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Crónica de una chapuza legislativa con Pepe Gotera y Otilio en el Ayuntamiento de A Coruña
El pasado 20 de marzo de 2026 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Seis días después —sí, ha leído bien, seis días después—, el gobierno local de Inés Rey dejó sin efecto su entrada en vigor. ¿El motivo? Que «se dieron cuenta» de que había una alegación que deberían haber atendido.
Permítanme que lo repita para que no quepa duda: la ordenanza ya había pasado por el periodo de alegaciones. Esas alegaciones ya fueron resueltas. Ya se aprobó definitivamente. Ya se publicó en el BOP. Pero ahora, de repente, descubren que había una alegación «que deberían de atender». ¿Cómo es posible que una alegación aparezca después de que el procedimiento haya concluido? Pues no es posible, a menos que alguien haya hecho mal su trabajo, alguien haya escondido el expediente o, la opción más plausible, la tramitación haya sido una chapuza de principio a fin.
Habría que avisar a los estudios de animación. Pepe Gotera y Otilio, aquellos entrañables chapuzas de la televisión de nuestra infancia, han encontrado nuevo empleo. No andan ya reparando tuberías con silicona y parche, sino que han sido contratados por el gobierno local de Inés Rey para encargarse de la parte legislativa del Ayuntamiento de A Coruña. Porque lo que está haciendo el ejecutivo municipal con las ordenanzas no es otra cosa que un ejercicio de bricomanía normativa donde las piezas no encajan, los manuales de instrucciones se tiran a la basura y, cuando algo truena, la solución es desmontar media casa.
Aprobación definitiva: esa gran desconocida en María Pita
Quizás convenga recordar, para quienes gobiernan A Coruña, qué significa «aprobación definitiva». Porque parece que hay confusión en la planta noble de María Pita. Vamos a explicarlo, aunque parezca que estamos dando una clase de Derecho Administrativo a niños de primaria:
Aprobación definitiva es el paso final del procedimiento de elaboración de una ordenanza. Significa que ya hubo un periodo de exposición pública. Significa que ya se presentaron alegaciones. Significa que ya se resolvieron esas alegaciones. Significa que ya se llevó a pleno. Significa que la norma ya ha superado todos los filtros. Significa que es firme. Significa que está lista para entrar en vigor. Significa, en definitiva, que el proceso ya terminó.
Pero, por lo visto, en el gobierno local de Inés Rey no están al día de esta cuestión tan básica. Porque si lo estuvieran, sabrían que una vez publicada la aprobación definitiva en el BOP, no se puede dejar sin efecto la entrada en vigor porque a alguien se le haya olvidado una alegación. Eso no es gestión, es improvisación. Eso no es rigor, es desgobierno. Eso no es respeto a la autonomía local, es tomar el pelo a la ciudadanía.
La movilidad sostenible: entre el desconocimiento y el engaño
Pero el SAF no es un caso aislado. Es la última pieza de un mosaico que empieza a ser demasiado evidente. Porque mientras tanto, en otras áreas del gobierno local, la alcaldesa sigue haciendo declaraciones que invitan a la reflexión.
Corría septiembre de 2025 cuando el Ayuntamiento aprobó, con bombo y platillo, la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Seis meses después, hoy 26 de marzo de 2026, resulta que la alcaldesa «desconoce» o, en el mejor de los casos, «engaña» sobre su contenido. ¿Cómo es posible que quien preside la corporación municipal no esté al día de una norma que su propio gobierno impulsó? Solo caben dos explicaciones: o no se ha leído la ordenanza (lo que sería grave, tratándose de la máxima responsable) o la ha leído y decide mirar hacia otro lado mientras se incumple (lo que sería, directamente, una irresponsabilidad política de primer orden).
Pero lo realmente llamativo es que la propia alcaldesa, en sus declaraciones a una emisora local, reconoce que el gobierno local no cumple sus propias normas. Palabras mayores. Porque no estamos hablando de un retraso administrativo menor o de una interpretación discutible. Estamos hablando de que el máximo órgano de gobierno de la ciudad admite públicamente que las normas que él mismo se ha dado no se aplican. Si esto no es un síntoma de desgobierno, que bajen los bomberos y nos expliquen qué es.
Las ordenanzas: esas desconocidas normas de «máximo rango»
Y es que la alcaldesa, en sus últimas declaraciones, nos ha regalado una perla que merece ser enmarcada en oro y colgada en el salón de plenos para la posteridad: ha reconocido, con una naturalidad pasmosa, el incumplimiento de normas de máximo rango. Pero no de cualquier norma, ojo, sino de las ordenanzas municipales. Sí, esas que según la Ley de Bases de Régimen Local constituyen la cúspide del ordenamiento jurídico dentro del término municipal.
Porque las ordenanzas municipales son, dentro del ámbito municipal, las normas de máximo rango. No son leyes, ciertamente, pero dentro del municipio no hay ninguna otra disposición general que esté por encima. Así lo establece la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y así lo ha reiterado hasta la saciedad la jurisprudencia. Son la expresión de la autonomía local reconocida en la Constitución. Son el vehículo a través del cual el Ayuntamiento regula los servicios públicos, los tributos, la convivencia, el urbanismo. Y tienen un procedimiento de aprobación que no es caprichoso, sino que está tasado al milímetro precisamente para evitar que un gobierno de turno las apruebe, las derogue o las deje sin efecto según le convenga.
Están por encima de cualquier decreto, bando o resolución de Alcaldía. Son, en su santa ignorancia o soberbia administrativa, tratadas por el gobierno local como si fueran meros post-it que se pegan y despegan según sople el viento.
Cuando una ordenanza se aprueba definitivamente, es que ya está. Ya no se puede «dejar sin efecto» porque a alguien se le olvidó una alegación.
Un patrón que se repite: las «chapuzas» como seña de identidad
Lo del SAF no es un caso aislado. Es la última pieza de un mosaico que empieza a ser demasiado evidente. La alcaldesa reconoce incumplimientos en movilidad sostenible. La ordenanza del SAF se aprueba y se retira en menos de una semana. Los procedimientos se saltan, las alegaciones se pierden, los plazos se ignoran.
Si esto fuera una empresa privada, la junta directiva ya habría pedido la dimisión del equipo gestor. Si esto fuera una obra, los aparejadores ya habrían denunciado los vicios ocultos. Pero esto es un Ayuntamiento, y los ayuntamientos, al menos en teoría, son la administración más cercana al ciudadano, la que debería dar ejemplo de eficacia y transparencia.
Lo que A Coruña está presenciando es justo lo contrario: un gobierno local que trata sus propias normas como si fueran papel de fumar, que las aprueba sin saber lo que aprueba, que las retira cuando se da cuenta de sus propios errores, y que encima lo reconoce con una desfachatez que solo puede explicarse por un profundo desconocimiento de lo que significa gobernar con un mínimo de rigor.
Cuando la chapuza se institucionaliza
Alguien debería colocar en la puerta del Ayuntamiento un cartel que diga: «Aquí se hacen las cosas mal, pero rápido, para poder deshacerlas después». Porque lo del SAF no es un error menor. Es la evidencia de que el procedimiento administrativo, con todas sus garantías, se ha convertido en un obstáculo molesto que el gobierno local sortea como puede, y cuando no puede, simplemente lo ignora.
Las ordenanzas no son caprichos. Son la columna vertebral de la autonomía municipal. Son el pacto básico entre el Ayuntamiento y los ciudadanos. Son, en definitiva, la ley en la ciudad. Si un gobierno las trata con esa ligereza, no está demostrando agilidad: está demostrando incompetencia. Y si encima presume de ello en los medios, lo que está demostrando es desvergüenza.
A Coruña merece un gobierno que se tome en serio sus propias normas. Que sepa qué es una aprobación definitiva antes de publicarla en el BOP. Que no tenga que rectificar seis días después porque «se dio cuenta» de que había hecho mal los deberes. Que no reconozca en público que incumple sus propias ordenanzas como si fuera lo más natural del mundo.
Pero mientras tanto, mientras la alcaldesa y sus concejales sigan confundiendo la gestión municipal con un programa de bricolaje donde todo se arregla con celo y alambre, habrá que seguir informando, seguir explicando, seguir recordando lo que es obvio para cualquier estudiante de primero de Derecho: las ordenanzas son normas, no borradores. Y gobernar es cumplirlas, no retirarlas a los seis días porque a alguien se le olvidó una alegación.
Porque, señora alcaldesa, la ciudad no es un tajo. Y sus habitantes no están para aguantar chapuzas.