El conselleiro de Sanidad, Gómez Caamaño, subraya el cumplimiento de la ley estatal y contrasta el modelo gallego, basado en la libertad de elección y la normalidad asistencial, con las políticas de otras comunidades como Madrid
La política de la Xunta de Galicia en materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) dista mucho de la que baraja la comunidad de Madrid, por propuesta de VOX. Así se desprende de los datos facilitados este martes por el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, en el Pleno del Parlamento gallego, donde destacó la «total normalidad» y el estricto cumplimiento de la legislación vigente que rige esta práctica en la comunidad.
En respuesta a una pregunta parlamentaria, Gómez Caamaño desglosó unas cifras que, a su juicio, reflejan un sistema sanitario público fuerte y garantista. El titular de Sanidad reveló que, en lo que va de 2025, el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en Galicia se han realizado en centros de la red pública. Un porcentaje que consolida la tendencia del año anterior, cuando Galicia se situó como la segunda región española con mayor tasa de IVE en la sanidad pública, con un 77%, solo por detrás de otra comunidad, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad.
«En Galicia abortan 15 mujeres cada día, y más de tres cuartas partes lo hacen en los centros públicos», declaró el conselleiro, recalcando que en la comunidad «no es necesario acudir a la sanidad concertada», aunque se respeta la elección voluntaria de las mujeres que opten por ella. «En los centros públicos de las siete áreas sanitarias se puede interrumpir voluntariamente el embarazo, de acuerdo con lo previsto en la ley estatal», incidió.
Un modelo frente a otro
Las declaraciones del conselleiro trazan una línea divisoria clara con el rumbo que pretende tomar la Comunidad de Madrid, donde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, impulsado por una proposición de VOX, planea restringir el acceso al aborto en los hospitales públicos. Frente a un modelo que podría derivar en una mayor privatización de la prestación, Galicia exhibe un sistema donde la IVE es una prestación ordinaria y accesible dentro de su red hospitalaria.
La objeción de conciencia, «sin problema» de acceso
Respecto al siempre polémico asunto de la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios, Gómez Caamaño aseguró que su ejercicio «no supuso hasta el momento un problema en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Galicia». Explicó que, una vez el Ministerio de Sanidad trasladó los criterios básicos, el Sergas (Servicio Gallego de Salud) se puso a trabajar en el establecimiento del registro de objetores. No obstante, subrayó que la existencia o no de este registro «no afectó ni cambió el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en toda la sanidad pública de Galicia».
Con estos datos sobre la mesa, el conselleiro reiteró el compromiso del Gobierno gallego: «El objetivo de la Xunta es continuar garantizando que todas las mujeres de Galicia que quieran abortar puedan hacerlo de manera libre y donde ellas consideren más oportuno». Un mensaje que reafirma un modelo de prestación pública que se consolida año tras año, en abierto contraste con los vientos de cambio que soplan en otras autonomías.
