El recurso de Sumar obliga a paralizar la principal licitación social del Ayuntamiento, que se suma a otros problemas de contratación y debería encender todas las alarmas ante unas bases que amplían cargas de trabajo sin garantizar derechos
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL) ha dado un revés al Gobierno local de Inés Rey al admitir la medida cautelar solicitada por Movimiento Sumar Galicia, suspendiendo cautelarmente la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). El contrato, con un valor de 24,5 millones de euros, queda ahora en suspenso mientras el tribunal analiza el fondo del recurso, que denuncia graves deficiencias en los pliegos que podrían vulnerar los derechos laborales de las trabajadoras.
La decisión del TACGAL, adoptada por unanimidad, no implica una estimación definitiva del recurso, pero sí evidencia que existen indicios suficientes de irregularidades como para paralizar un procedimiento que el Gobierno municipal presentó como un avance en materia social. La resolución subraya la necesidad de corregir posibles infracciones de procedimiento y evitar perjuicios a los intereses afectados, dejando en entredicho la estrategia del ejecutivo local.
El conflicto surge por los nuevos pliegos, que introducen funciones ampliadas para las profesionales del SAF, como limpiezas extraordinarias, limpieza de cristales, pequeñas reparaciones domésticas o sustitución de lámparas, sin una delimitación precisa ni la inclusión de mejoras salariales concretas. La portavoz de Sumar y trabajadora del servicio, Trinidad Palacios, denunció que estas nuevas tareas convierten a las empleadas en «profesionales multiservicio» sin las garantías laborales ni de prevención de riesgos necesarias. «No se puede anunciar una mejora de las condiciones laborales mientras se introducen funciones más amplias, nuevas obligaciones y mecanismos de control sin garantías suficientes», afirmó Palacios, quien también criticó el sistema de geolocalización como mecanismo de control.
Esta paralización se suma a otros problemas en el servicio de contratación del Ayuntamiento de A Coruña y debería hacer saltar las alarmas. El SAF es una de las principales patas del sistema de atención a la dependencia y, como se está viendo en otros concellos gallegos como Santiago, su gestión y financiación son una fuente constante de tensión. El estudio de la Universidad de Santiago para la Fegamp ya advirtió de la disparidad en la gestión del servicio y del incremento significativo de costos que supondrá la aplicación de la nueva normativa estatal, lo que podría agravar aún más la situación.
La resolución del TACGAL es un golpe a la estrategia del Gobierno local de Inés Rey, que prometió mejoras sociales pero cuyos pliegos generan ahora una paralización judicial. Más allá del resultado final del recurso, la medida cautelar evidencia la necesidad de revisar con urgencia unos pliegos que, lejos de dignificar una profesión esencial, podrían cargar de más responsabilidades a las trabajadoras sin la correspondiente compensación. El Ayuntamiento deberá ahora esperar la resolución definitiva del tribunal mientras el servicio permanece en suspenso, una situación que perjudica tanto a las profesionales como a las personas usuarias que dependen de este servicio esencial.