Los facultativos exigen que se escuche su voz
Han pasado más de veinte años desde que el personal sanitario español cuenta con un marco legal común: el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003). Aprobado en un momento de consolidación del sistema autonómico, aquel texto pretendía garantizar unas bases homogéneas para todos los profesionales de la sanidad pública. Pero dos décadas después, ese marco se ha quedado corto para describir la realidad actual de los médicos, atrapados entre la sobrecarga asistencial, la pérdida de poder adquisitivo y unas condiciones laborales que no se han adaptado a los nuevos tiempos.
El malestar, larvado durante años, estalló este mes de diciembre con una huelga nacional de facultativos, convocada por los principales sindicatos y asociaciones médicas, entre ellos CESM, Omega, elSMA y la AME. El detonante: el borrador de reforma del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad, un texto que —según las organizaciones profesionales— “ni moderniza las condiciones laborales ni reconoce la especificidad del trabajo médico”.
Un estatuto envejecido para una profesión en crisis
El Estatuto Marco de 2003 reguló las condiciones de trabajo del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud: acceso, jornada, retribuciones, derechos, deberes y régimen disciplinario. Su objetivo era coordinar las reglas del juego en todas las comunidades autónomas. Pero el sistema sanitario de hoy es muy distinto.
Los médicos denuncian que el actual marco legal sigue anclado en una realidad precrisis, preCOVID y previa a la revolución tecnológica, cuando el SNS era más estable y las plantillas gozaban de mejores condiciones. En la práctica, cada comunidad autónoma ha desarrollado sus propias normas y complementos, generando una fragmentación creciente y diferencias salariales que pueden superar los 1.000 euros mensuales por el mismo puesto.
A esta desigualdad se suma una presión asistencial que muchos califican de insostenible: agendas desbordadas, déficit de médicos en atención primaria y hospitales, y una temporalidad que aún ronda el 30 % en algunos servicios.
Por qué los médicos rechazan la propuesta del Ministerio
El Ministerio de Sanidad defiende su borrador como un paso hacia la modernización del empleo público sanitario, pero los médicos lo perciben como un retroceso en derechos y reconocimiento profesional. Las asociaciones y sindicatos aseguran que el texto no aborda las principales reivindicaciones del colectivo y, en algunos casos, elimina avances recogidos en versiones anteriores.
Estas son las principales razones del desacuerdo:
- Falta de reconocimiento específico.
Los médicos reclaman un Estatuto propio o un capítulo diferenciado que refleje la singularidad de su trabajo: responsabilidad asistencial, formación MIR, atención continuada y carga emocional. El Ministerio rechaza esa posibilidad, argumentando que rompería la cohesión del sistema.
- Guardias obligatorias y mal retribuidas.
Exigen que las guardias sean voluntarias, mejor pagadas y computables para la jubilación. El borrador mantiene su carácter obligatorio y deja su retribución al criterio autonómico, suprimiendo además una cláusula que garantizaba que la hora de guardia no fuera inferior al valor de la hora ordinaria.
- Recorte en derechos laborales.
Los sindicatos denuncian la eliminación del descanso de 36 horas tras las guardias y una mayor flexibilidad en los límites de jornada, lo que podría perpetuar turnos de 24 horas encadenadas.
- Clasificación profesional confusa.
La nueva estructura de categorías propuesta diluye la especificidad facultativa y puede dar lugar a equiparaciones inadecuadas con otros grupos profesionales.
- Proceso de negociación opaco.
El sector médico acusa al Ministerio de haber presentado el texto sin un verdadero diálogo, con plazos breves y escasa transparencia. Incluso algunas comunidades autónomas han manifestado su descontento con la falta de consenso.
- Reivindicación económica de fondo.
El conflicto tiene también un trasfondo salarial.
- Los médicos piden equiparación retributiva entre comunidades y complementos homogéneos.
- Requieren actualizar los salarios base, congelados durante años, y reconocer la carrera profesional en todo el territorio.
- Exigen que las guardias coticen íntegramente y se tengan en cuenta para la pensión.
Una huelga que trasciende lo laboral
La huelga médica de diciembre no se limita a una disputa sobre horarios o nóminas. Para muchos profesionales, es una cuestión de dignidad y sostenibilidad del sistema público. Durante la pandemia, España aplaudió a sus sanitarios desde los balcones; cinco años después, muchos sienten que la administración no ha respondido con hechos: plantillas envejecidas, salarios estancados y un estatuto laboral que apenas ha cambiado desde 2003.
El conflicto entre el Ministerio y los sindicatos médicos refleja una ausencia de pacto de Estado por los profesionales sanitarios, que garantice estabilidad, equidad y reconocimiento. Mientras tanto, el reloj avanza hacia diciembre y el pulso se perfila como el más relevante del sector sanitario en los últimos años.
La pelota está en el tejado del Ministerio
El futuro inmediato del sistema sanitario depende de cómo se gestione este conflicto.La pelota está, literalmente, en el tejado del Ministerio de Sanidad, que tiene en su mano evitar la huelga y responder a unas reivindicaciones justas y largamente postergadas.
Los médicos soportan una presión asistencial creciente, plantillas envejecidas y jornadas que los alejan cada año más de sus homólogos europeos. Esa brecha salarial y de reconocimiento impulsa una fuga constante de talento, especialmente entre los facultativos jóvenes, que encuentran fuera mejores condiciones y estabilidad.
Mientras tanto, las jubilaciones avanzan y los relevos no llegan. El sistema se tensiona, los servicios se resienten y la motivación de los profesionales se erosiona.
El mensaje del colectivo médico es claro: o se actualiza el Estatuto Marco y se reconocen sus condiciones de trabajo, o el sistema sanitario seguirá perdiendo a quienes lo sostienen.
El Gobierno aún tiene margen para reaccionar, pero el tiempo corre. Si no lo hace, diciembre no será solo el mes de una huelga: será el símbolo de un sistema que agotó la paciencia de sus profesionales.
El anuncio de paro del próximomes de eneroes una llamada de atención, pero también una oportunidad: reformar el Estatuto no es un capricho corporativo, sino una condición indispensable para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública española.
Un personal motivado, reconocido y adecuadamente regulado es el pilar de cualquier servicio público eficaz. Si el Estado y las comunidades no lo entienden, la crisis laboral se convertirá en una crisis estructural del sistema nacional de salud.