El TSXG anuló las sanciones por considerar el procedimiento «falto de imparcialidad» y vulnerar el derecho de defensa. La formación nacionalista exige la depuración de responsabilidades por lo que califica como un «claro caso de prevaricación»
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) llevará al próximo Pleno municipal una moción para que se remitan a la Fiscalía todas las actuaciones del Gobierno local –encabezado por el alcalde y la concejala de Personal– en el expediente sancionador contra un alto funcionario, que fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por ser «contrario a derecho». La formación exige la depuración de responsabilidades en lo que no duda en tildar de «prevaricación administrativa».
La crisis política estalla tras conocerse la sentencia firme del TSXG que da la razón al jefe del Servicio de Obras, quien fue sancionado en un proceso que el tribunal considera viciado desde su origen. Según la resolución judicial, la instrucción del expediente «estuvo orientada desde el inicio a justificar una medida previamente adoptada», evidenciando una «falta de imparcialidad y neutralidad». Además, el tribunal sentencia que se vulneró el derecho de defensa del trabajador al denegarse pruebas sin una motivación suficiente y que se produjo una «errónea tipificación de las faltas».
Conocimiento y responsabilidad política
Uno de los aspectos más graves que subraya el BNG, y que recoge la propia sentencia, es que tanto la concejala de Personal como el alcalde, firmantes de las resoluciones sancionadoras, «estaban informados por la Secretaría Municipal de las irregularidades del expediente». A pesar de estas advertencias técnicas, procedieron a imponer la sanción.
«Os responsables deste desaguisado deben asumir as consecuencias das súas malas prácticas», declararon desde el BNG, que ve necesario «velar polos intereses do Concello e da veciñanza».
Consecuencias para el funcionario y para la ciudadanía
El caso trasciende el perjuicio individual al funcionario, que acabó perdiendo su puesto de trabajo. La ausencia forzosa de este jefe de servicio, de quien dependían áreas cruciales como Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios, «supuxo unha paralización aínda maior» en la actividad municipal.
Esta paralización ha tenido un impacto directo en la vecindad de Culleredo, generando retrasos en trámites y servicios esenciales, y creando, en palabras del BNG, «una sensación de que ni el funcionariado ni la vecindad tienen garantizado un trato justo por el gobierno municipal».
Una moción con historia y una exigencia de rendición de cuentas
La moción no es nueva. Ya fue anunciada en el pleno de octubre, pero fue retirada para dar tiempo a los demás grupos a estudiar el caso. Ahora, a la luz de la contundente sentencia, el BNG la llevará de nuevo a la sesión plenaria con una exigencia clara: que el Ayuntamiento envíe oficialmente el caso a la Fiscalía para que investigue una posible prevaricación y trato discriminatorio.
El coste económico para las arcas municipales, que deberán indemnizar al funcionario, se suma al daño institucional y a la desconfianza generada. El BNG sitúa así la bola en el tejado del gobierno municipal y del resto de grupos, forzando una toma de posición sobre si se debe investigar judicialmente la actuación de sus máximos representantes.
