El organismo autonómico requiere al Ayuntamiento un informe en un plazo de quince días tras constatar la «inacción» del ejecutivo local en materia de personal y derechos sindicales
El conflicto latente entre los trabajadores municipales y el gobierno local de Sada, presidido por el sr. Portela, ha dado un salto institucional de primer nivel. La Valedora do Pobo ha comunicado oficialmente a la Junta de Personal del Ayuntamiento la admisión a trámite de la queja presentada el pasado 20 de febrero, al considerar que la solicitud de amparo «tiene cobertura legal».
La decisión de la institución que vela por los derechos de la ciudadanía ante la administración supone un serio revés para el ejecutivo local. En su escrito, la Valedora requiere al Concello de Sada la emisión de un informe preceptivo en el plazo improrrogable de quince días. El organismo autonómico exige al gobierno local que justifique su postura o detalle las actuaciones realizadas ante las reiteradas peticiones de los representantes de los trabajadores, que han sido sistemáticamente ignoradas.
Una queja unánime de los sindicatos
El conflicto, lejos de ser una disputa menor, evidencia una parálisis en la gestión de recursos humanos que, según denuncian los sindicatos, lastra el funcionamiento del consistorio. La Junta de Personal, que aglutina a todas las fuerzas sindicales presentes en la Mesa General de Negociación, decidió acudir a la Valedora ante la falta de respuesta del gobierno del sr. Portela a una petición formal realizada en junio de 2025 para la aprobación de una carrera profesional para el personal funcionario.
Según explican los representantes de los trabajadores, la solicitud de la carrera profesional, un derecho reconocido al personal de las administraciones públicas, es solo «el último ejemplo del inmovilismo del gobierno local». La falta de diálogo se extiende a otras demandas cruciales presentadas tanto de forma colectiva como individual por los sindicatos, como:
- La aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada que sustituya a la actual, considerada por los sindicatos como «obsoleta» e inadecuada para las necesidades del Concello.
- La convocatoria de un concurso de traslados que permita la movilidad del personal y la cobertura eficiente de plazas.
- La falta de respuesta a solicitudes básicas de información y documentación por parte de los representantes de los trabajadores, un derecho fundamental para el ejercicio de la labor sindical.
- La cobertura de plazas vacantes, cuya falta de personal llega al 50% en algunos departamentos, colapsando servicios y sobrecargando a la plantilla actual.
«Vulneración de derechos fundamentales»
Fuentes de la Junta de Personal han mostrado su satisfacción por la admisión a trámite de la queja, al tiempo que han querido subrayar la gravedad de la situación. «La Valedora no admite cualquier queja. El hecho de que haya visto cobertura legal en nuestra petición confirma que el gobierno de Portela no solo está siendo ineficaz, sino que está vulnerando derechos fundamentales de sus propios trabajadores», han señalado.
«La negativa a negociar la carrera profesional es un claro ejemplo, pero el problema es de fondo. Se está vulnerando de forma reiterada la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva», añadieron, recordando que el silencio administrativo ante las peticiones de información y la negativa a abordar la mejora de las condiciones laborales crean un clima de «frustración y abandono» en la plantilla.
Un plazo de 15 días para dar explicaciones
Ahora, el gobierno local tiene un plazo de quince días para remitir a la Valedora do Pobo toda la documentación y los informes que justifiquen su gestión o, en su defecto, para detallar las medidas que piensa adoptar para resolver la situación. El incumplimiento de este requerimiento o la falta de una respuesta satisfactoria podría llevar a la Valedora a formular una resolución en la que se inste formalmente al Ayuntamiento a cambiar su proceder, dando lugar a un nuevo capítulo de presión institucional sobre el ejecutivo de Portela.
De momento, el gobierno local no ha emitido una valoración oficial sobre la admisión de la queja por parte de la Valedora do Pobo, aunque se espera que en los próximos días ofrezca una postura sobre este asunto que pone en el foco su política de personal.