La protesta evidencia el fracaso del modelo de contratación municipal: retrasos, servicios sin contrato y puestos clave ocupados por comisiones de servicio
Las reivindicaciones de las ANPAs: transparencia, estabilidad y centralidad de la infancia
Bajo la lluvia, padres y madres con carritos y niños en brazos alzaban globos naranjas, verdes, amarillos y azules mientras coreaban «transparencia», «educación» y «familia». Según la organización, las asociaciones de familias de las escuelas infantiles Arela, Carricanta, Os Rosales, Luís Seoane, Os Cativos y Agra do Orzán participaron en la movilización.
Las ANPAs expresan sus «dudas claras» sobre las empresas adjudicatarias: «Casi todas las escuelas han caído en manos de multiservicios», empresas que nunca antes habían participado en licitaciones de escuelas infantiles en la ciudad. La pregunta central de las familias es cómo se puede garantizar la «calidad educativa» cuando el proceso de decisión carece de información compartida y cuando, apenas unos días antes del inicio del curso, todavía se desconoce qué proyecto educativo traerá el nuevo gestor.
El manifiesto de las ANPAs es claro y contundente: «La educación no puede convertirse en una cuestión de precio ni en una oportunidad de negocio.» Exigen transparencia en el proceso de licitación, que los criterios pedagógicos y la experiencia tengan el peso que merecen, estabilidad para los equipos educativos y que «todas las decisiones sobre las escuelas se tomen pensando en el bienestar de los niños y niñas y en la continuidad de sus proyectos educativos».
La respuesta municipal: 71 puntos de calidad educativa, desmontada en las redes, incluían otros conceptos
La posición del Ayuntamiento es que en la nueva licitación el «proyecto de calidad educativa» representa 71 de los 100 puntos, y que todo el personal docente continúa gracias a la cláusula de «subrogación legal» incluida en el contrato. Las dos nuevas adjudicatarias, Sararte y GAD, también se comprometen a «mantener el proyecto educativo», y el cambio de gestión se produce únicamente «a nivel administrativo».
Pero esta respuesta no ha calmado los recelos. Lorenzo replica que las nuevas empresas «están lejos de las escuelas, son empresas de fuera» y reclama «una evaluación técnica más transparente». El problema de fondo es que, cuando las familias se enteran del cambio de gestor después de matricular a sus hijos y cuando el resultado de la licitación no se conoce hasta mediados de agosto, a menos de un mes del inicio del curso, la palabra «transparencia» suena especialmente hueca.
Bajo la superficie: un modelo de contratación en crisis
El verdadero trasfondo de esta protesta es un problema estructural más profundo: el servicio de contratación del Ayuntamiento de A Coruña está sumido en una crisis.
Actualmente, el núcleo de poder del servicio de contratación se concentra en el área de Economía y Planificación que dirige Lage Tuñas. Este modelo centralizado —un mismo equipo gestiona desde las escuelas infantiles hasta el pavimento de las aceras, la recogida de basuras o la programación de cines— no es habitual en la administración local española.
Los indicios ya existían. El informe de control interno de 2025 reveló un «problema estructural»: numerosos contratos de servicios vencidos que no se vuelven a licitar a tiempo, lo que «de facto» provoca que los servicios sigan funcionando «sin ninguna cobertura contractual». Solo en 2024, la Intervención formuló reparos a 1.594 facturas por un importe cercano a los 20 millones de euros.
La instrucción municipal de 2019 ya señalaba «dilaciones excesivas» y «dispersión de procedimientos» en el servicio de contratación, y recomendaba «reestructurar y reforzar el servicio de contratación». Siete años después, el problema parece no solo no haberse resuelto, sino que se ha vuelto a manifestar en la nueva ronda de licitaciones de escuelas infantiles: adjudicación en agosto, vacío informativo antes del inicio del curso y familias excluidas del proceso de decisión.
Una señal aún más inquietante es la configuración de la plantilla. La «gran mayoría» de las personas que ocupan puestos clave en el servicio de contratación proceden de «comisiones de servicio» de otras administraciones, una fórmula que debería ser excepcional y que aquí se ha convertido en norma. Los sindicatos y las sentencias judiciales ya advierten que las comisiones de servicio sistemáticas «perjudican la eficiencia organizativa», mantienen al personal en una situación de «inestabilidad» y «erosionan un sistema de carrera profesional basado en el mérito y la capacidad».
Interrogantes sin resolver
Las demandas de las familias son razonables: quieren saber quién cuidará de sus hijos, qué proyecto educativo se seguirá y si Papá Noel podrá seguir visitando las escuelas. Pero cuando el ruido de la protesta se disipa, la pregunta que realmente hay que formular es:
¿Por qué un proceso de licitación puede cerrarse en agosto y comunicarse a las familias apenas unos días antes del inicio del curso? ¿Por qué las adjudicatarias son empresas de multiservicios de fuera que nunca antes habían operado en el ámbito de las escuelas infantiles locales? ¿Por qué, con 71 puntos de «proyecto educativo», las familias siguen sin conocer su contenido concreto?
La excepción de la escuela infantil de Monte Alto —que conserva a su gestora original— resulta significativa en este contexto. Cuando la inmensa mayoría de las escuelas «caen» en manos de empresas de multiservicios y la única que mantiene su gestión es precisamente la regentada por «la madre de un asesor» de Inés Rey, la palabra «transparencia» adquiere una connotación muy distinta.
La protesta de María Pita no trata solo de seis escuelas infantiles. Trata de un sistema —un sistema de contratación municipal que ha sido advertido repetidamente por informes internos, criticado durante años por los sindicatos y cuestionado en múltiples procedimientos judiciales. Cuando ese sistema toca a los más vulnerables —niños y niñas de 0 a 3 años—, la gravedad del problema ya no puede quedar oculta tras el lenguaje administrativo.
«No estamos hablando de una licitación, estamos hablando de educación.» Esta frase de las ANPAs es, quizá, la crítica más precisa al modelo de contratación de esta ciudad.