El gobierno local de Inés Rey ha lanzado una potente campaña publicitaria en la que se presenta como el gran defensor de la vivienda en la ciudad. Sin embargo, la realidad de los hechos dibuja un panorama muy distinto. Mientras el discurso oficial se llena de autobombo, los principales proyectos de vivienda pública se ejecutan con retrasos, sobrecostes y, en el caso más reciente y paradigmático, se ha consumado una contradicción flagrante: las viviendas que iban a aliviar el mercado de alquiler han sido retiradas de ese uso para entregarlas a entidades sociales. Un desvío de último minuto que levanta más sombras que luces sobre la verdadera voluntad política del gobierno local y que evidencia que estamos ante un caso claro de «marketing social» vacío de contenido.
50 VIVIENDAS EN XUXÁN: UNA SENTENCIA QUE LLEGA TARDE
Como principal estandarte de su política, el gobierno local exhibe la construcción de 50 viviendas de alquiler social en la parcela Z-37 de Xuxán . Una inversión de 10,2 millones de euros que se presenta como un gran logro. Pero la letra pequeña es demoledora: estas viviendas no son fruto de la iniciativa ni del afán del actual equipo de gobierno. Tienen su origen en una sentencia judicial del año 2019 derivada del convenio del Conde de Fenosa . Es decir, se está cumpliendo una obligación legal que se demoró durante años y que, para más inri, ni siquiera estará lista para entregar hasta finales de 2027, lo que sitúa la gestación de este proyecto en un periodo de casi una década desde el fallo judicial .
MARQUÉS DE PONTEJOS: LLEGA TARDE, CON SOBRECOSTE Y YA NO SERÁ VIVIENDA
Si el caso de Xuxán es cuestionable, el de las viviendas en Marqués de Pontejos es directamente un jarro de agua fría para quienes esperan una solución habitacional. Este proyecto, iniciado en el mandato de la Marea Atlántica, ya con un importante sobrecoste y una demora inasumible. Mientras los discursos oficiales hablan de agilizar y construir, la obra en este edificio se ha alargado durante tres años en lugar del año previsto inicialmente . Pero lo más grave es la decisión final. Una vez finalizada la obra, el gobierno municipal ha decidido cambiar el uso previsto para estas viviendas, retirándolas del mercado de alquiler público .
La solución de emergencia para la crisis de vivienda que el propio gobierno reconoce como el principal problema de la ciudad, y que según varias encuestas es lo que preocupa a los coruñeses , se ha transformado en un proyecto social para entidades. En una visita institucional, la alcaldesa, acompañada por la concejala Nereida Canosa, ha anunciado que las cinco viviendas del número 15 de la calle Marqués de Pontejos se destinarán a proyectos diferentes, en colaboración con entidades locales.
LA GRAN PREGUNTA: ¿Y LA VIVIENDA PARA QUIÉN LA NECESITA?
Nadie discute la loable labor de estas entidades ni la necesidad de apoyar a los colectivos más vulnerables. Es más, el consistorio anuncia que los bajos del edificio se destinarán a empleo inclusivo y economía social , algo que sin duda merece un aplauso. Pero lo que genera una profunda contradicción es que este edificio fue concebido, financiado y ejecutado como vivienda pública, y ahora se desvía de ese fin. El argumento de que las entidades «necesitan locales para su uso» es un flaco favor a la política de vivienda, porque el Ayuntamiento debería buscar esos locales en otros espacios, no canibalizar un proyecto residencial que es más necesario que nunca.
Además, la opacidad en el proceso no hace sino aumentar la desconfianza. Aunque la alcaldesa ha presentado la propuesta, aún no se ha concretado el uso final de las viviendas, ni el papel que jugarán las entidades más allá de una reunión informativa. La ciudadanía se pregunta cómo se ha tomado una decisión tan relevante sin un debate público exhaustivo. El cambio de uso se antoja como una decisión política arbitraria que desvirtúa la inversión municipal y reduce la oferta de un bien tan escaso como es la vivienda pública en alquiler.
UNA CAMPAÑA QUE SE DIBUJA SOLA
El gobierno local no deja de repetir que la vivienda es su prioridad, y que proyectos como estos demuestran su compromiso. Sin embargo, la evidencia empírica es tozuda. Las actuaciones llegan tarde y por imperativo legal (Xuxán), y las que podían haber sido un ejemplo de agilidad se convierten en un gesto simbólico que reduce, en lugar de aumentar, el parque de vivienda en alquiler (Marqués de Pontejos) . La contradicción es evidente: se gasta dinero público en una campaña para venderse como el salvador de la vivienda, mientras se toman decisiones que restan recursos precisamente para el fin que se pregona.
A Coruña necesita menos marketing y más hechos. Necesita vivienda, no gestos que, aunque loables, no resuelven el problema estructural. Cambiar el destino de las viviendas de Marqués de Pontejos es una decisión política que será recordada como el momento en que el Ayuntamiento, con su propio puño y letra, confirmó que su discurso no va en serio.