El decreto que reparte los fondos para zonas tensionadas sigue en tramitación, pero A Coruña y Santiago ya reclaman su gestión directa pese a ejecutar solo una fracción mínima de sus propios recursos en vivienda
Hay una paradoja que atraviesa el conflicto institucional entre el Ministerio de Vivienda, la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de A Coruña y Santiago: todos discuten sobre el destino de 5.112.304 euros que, a día de hoy, no existen como dinero transferible. El real decreto que debe regular su concesión sigue siendo un proyecto normativo en tramitación, sin número oficial, pendiente de resolver las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia pública que concluyó el 11 de septiembre de 2026. El Ministerio aún debe redactar el texto final, elevarlo al Consejo de Ministros y publicarlo en el BOE. Solo después, la transferencia a la Xunta deberá producirse en un plazo máximo de cinco meses.
Mientras tanto, las alcaldesas de A Coruña y Santiago, Inés Rey y Goretti Sanmartín, exigen que el dinero se transfiera directamente a los ayuntamientos. El PSdeG ha registrado iniciativas parlamentarias acusando a la Xunta de «apropiación indebida», y el BNG habla abiertamente de «boicot». La Xunta, por su parte, se compromete a destinar los fondos a vivienda pública en ambas ciudades si finalmente los recibe.
Un decreto que nace condicionado
El proyecto de real decreto —previsto en el artículo 18.5 de la Ley por el Derecho a la Vivienda— articula subvenciones directas por 90 millones de euros destinadas exclusivamente a comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. El reparto es profundamente desigual: Cataluña recibirá 59,7 millones (el 66% del total), País Vasco 15,5 millones, Navarra 6,6 millones, Galicia 5,1 millones y Asturias 2,9 millones.
El criterio de distribución combina población residente en zonas tensionadas (80% de peso) y porcentaje de hogares que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler (20%). En el caso gallego, las únicas zonas tensionadas declaradas son A Coruña y Santiago, con 352.119 personas afectadas y un 6,81% de hogares en sobreesfuerzo. La cifra, repartida entre ambos municipios, supone apenas 14,5 euros por habitante.
El destino de los fondos está tasado. Podrán financiar incremento del parque público de vivienda, rehabilitación para alquiler asequible, adquisición de suelo, urbanización o compra directa de vivienda por las administraciones. No es, en ningún caso, una transferencia genérica para política autonómica de vivienda. El propio Ministerio ha enviado una carta a la Xunta para subrayar que la vinculación a A Coruña y Santiago «no es accesoria», y que sin esas declaraciones no existiría base jurídica para la financiación.
El precedente coruñés: 1.829.015,55 euros que no ejecutó en rehabilitación
La exigencia de control sobre el destino final del dinero no es un formalismo. El historial reciente del Ayuntamiento de A Coruña ilustra por qué la transferencia sin mecanismos de fiscalización es un riesgo.
En 2025, el consistorio tenía presupuestados 1.920.855,45 euros para subvenciones de rehabilitación de viviendas. A lo largo del ejercicio aplicó un modificativo de crédito negativo de -1.109.685,76 euros. Y a mayores: dejó sin ejecutar 719.329,79 euros. Solo destinó efectivamente a subvenciones de rehabilitación 91.839,90 euros, aproximadamente el 5% del presupuesto inicial.
Otras fuentes elevan la cifra global del área de rehabilitación a 8,3 millones de euros consignados en 2025, de los cuales solo se ejecutaron 155.000 euros —en torno al 2%—, con el capítulo de ascensores dotado con 1,17 millones y ejecución cero.
Si la Xunta transfiriera los 5,1 millones directamente a los ayuntamientos sin capacidad normativa para intervenir y controlar el destino, el dinero quedaría sujeto a la discrecionalidad presupuestaria municipal. Los fondos no ejecutados engrosarían el remanente de tesorería y podrían terminar financiando cualquier otra partida. El decreto, concebido como subvención finalista para zonas tensionadas, perdería su razón de ser.
El laberinto competencial
El marco legal añade complejidad. Las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en vivienda, y el decreto las designa como beneficiarias directas. Si la Xunta decidiera transferir el dinero a los ayuntamientos en lugar de ejecutarlo directamente, necesitaría articular un mecanismo legal que le permitiera controlar e intervenir el fin de esos fondos en el ámbito municipal. Sin esa habilitación normativa, la transferencia equivaldría a una entrega de recursos sin trazabilidad.
Pero la lógica también advierte del riesgo. El decreto establece que las comunidades deben justificar la utilización del dinero mediante memorias de actuación y económicas. Si el dinero salta a los ayuntamientos sin ese paraguas de control, la rendición de cuentas se difumina.
La propia exposición de motivos del proyecto sitúa a la comunidad autónoma como pieza central del sistema: es ella la que declara la zona tensionada, la que solicita la financiación y la que responde ante el Ministerio de la ejecución. Los ayuntamientos, en este esquema, son colaboradores necesarios en la identificación de actuaciones, pero no titulares del derecho a la subvención. Pretender lo contrario exige reformar el decreto antes de que exista, no después.
Un reparto que genera agravios
Mientras Galicia discute internamente, Andalucía ha anunciado alegaciones formales contra el reparto. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha calificado el criterio de «ideológico» y reclama que los fondos se distribuyan atendiendo a indicadores objetivos de necesidad residencial, no a la declaración formal de zona tensionada. Andalucía, que no ha activado esta figura, recibe cero euros de los 90 millones.
La consejera andaluza lo resume sin ambages: «No estamos reclamando más por ser Andalucía. Estamos reclamando que Andalucía no valga cero por haber elegido legítimamente un modelo diferente».
El conflicto gallego, en este contexto, es una disputa por un botín hipotético. El decreto sigue en el aire. Las alegaciones de Andalucía, las reclamaciones de gestión directa de los ayuntamientos y las cartas del Ministerio a la Xunta son piezas de un debate que se libra antes de que exista el objeto del debate. Y cuando ese objeto exista —si finalmente se aprueba el decreto tal como está—, los 5,1 millones tendrán dueño formal, pero no necesariamente destino garantizado.
La pregunta que nadie responde
Si el Ayuntamiento de A Coruña aspira a gestionar directamente los fondos de vivienda, debería explicar antes por qué no ejecutó el 95% de su propio presupuesto de rehabilitación en 2025. Si Santiago reclama lo mismo, debería detallar qué mecanismo de control aplicaría sobre unos recursos que el decreto diseña como finalistas y fiscalizables a través de la comunidad autónoma.
Ninguna de las dos preguntas tiene respuesta en el debate público. La disputa se plantea como un pulso político entre administraciones, pero el fondo del asunto es más prosaico: unos ayuntamientos que no gastan lo que ya tienen reclaman gestionar lo que aún no existe, mientras el Ministerio y la Xunta se pasan la pelota de una competencia que el propio decreto atribuye con claridad a la comunidad autónoma.