El portavoz popular carga contra el Gobierno municipal de Inés Rey por las indemnizaciones pagadas con dinero público y advierte de que una nueva sentencia sobre una concesión prorrogada sin límite podría abrir la puerta a más reclamaciones en servicios esenciales
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que solicitará la comparecencia urgente de los concejales de Cultura y Deportes en la Comisión de Transparencia, que se reunirá la próxima semana, para que expliquen su responsabilidad política en una serie de contratos verbales que han obligado al Consistorio a abonar indemnizaciones por un total de 338.455,49 euros.
El portavoz popular, Miguel Lorenzo, hizo el anuncio en rueda de prensa, donde cargó con dureza contra el alcalde, Inés Rey, y su equipo de gobierno. Lorenzo explicó que la convocatoria se realizará en aplicación del artículo 83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROM), y que se centrará en tres expedientes concretos: el Festival Womex 2023 (Cultura), y la Cena del Deporte 2022 y la TallShips 2023 (Deportes).
«Los coruñeses no pueden pagar las ilegalidades del Gobierno»
El núcleo de la crítica popular es el uso de fondos públicos para resarcir a las empresas por una mala gestión administrativa. «No puede ser que si un vecino comete una ilegalidad, pague una multa de su bolsillo y si la comete el Gobierno municipal, también lo paguen los coruñeses de sus bolsillos, 340.000 euros en este caso», afirmó Lorenzo con contundencia.
El portavoz se apoyó en un informe del Consello Consultivo que, según dijo, señala que «no se aclara quiénes dieron las órdenes verbales en estos contratos». «Debemos saberlo para asumir responsabilidades», exigió Lorenzo, insistiendo en la necesidad de «depurar» quiénes dentro del Gobierno municipal dieron la orden de «saltarse la normativa».
La sombra del veto y una nueva sentencia con efectos expansivos
Lorenzo recordó un precedente que genera desconfianza en el grupo opositor: en abril de 2024, la alcaldesa Inés Rey vetó la convocatoria de la Comisión de Transparencia para investigar el caso de los ‘pisitos de Lage’. «Esperemos que no lo repita ahora, porque esta petición de responsabilidades está avalada por el Interventor y el Consello Consultivo», advirtió.
Además, el popular alertó sobre una nueva sentencia del Tribunal Supremo que, a su juicio, agrava la situación. El alto tribunal obliga al Ayuntamiento a indemnizar a una empresa por prorrogar una concesión sin límite temporal hasta que se adjudicase un nuevo contrato, un proceso que se licitó dos años después. Lorenzo advirtió de que esta reclamación «podría repetirse» en otros servicios municipales que llevan años sin contrato y prorrogados indefinidamente, como «bibliotecas, autobuses, instalaciones deportivas o la recogida y tratamiento de basura».
Precisamente, el servicio de recogida de basura fue señalado como un foco de riesgo económico. Lorenzo denunció que, tras aprobar Inés Rey estimar el recurso de la empresa actual, que carece de contrato, se le pagará según el «coste real» del servicio, lo que supondría un sobrecoste de 2 millones de euros anuales según la estimación de la compañía.
«Entre esta sentencia y el pago por coste real de servicios sin contrato, los coruñeses no sabremos lo que nos van a costar los contratos hasta que nos lo diga un tribunal cuando Inés Rey ya no esté», lamentó el portavoz, subrayando que «gobernar no es improvisar, saltarse la ley y luego indemnizar».