Oza para su evaluación, bajo vigilancia policial.

El suceso ocurrió alrededor de las 12:20 horas en uno de los pasos de peatones más transitados de la ciudad, situado en la calle Juana de Vega. Según las primeras investigaciones de la Policía Local, respaldadas por las cámaras de tráfico, el conductor había estacionado su Volkswagen gris en la zona y esperó de manera premeditada a que el semáforo se pusiera en verde para los viandantes y el cruce se llenara de gente.

En ese momento, pisó el acelerador y embistió a los peatones que cruzaban correctamente. El impacto fue de tal violencia que los cuerpos de las tres primeras víctimas destrozaron el parabrisas del vehículo. El coche continuó su marcha descontrolada invadiendo el sentido contrario, lo que provocó el pánico entre los transeúntes, que huían gritando para evitar ser arrollados. En total, seis personas resultaron heridas antes de que el automóvil se detuviera.

Las víctimas y la respuesta sanitaria

Entre las víctimas se encuentran personas de edades muy diversas, desde una niña de apenas 4 años hasta un hombre de 75. La menor fue trasladada al Hospital Materno Infantil para ser tratada de una herida en un brazo. Los otros cinco adultos fueron evacuados en varias ambulancias del 061 al Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC).

Tres de ellos –dos mujeres y un hombre– ingresaron en estado grave con diversas lesiones. Los otros dos adultos, un hombre y una mujer, presentaban un pronóstico leve. Según el último parte médico, hacia las 19:30 horas de este miércoles todos los heridos habían recibido el alta, a excepción de dos que permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Un autor con aparente «delirio»

El responsable del atropello múltiple no opuso resistencia ni intentó huir. Testigos y fuentes municipales presentes en la emergencia describieron que el hombre farfullaba incoherencias mientras era esposado por los agentes. Entre sus frases sin sentido, repetía que lo había hecho «para que le vieran», según confirmaron las mismas fuentes.

Su comportamiento ha llevado a las autoridades a barajar la hipótesis de que pudiera padecer algún tipo de trastorno mental, lo que motivó su traslado al hospital psiquiátrico para una evaluación. No obstante, la Policía Local lo detuvo inicialmente por conducción temeraria, si bien la investigación continúa abierta y no se descarta la imputación de delitos de lesiones e intento de homicidio.

La Unidad de Atestados acordonó la zona para realizar la diligencia de reconstrucción de los hechos, lo que obligó a desviar el tráfico de la calle Juana de Vega y la avenida de Linares Rivas durante varias horas, ante la mirada conmocionada de los ciudadanos que se congregaron en el lugar.

Este incidente se registra como el primer atropello múltiple intencionado e indiscriminado en la historia de A Coruña, un acto de violencia que ha conmocionado profundamente a la ciudad.

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¿Qué necesita el Deportivo para que le aprueben las obras? Que Lage Tuñas sea el dueño de Riazor

¿Las normas son para todos? La curiosa (y rentable) excepción del concejal Lage Tuñas

Un ejercicio de ironía urbana en el que el maestro es, sin duda, el primer teniente de alcaldesa.

En un alarde de coherencia que ha dejado a la ciudadanía maravillada, el primer teniente de alcalde, José Manuel Lage Tuñas, ofreció hoy una magistral lección de derecho urbanístico aplicado. Tras ser preguntado por la paralización de las obras que el Deportivo de La Coruña realizaba en Riazor sin la preceptiva licencia, el edil fue contundente: “Todos deben cumprir as normas das que nos dotamos e iso aféctalle ao clube, ao Concello e a todos os que teñan relación co Estadio”.

La frase, aparentemente simple, es en realidad una joya de la retórica política. El uso del impersonal “deben” en lugar de un “debemos” incluyente no es un descuido, es una declaración de intenciones. Es la delimitación clara de un territorio: aquí están los que deben cumplir las normas (el Deportivo, usted, su vecino) y aquí, en un plano superior de existencia jurídica, quien las explica.

Y es que el concejal de Economía y Planificación Urbana sabe de lo que habla. Conoce al dedillo el intrincado camino de la normativa urbanística porque, cómo no, él mismo lo ha transitado. Con la experiencia que da el haber convertido un local comercial en dos “pisitos” sin licencia y, atención al detalle, mientras era el máximo responsable del área que debe velar por su cumplimiento.

El caso de los “pisitos” de la Avenida del Ejército es, sin duda, el manual de instrucciones que el Ayuntamiento debería distribuir a todos los ciudadanos. Un tutorial paso a paso de cómo se gestiona estos asuntos cuando se tiene la ventaja de dirigir la oficina donde se ponen las multas:

Lección 1: Preséntame una comunicación previa para obras de conservación en un local que, según un arquitecto (que certifica un uso residencial que no existía), ya era una vivienda en 2014.

Lección 2: Cuando te la declaren ineficaz, espera.

Lección 3: Inscribe el cambio de uso en el Registro de la Propiedad basándote en esa certificación… cuestionable.

Lección 4: Asume personalmente las competencias en concesión de licencias, justo a tiempo para lidiar con tu propio caso.

Lección 5: No te abstengas en el proceso que te afecta personalmente.

Lección 6: Cuando los vecinos denuncien y la policía local documente las obras ilegales, ignóralo.

Lección 7: Finalmente, concédete a ti mismo la licencia con una celeridad que dejaría sin aliento a Usain Bolt.

Todo este proceso, pulcro y ejemplar, es seguramente lo que el concejal Lage Tuñas espera que el Deportivo emule. Quizás la solución para el club sea que Lage Tuñas se convierta en propietario de una grada de Riazor. Entonces, el procedimiento se agilizaría de forma misteriosa y las obras podrían continuar, tal vez incluso sin licencia pero con una perspicacia legal admirable.

La ironía, por supuesto, es un recurso literario. La realidad es mucho más grave. Mientras a un club histórico se le paraliza una obra de mejora de su estadio –el activo de toda una ciudad– por un expediente, un edil parece haber sorteado el mismo expediente en un asunto de claro beneficio personal. Y lo hace desde el sillón que debería garantizar la igualdad de todos ante la ley.

La frase “Todos deben cumprir as normas das que nos dotamos e iso aféctalle ao clube, ao Concello e a todos os que teñan relación co Estadio”. resuena ahora con un eco hueco. Suena a chiste privado, a un guiño entre él y su pasado reciente. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿Lage Tuñas habla en tercera persona porque se siente excluido de la obligación de cumplir las normas o porque, sencillamente, ya las incumplió y salió indemne?

El mensaje que se envía a la ciudadanía es demoledor: hay una normativa para los ciudadanos y otra para los ciudadanos que, casualmente, planifican el urbanismo de la ciudad. El caso de Riazor es bochornoso. El de los “pisitos”, sencillamente, indignante. Juntos, son la perfecta definición de una doble vara de medir. Y el concejal Lage, con su tercera persona, se ha erigido en su máximo exponente.

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La Cros: El proyecto que fractura Culleredo y redefine su mapa político a mitad de legislatura

El bloqueo del emblemático edificio industrial, pendiente de un acuerdo con el CETIM, enfrenta a todas las fuerzas políticas y deja al alcalde, José Ramón Rioboo (PSOE), en una posición de extrema debilidad, condicionando la agenda municipal de cara a 2027

Lo que se presentó como el mayor proyecto del mandato para reactivar un símbolo del pasado industrial se ha convertido en la piedra angular que amenaza con dinamitar el escenario político de Culleredo. El futuro de los terrenos de la fábrica de La Cros, abandonados desde hace cuatro décadas, ha dibujado un tablero de ajedrez donde todos los bandos se sitúan en extremos opuestos, dejando al gobierno municipal del socialista José Ramón Rioboo en una crítica encrucijada y sin margen de maniobra.

La imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos y el bloqueo del proyecto del Centro de Excelencia de Economía Circular del CETIM (Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial) no son solo síntomas de una falta de acuerdos, sino la evidencia de una fractura profunda que redefine las alianzas y las estrategias de cara a la próxima cita electoral de 2027.

El PP: Crítica con condiciones y ultimátum al CETIM

Su apoyo a la cesión de las naves no es gratuito y se sustenta en cuatro garantías que tacha de «irrenunciables»: un puesto en el patronato del CETIM, una revisión real de la concesión a los 30 años (evitando una prórroga automática de 20 más), el establecimiento de un canon económico de 80.000 euros anuales para entidades sociales y la rehabilitación inmediata de una de las naves para uso municipal.

Desde el PP acusan al alcalde de actuar más como «portavoz del CETIM que como defensor de los intereses municipales» y desmontan el «discurso alarmista» que presenta el rechazo como una «pérdida de oportunidad histórica». Su postura es de crítica de fondo, pero con una puerta abierta: si el centro tecnológico acepta sus condiciones, serán sus aliados. Si no, la responsabilidad del fracaso, aseguran, será únicamente del CETIM y Rioboo.

El BNG: La defensa radical de lo público frente a lo privado

Si el PP negocia condiciones, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) rechaza de plano el modelo. Para los nacionalistas, la cuestión de La Cros es una batalla ideológica por la «soberanía municipal». Su consigna es clara: «La Cros es del pueblo, no de una empresa privada». Plantean que los terrenos, de titularidad pública, deben albergar servicios públicos (sociales, educativos, culturales) que cubran las necesidades de los vecinos, tal como se planificó en su origen.

El BNG carga con dureza contra ambos frentes: acusa al alcalde de «sumisión política a una empresa privada» y al PP de presentar propuestas «improvisadas e inviables» que, a su juicio, «renuncian al potencial del recinto completo» y rozan la «ilegalidad» en algunos aspectos. Su posición no es de negociación, sino de principio: recuperar el proyecto público original.

La bomba legal desde fuera: AV y la ilegalidad urbanística

La capa de complejidad máxima la añade Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros y líder de Alternativa dos Veciños (AV). Seoane ha lanzado un órdago al cuestionar la legalidad misma de todo el proceso.

En una intervención radiofónica, argumentó que Culleredo carece de un Plan Xeral de Ordenación Municipal vigente y adaptado a la Ley de Solo de Galicia de 2016. El plan actual, aprobado inicialmente en 2013, nunca llegó a su aprobación definitiva. «A recalificación que o Concello quere facer non ten cobertura legal», sentenció, exigiendo que la prioridad absoluta del gobierno municipal sea aprobar el plan urbanístico antes de autorizar ninguna recalificación puntual, so pena de actuar en la ilegalidad.

Rioboo, en tierra de nadie

En el centro de este huracán político, el alcalde José Ramón Rioboo se encuentra completamente aislado. Sus aliados naturales en el ayuntamiento, el BNG, están en la otra punta del tablero ideológico, defendiendo un modelo antagónico. Por su parte, el PP, que podría ser un socio de legislatura para desatascar proyectos clave como los presupuestos o La Cros, mantiene una postura crítica que, aunque más de formas que de fondo en comparación con el BNG, le exige unas contraprestaciones que el CETIM de momento no está dispuesto a aceptar.

La incapacidad de Rioboo para articular un acuerdo y sacar adelante sus principales proyectos lo deja en una posición de extrema debilidad a mitad de mandato, mostrando una gobernabilidad herida de muerte y condicionando cualquier actuación futura.

Un tablero bloqueado de cara al futuro

El caso de La Cros ha trascendido con creces el debate sobre la reactivación de un solar industrial. Se ha convertido en el campo de batalla donde se libra la guerra por el modelo de municipio que quiere Culleredo y donde cada fuerza política ha delineado con nitidez su territorio, dejando al descubierto la profunda división que existe.

Con un alcalde debilitado, una oposición fragmentada pero firme en sus posiciones y una espada de Damocles legal sobre el proyecto, el escenario político local aparece completamente redefinido. El desenlace de este pulso, o la falta del mismo, no solo decidirá el futuro de un emblemático edificio, sino que marcará de forma indeleble el camino hacia las elecciones de 2027, donde los votantes tendrán la última palabra sobre qué modelo de los ahora enfrentados prefieren para su concello. El balón, por ahora, sigue en el tejado de un ayuntamiento paralizado.

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El PP presenta una moción de censura en Carral con el apoyo de dos tránsfugas de AV para desalojar a Gestal

José Luis Fernández Mouriño, exalcalde y portavoz popular, aspira a recuperar la Alcaldía que perdió en 2019. La votación se celebrará el 10 de septiembre y los firmantes suman ya la mayoría absoluta

El Partido Popular (PP) de Carral, encabezado por su exalcalde José Luis Fernández Mouriño, ha registrado este martes una moción de censura contra el regidor Javier Gestal (Alternativa dos Veciños, AV). La iniciativa, que cuenta con el decisivo apoyo de dos concejales tránsfugas de la formación gobernante, Francisco Bello y Mercedes Caridad, allana el camino para que Mouriño recupere el bastón de mando seis años después de perderlo. La moción, que se votará en el pleno del 10 de septiembre, ha sido tildada por AV como una «auténtica feria de ganado» donde el PP «compra cerdos» para sus «aspiraciones golpistas».

La crisis política en el Concello de Carral ha culminado con la presentación formal de una moción de censura que cuenta con las siete firmas necesarias para alcanzar la mayoría absoluta en una corporación de trece ediles. Los firmantes son los cinco concejales del PP y los dos ediles no adscritos, antiguos miembros de AV que abandonaron el grupo de gobierno.

El portavoz popular, José Luis Fernández Mouriño, justificó la moción alegando una «parálisis total» en el municipio. «Al estar en minoría el gobierno local y con un alcalde que no toma iniciativas, muchas decisiones importantes no se están gestionando», afirmó Mouriño, quien puso como ejemplo la reciente venta de dos edificios de Sareb que podrían atraer a cientos de nuevos vecinos. «Es necesario pensar en sanidad, educación e industria», añadió, confiando en formar «un buen equipo de gobierno» con los concejales no adscritos.

El detonante: una sentencia y una crisis interna

El camino para la moción quedó despejado tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la prohibición de que concejales tránsfugas —que han abandonado el partido por el que fueron elegidos— pudieran votar a favor de mociones de censura. Esta decisión judicial ha desatado una oleada de movimientos similares en varios concellos gallegos.

La crisis en AV se remonta a 2023, cuando el alcalde Javier Gestal, que había obtenido mayoría absoluta con 7 de 13 concejales, destituyó a Francisco Bello de su cargo en el gobierno. Este hecho abrió una profunda brecha en la formación. Poco después, Mercedes Caridad también fue despojada de sus competencias, y Susana Guimarey, otra concejala, presentó su renuncia. Bello y Caridad pasaron al grupo mixto, dejando al gobierno de Gestal en minoría.

La dura réplica de Alternativa dos Veciños

Desde Alternativa dos Veciños respondieron con dureza en un comunicado, acusando al PP de estar inmerso en una «auténtica feira de gando, na procura de porcos para colmar as súas aspiracións golpistas». La formación cargó contra la «baixa catadura moral e ética» de sus exconcejales, a los que acusó de «venderselle ao PP» y traicionar la «vontade maioritaria» de los votantes.

El partido gobernante señaló directamente a la exedil Susana Guimarey como la «caporala» detrás de una «ambición persoal e enfermiza» por hacerse con el control del gobierno, utilizando supuestamente a Fran Bello como «ariete». Asimismo, criticaron que Bello y Caridad estuvieran «cobrando sen traballar durante varios meses» tras darse de baja médica en apoyo a Bello.

Un escenario repetido en Galicia

La moción en Carral se enmarca en un terremoto político que recorre Galicia tras el fallo del Constitucional. En las últimas semanas, el PP ha logrado arrebatar alcaldías en municipios como Fisterra y Forcarei con el apoyo de ediles tránsfugas, en una estrategia que sus rivales políticos califican de aprovechamiento de resquicios legales para alterar resultados electorales.

Todo apunta a que el pleno del 10 de septiembre devolverá la alcaldía a José Luis Fernández Mouriño, quien ya gobernó el municipio entre 2003 and 2019 y que en 2003 accedió al poder por una moción de censura muy similar. El PSOE, con un único concejal, ya ha anunciado que votará en contra al no ver motivos para la moción.

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Lage Tuñas, desbordado: Su servicio da órdenes que él desconoce

Una rectificación forzada tras el malestar sindical deja al descubierto una grave crisis de gestión en el Ayuntamiento de A Coruña, donde el edil competente afirmó no estar al tanto de las decisiones que se tomaban en su nombre

Una situación cuanto menos sorprendente y que revela una profunda descoordinación en el seno del gobierno municipal de A Coruña ha quedado al descubierto esta semana. El concejal de Personal, José Manuel Lage Tuñas, se ha visto obligado a rectificar en caliente una instrucción controvertida que, según ha admitido él mismo, se dio desde su servicio sin su conocimiento o autorización.

El affaire comenzó cuando el personal municipal empezó a recibir notificaciones del Servicio de Personal que denegaban el carácter retribuido del permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos o menores acogidos, un derecho previamente negociado y acordado con los representantes de los trabajadores. La instrucción, que provocó “un gran malestar” según la CIG, era contundente: o los empleados renunciaban por email a su sueldo durante esas semanas o se entendía su solicitud como denegada, debiendo incorporarse a su puesto.

La alarma sindical saltó de inmediato. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, la Sección Sindical de la CIG recibió una comunicación telefónica directa del propio concejal Lage Tuñas. En ella, el edil confirmó que el permiso retribuido se mantendría en los términos acordados y, lo que es más significativo, desconocía por completo las órdenes que su servicio había estado emitiendo.

Según detalla el comunicado sindical, Lage Tuñas afirmó que las instrucciones que generaron la polémica “no fueron autorizadas ni eran conocidas por él como concejal responsable en la materia”. Esta admisión, si bien soluciona el problema inmediato de los afectados, abre la caja de pandora de la gestión interna del área.

Un edil al margen de su concejalía

La rectificación, aunque celebrada por el sindicato, deja flotando en el aire preguntas incómodas para el equipo de gobierno. ¿Cómo es posible que la máxima autoridad delegada en materia de personal ignore las decisiones que se toman en un servicio tan crucial y bajo su responsabilidad? La CIG no pasa por alto este punto, subrayando que estos hechos “muestran una gran descoordinación y falta de gestión”.

Las preguntas que lanza el sindicato son directas y apuntan al corazón del problema: si el concejal no conocía las órdenes, ¿quién las dio? ¿Quién en el Servicio de Personal tiene la potestad de limitar un derecho acordado a espaldas del edil? La duda sobre quién ostenta realmente el control en esa área y quién tomó la iniciativa de modificar un acuerdo consensuado queda sin respuesta, pintando un panorama de caos administrativo.

El episodio, resuelto con la sabia rectificación que ya aconsejaba el poeta Alexander Pope, evita un conflicto laboral mayor pero deja una sombra de duda sobre la gobernanza del área. Los trabajadores afectados han sido instruidos para que se dirijan de nuevo al Servicio de Personal, que ahora deberá actuar bajo las nuevas (y contradictorias) instrucciones de su propio concejal.

Mientras los empleados pueden respirar aliviados, la ciudadanía observa perpleja cómo los hilos de la administración local parecen moverse, al menos en este caso, de forma autónoma y sin el conocimiento de sus responsables políticos nominales. Una lección de management que el gobierno de A Coruña tendrá que digerir.

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El ‘pelotazo’ del Castrillón: Un convenio urbanístico que privilegia a los grandes fondos y ahoga a un barrio

Firmado por el gobierno de Inés Rey con el apoyo clave del BNG, el polémico acuerdo modifica el PGOM de forma abreviada, beneficiando a grandes tenedores de suelo como Blackstone y la Fundación Juana de Vega, mientras ignora las carencias históricas de movilidad y zonas verdes de la zona

El convenio urbanístico para la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en la zona del Castrillón (API Q28, Parque de Oza) sigue su curso avanzado, con el estudio de impacto medioambiental ya encargado, pero no exento de una profunda polémica que enfrenta al gobierno local con vecinos y pequeños propietarios, quienes denuncian un «pelotazo» que prioriza el beneficio privado sobre el interés general.

El corazón de la controversia radica en la fórmula elegida por el gobierno de la alcaldesa Inés Rey (PSOE), con el apoyo imprescindible del BNG: un procedimiento abreviado que elude el debate y la votación en el pleno municipal, donde se hubiera requerido una mayoría absoluta para una modificación de tal calado. Esta vía rápida ha sido interpretada por la oposición y las asociaciones vecinales como un intento de esquivar el escrutinio público sobre un acuerdo que transformará radicalmente la fisonomía de la ciudad.

Rascacielos frente a infraestructuras olvidadas

La modificación supone un cambio radical en la normativa. Mientras el PGOM de 2013 limitaba las edificaciones a una tipología de bajo + 8 alturas (29,80 metros), el nuevo convenio eleva el listón hasta las 17 plantas (52 metros), permitiendo la construcción de torres que duplican la altura permitida hasta ahora.

Este cambio, que multiplica el aprovechamiento urbanístico y, por tanto, el valor del suelo, beneficiará principalmente a los grandes propietarios de la zona:

  • Aliseda Inmobiliaria, propiedad mayoritaria (51%) del gigantesco fondo de inversión estadounidense Blackstone y en un 49% por el Banco Santander.
  • La Fundación Juana de Vega.
  • El propio Ayuntamiento de A Coruña, que es tenedor de una importante superficie.

Frente a este enorme beneficio para unos pocos, el barrio del Castrillón y sus alrededores se enfrentan a una realidad muy distinta. El convenio estima la llegada de cerca de 4.000 nuevos vecinos, lo que supone una masificación sin precedentes, pero no aporta soluciones reales a los crónicos problemas de movilidad de la zona. De hecho, el plan contempla el corte de la Avenida de la Concordia y la creación de un bulevar en Casanova de Eiris, una medida que, sin alternativas viables de transporte público o vías de circunvalación, según los críticos, «es apostar por el caos».

«El PGOM del 2013 planteaba una red de movilidad coherente con la continuidad de la Avda. de la Concordia, Antonio Ríos, Montes, Órdenes y Avda. Casanova de Eiris. Este convenio rompe esa planificación mientras sigue aumentando la densidad de manera desproporcionada. Es una bomba de relojería para el tráfico», señala un portavoz vecinal.

Además, el aumento del aprovechamiento lucrativo se logra a costa de eliminar zonas verdes previstas, sacrificando espacios de esparcimiento necesarios para una población que crecerá exponencialmente.

La queja de los pequeños propietarios y la lucha vecinal

La crítica no solo viene por la oposición al modelo de ciudad. El convenio establece unas reglas que, en la práctica, crean dos categorías de propietarios. Los pequeños tenedores de solares se encuentran con que, aunque la normativa permita 17 alturas, la realidad económica y la lógica de la promoción les impedirá ejecutar obras de tal envergadura en sus parcelas individuales. Solo las grandes empresas con capacidad de agrupar solares y afrontar macroproyectos podrán aprovechar al máximo esta nueva ordenación, dejando a los pequeños fuera del reparto.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos O Cruceiro ha iniciado una campaña de recogida de firmas para intentar paralizar lo que califican sin tapujos como un «pelotazo urbanístico». Denuncian que el gobierno municipal está hipotecando el futuro de un barrio, colapsando sus infraestructuras y regalando plusvalías a fondos de inversión que poco tienen que ver con el desarrollo armónico de la ciudad, todo ello mediante un procedimiento opaco que silencia el debate democrático.

Mientras el estudio de impacto medioambiental evalúa los efectos de una decisión ya tomada, la sombra de la especulación se cierne sobre el Castrillón, planteando una pregunta incómoda: ¿Para quién se gobierna A Coruña? ¿Para sus vecinos o para los grandes fondos de inversión?

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