El Ayuntamiento presume de transparencia mientras expulsa sistemáticamente a las empresas locales de sus propios contratos. De las escuelas infantiles al alcantarillado, el patrón se repite: gana quien no es de aquí.
Cuando un proveedor de Santa Comba se adjudica un contrato de algo más de tres mil euros para la compra de material bibliotecario del Ayuntamiento de A Coruña, cuando una empresa de Bilbao se lleva otro lote de 1.239,60 euros de la misma compra, cuando una firma de Vigo arrebata a una empresa local el contrato de mantenimiento del alcantarillado que venía prestando servicio durante décadas — todos estos casos aparentemente menores, sumados, apuntan a un problema sistémico: el Ayuntamiento de A Coruña está utilizando un mecanismo de contratación formalmente conforme a la ley pero sustancialmente sesgado hacia los licitadores externos, expulsando a las empresas locales del mercado público de su propia ciudad.
El desequilibrio estructural bajo la apariencia de «libre competencia»
Desde el punto de vista procedimental, todas las operaciones del Ayuntamiento parecen irreprochables. Licitación pública, evaluación combinada de oferta técnica y económica, publicación de resultados — cada paso cumple con la Ley de Contratos del Sector Público. La cuestión no es si se respetan las normas, sino quién tiene capacidad para ganar de forma sostenida bajo las reglas que se establecen.
El caso de la compra bibliotecaria es especialmente llamativo: algo más de tres mil euros en libros, adjudicados a una empresa de Santo Comba; otro lote de 1.239,60 euros que viaja hasta Bilbao. Este tipo de contratos menores debería ser el terreno natural de las pequeñas y medianas empresas locales — distancia geográfica corta, costes logísticos reducidos, capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, la realidad es que los libreros locales también pierden en estas microlicitaciones.
Aún más paradójico resulta que los contratos de mayor volumen y que más requieren conocimiento local y compromiso a largo plazo también se externalizan sistemáticamente. El mantenimiento del alcantarillado — un trabajo que exige conocer el trazado subterráneo de la ciudad y haber construido una relación de confianza con la comunidad a lo largo del tiempo — pasa a manos de una empresa viguesa, desplazando a la compañía local que lo venía prestando durante décadas.
La crisis de las escuelas infantiles: cuando la «optimización de costes» choca con la «calidad educativa»
La adjudicación de cuatro escuelas infantiles municipales a empresas multiservicios foráneas traslada esta discusión desde los datos económicos abstractos a un terreno de realidad incontestable.
Los afectados no son solo las cooperativas locales reemplazadas, sino también cientos de familias en su día a día. De las ocho escuelas infantiles municipales, seis pasaron a manos de Sararte, Enequip (del grupo ACS de Florentino Pérez) y Grupo Atención a Dependientes. El rasgo común de estas empresas: su sede no está en A Coruña y su actividad principal son los «multiservicios», no la educación especializada.
Las preocupaciones de las familias son concretas y urgentes. Se preguntan: ¿cómo puede una empresa dedicada a los «servicios integrales» superar realmente a las cooperativas formadas por educadoras locales en dimensiones como «el conocimiento de la comunidad», «la promoción del gallego» y «la comprensión del perfil de las usuarias»? Estas cooperativas venían gestionando estos centros durante años, acumulando un conocimiento profundo de las necesidades de su entorno.
Lo que más inquieta a las familias es el propio procedimiento. El gobierno municipal no cerró la licitación hasta agosto — a menos de un mes del inicio del curso —, sin apenas margen para la adaptación y la transición. Aunque el Ayuntamiento prometió la «subrogación del personal existente», los padres temen que el personal auxiliar — contratado por las cooperativas actuales por encima de la plantilla mínima exigida — pueda perder su puesto bajo el nuevo marco contractual. Una etapa que requiere estabilidad, continuidad y vínculo afectivo — la educación infantil de 0 a 3 años — queda precisamente expuesta a la mayor incertidumbre.
Desventaja estructural: una ciudad sin sedes corporativas
Para entender por qué las empresas locales pierden terreno, hay que salir de la perspectiva del contrato individual y examinar la fragilidad estructural de A Coruña como base empresarial.
En el ranking de empresas de la provincia de A Coruña, la primera compañía con sede en la ciudad — Vego Supermercados — ocupa solo el octavo puesto. Un gran número de empresas opta por establecer su sede en Arteixo, siendo Inditex y las firmas de su grupo el ejemplo más visible. En Betanzos se concentran Gadisa y Abanca.
Esto significa que, en comparación con otras ciudades, el número de grandes empresas surgidas del propio tejido coruñés es ya de por sí limitado. Cuando el Ayuntamiento licita contratos técnicamente complejos, que exigen sistemas de software específicos o capacidad de prestación de multiservicios a gran escala, los competidores locales que pueden cumplir los requisitos son muy pocos. Y las exigencias técnicas invocadas por la administración — como la «compatibilidad de software» — se convierten objetivamente en una barrera natural para las grandes empresas foráneas.
Daño colateral: cuando «quien escribe las reglas» también es «de fuera»
El caso que mejor ilustra la gravedad del problema es, quizás, este contrato: el Ayuntamiento externalizó la redacción de los pliegos del contrato de «recogida de residuos urbanos y otros servicios complementarios».
El valor de este contrato — unos 123.000 euros — no reside en la cantidad en sí, sino en que determina los umbrales de acceso, los criterios de puntuación y la definición de necesidades del posterior contrato multimillonario de recogida de basuras. Y quien asume este trabajo es una ingeniería consultora de Madrid.
Lógicamente, esto constituye un círculo inquietante: una consultora externa fija las reglas del juego para el contrato gigante posterior, y «suele compartir sede con las empresas que después pujarán por el mismo servicio». Las empresas locales no han entrado aún en el terreno de juego cuando la cancha ya ha sido rediseñada según las preferencias de los jugadores externos.
Más allá del discurso del libre mercado
«¿No es esto simple competencia libre?» — la pregunta merece una respuesta directa. La premisa de la libre competencia es una línea de salida equitativa. Cuando los contratos públicos de una ciudad fluyen de manera continua y sistemática hacia empresas externas, y las empresas locales no logran adjudicarse ni siquiera los contratos en los que tienen la ventaja más evidente — menores costes de información, proximidad geográfica —, el problema ya no es la competencia, sino un defecto de diseño en las propias reglas de la competencia.
La pregunta más de fondo es: ¿cuál es la finalidad de la contratación pública? Si se reduce a «obtener el servicio al precio más bajo», entonces cualquier servicio municipal puede acabar siendo monopolizado por grandes corporaciones nacionales. Pero la contratación pública — especialmente cuando afecta a la educación, el mantenimiento comunitario y la gestión del espacio público — también cumple funciones implícitas: nutrir el ecosistema económico local, mantener la estabilidad comunitaria y garantizar la continuidad del servicio. Cuando estas funciones quedan aplastadas por la lógica única de la «eficiencia», la ciudad pierde mucho más que unos cuantos contratos empresariales.
Reconstruir la equidad dentro de las reglas
El cambio no es imposible ni exige recurrir al proteccionismo local. Un gobierno municipal puede adoptar una serie de medidas dentro del marco legal vigente: ponderar razonablemente en los criterios de puntuación la «experiencia de servicio local» y los «planes de integración comunitaria»; establecer cláusulas de reserva o subcontratación más favorables a las pymes locales en los contratos menores; garantizar la participación de los actores locales en la fase de redacción de los grandes contratos; y — lo más básico — respetar la continuidad del servicio y el derecho a la información de los colectivos afectados en la programación temporal de las licitaciones.