La modificación presupuestaria tras la renuncia de la FUCC deja a la asociación de La Falperra con menos de la mitad de fondos que al resto, que además deberán justificar gastos de todo el año en un plazo irrisorio
El gobierno local de la alcaldesa Inés Rey se encuentra en el ojo del huracán tras la modificación del anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto para 2025, un cambio que varias asociaciones de comerciantes tachan de «arbitrario», «improvisado» y «excluyente». La polémica estalló tras la renuncia de la Federación Unión de Comercios Coruñesa (FUCC) a gestionar el convenio de 75.000 euros, lo que llevó al Consistorio a repartir directamente el dinero entre diez asociaciones, dejando fuera a algunas y, según denuncian, castigando de forma deliberada a otras, como la Asociación de Vecinos y Comerciantes de La Falperra.
La decisión, aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 22 de octubre, ha roto el modelo de reparto equitativo que regía desde hace años. Bajo el paraguas de la FUCC, cada asociación legalmente constituida recibía al menos 6.000 euros para la dinamización de su barrio, pudiendo ampliarse con los fondos sobrantes. Sin embargo, el nuevo reparto directo del Ayuntamiento presenta disparidades notables: dos asociaciones percibirán 10.000 euros, la mayoría iguala o supera los 6.000, y La Falperra se queda como la única con una asignación de solo 3.500 euros, la mitad de lo que recibía anteriormente.
La Falperra alza la voz: «Es una decisión premeditada»
En un contundente comunicado, la Asociación de La Falperra ha expresado su «indignación» por lo que considera un «ultraje» premeditado. «No ha sido un error, ha sido una decisión premeditada», aseguran, exigiendo explicaciones públicas a la alcaldesa. La asociación, que el año pasado gestionó 7.000 euros (6.000 fijos más 1.000 de remanentes) para actividades comerciales, se pregunta por qué motivos su barrio y sus comerciantes son «castigados» con esta drástica reducción. «No exigimos más que nadie, pero tampoco vamos a permitir que nuestro barrio sea el perjudicado por una decisión municipal injusta», advierten.
Improvisación y plazos imposibles
Más allá de la aparente arbitrariedad en el reparto, el momento de la ejecución supone otro grave problema. Al realizarse la modificación a finales de octubre, las subvenciones no entrarán en vigor, en el mejor de los casos, hasta finales de noviembre. Esto deja a las asociaciones en una situación kafkiana: para acceder a los fondos, deben presentar un proyecto y justificar las actividades de dinamización comercial correspondientes a todo el año 2025.
En la práctica, esto significa que las entidades se enfrentan a un dilema: o renuncian a la subvención o se ven obligadas a iniciar y justificar actividades de forma retroactiva y en un plazo extremadamente corto, lo que, según denuncian, podría generar «graves pérdidas» si incurren en gastos que luego no pueden justificar al pie de la letra por la premura.
Un modelo de consenso roto
La FUCC actuaba hasta ahora como un intermediario y gestor entre el Ayuntamiento y las asociaciones. Una comisión mixta Concello-FUCC aprobaba los proyectos presentados por cada barrio, garantizando cierta objetividad y consenso. Con la desaparición de este filtro, el gobierno de Inés Rey asume en solitario la discrecionalidad del reparto, un poder que, a juzgar por las quejas, ha ejercido sin una justificación clara para la comunidad afectada.
La sombra de la arbitrariedad y la improvisación planea así sobre una partida crucial para la vitalidad de los comercios de barrio. Mientras La Falperra exige una rectificación, el resto de asociaciones se enfrenta a una carrera contra reloj para no perder unos fondos que, por su tardía concesión, parecen más un obstáculo que una ayuda. Las explicaciones del gobierno municipal sobre los criterios de este polémico reparto se antojan más necesarias que nunca.