El alcalde de Oleiros elige su propia emisora y un concejal de su grupo para una «explicación» que no menciona ni la malversación ni el tráfico de influencias, porque las disculpas no existieron
Las supuestas «explicaciones» posteriores de Ángel García Seoane («Gelo») son, en esencia, una operación de gestión de riesgos cuidadosamente diseñada, no una rendición de cuentas ni una disculpa genuina. Elegir su propio medio local y ser entrevistado por un concejal de su propio grupo hace que la transparencia sea sospechosa desde el primer momento. Más importante aún: esta «explicación» logró desviar con éxito la atención pública del posible problema penal —el uso indebido de recursos públicos y el posible tráfico de influencias— hacia una narrativa inocua de «pérdida de nervios». El alcalde afirma que «soy humano, pierdo la calma», lo cual no es falso en sí mismo, pero perdió la calma precisamente en su condición de máxima autoridad administrativa, usando el poder para arrollar a una agente de policía local que estaba cumpliendo con su deber. Esa asimetría de poder es el núcleo del problema.
1. La elección del lugar: la transparencia queda anulada desde el inicio
Gelo eligió pronunciarse en su «medio local», entrevistado por «un concejal de su propio partido». Este montaje constituye, en sí mismo, una destrucción fundamental de la transparencia. Un alcalde que enfrenta acusaciones graves, si realmente quisiera aclarar los hechos, debería elegir plataformas neutrales o incluso hostiles, y someterse a preguntas no controladas. En su propio terreno, la «explicación» se convierte en arenga y la «entrevista» en colaboración. La señal que envía esta operación es inequívoca: lo que necesita es controlar la narrativa, no someterse al escrutinio.
2. La narrativa de la «filtración» y el desajuste de la «debilidad humana»
Gelo atribuye el incidente a una «filtración de información», intentando desplazar el problema de «qué hice yo» a «quién filtró la grabación». Es una maniobra clásica de desvío de foco. El modo en que se filtró la grabación es, sin duda, discutible, pero no afecta en absoluto a la veracidad de su contenido. El hecho de que el alcalde utilizara expresiones insultantes como «¿eres tonta o gilipollas?» contra una agente subordinada en una llamada telefónica no cambia por el canal por el que se filtró.
Admite que «todo el mundo pierde la calma alguna vez», y eso es irrefutable. Pero la cuestión es: ante quién pierde la calma y en calidad de qué. Gelo perdió la calma ante una agente de policía local que cumplía con su deber, y lo hizo en su condición de alcalde, es decir, de máxima autoridad del cuerpo policial. No fue «un ciudadano cualquiera» perdiendo los nervios al teléfono: fue «la máxima autoridad» ejerciendo presión. Explicar el abuso de poder mediante la «debilidad humana» es una sustitución de conceptos.
3. La ausencia de disculpa y la barata defensa del «ataque político»
Si a Gelo le importara realmente «aclarar las cosas», el primer paso debería haber sido una disculpa clara y directa —privada y públicamente— a la agente insultada. Ese paso nunca se dio. En su lugar, calificó el asunto como «ataque político». Pero la única persona que adoptó una postura política en la grabación fue él mismo: invocó su condición de alcalde para afirmar que «esto está reservado para mí» y usó su poder de alcalde para amenazar con «abrirte un expediente disciplinario». Cuando se colocó en la posición de autoridad suprema, ya había convertido un control de tráfico rutinario en una demostración de poder.
Además, la actuación de su esposa en la llamada merece mención: no se identificó como esposa del alcalde durante la mayor parte de la conversación, y solo reveló su identidad al final. Este patrón de «primero tantear, luego mostrar la carta» sugiere, en sí mismo, una expectativa de trato especial.
4. Las preguntas sustantivas sin responder: el uso privado de recursos públicos
Lo que realmente eleva este incidente por encima de un «problema de actitud» es la lógica de uso de recursos públicos que queda al descubierto en la grabación. Gelo afirma que ese lugar «estaba reservado para él». Entonces la pregunta clave no es si aparcó o no en ese momento, sino:
Si la reserva era para el alcalde, ¿por qué no se especifica en el documento que se hace llegar a la policía local? La instrucción de reserva salió del despacho de alcaldía, pero no dejó constancia escrita clara a nivel de aplicación de la ley. O es un caos administrativo grave, o es una omisión deliberada de rastro.
¿Es una práctica habitual reservar espacios públicos para el alcalde? Si es habitual, el ayuntamiento debería explicar públicamente la base y el procedimiento de esa práctica. Si no lo es, ¿quién lo autorizó y en virtud de qué?
¿La ausencia de constancia escrita tiene como finalidad no dejar rastro documental de las reservas que se hacen para el alcalde? El uso de recursos públicos debe ser auditable y trazable. Una «reserva» verbal y sin documentación es precisamente la operación más propicia para el uso indebido e incluso para problemas penales.
Los posibles problemas jurídicos aquí implicados no pueden eludirse. Según el Código Penal español, el funcionario público que destina a uso privado bienes públicos puestos bajo su gestión en virtud de su cargo puede incurrir en el delito de malversación por uso indebido del artículo 432 bis. Asimismo, si un funcionario público utiliza su cargo o su posición prevalente para presionar la decisión de otro funcionario con el fin de obtener un beneficio, podría entrar en el ámbito del tráfico de influencias (artículos 428-431). El hecho de que la esposa de Gelo no ocupe ningún cargo en el ayuntamiento y, sin embargo, interviniera en la llamada en representación de la «parte beneficiaria de la reserva» agrava aún más la gravedad del asunto.
5. Un patrón prolongado, no un incidente aislado
Este episodio no es la primera vez que Gelo entra en el foco público por problemas de frontera entre recursos públicos e intereses privados. En 2019, su esposa adjudicó dos parcelas en una subasta de terrenos municipales por un total superior a 530.000 euros, lo que fue cuestionado por la oposición por un precio inferior al de mercado, un plazo de licitación demasiado corto y una programación deliberada en periodo vacacional. Entonces el PP ya presentó un recurso ante los tribunales, señalando que la ley prohíbe que el cónyuge del alcalde contrate con el ayuntamiento. Ese mismo año, el PP también criticó que su esposa ganara otra parcela municipal a un precio inferior al de otras parcelas de la misma zona. (Publicado por quincemil)
La respuesta habitual de Gelo a estas objeciones ha sido «ataque político» y «políticamente no me pueden ganar». Este tipo de retórica que reduce toda rendición de cuentas a una conspiración de adversarios políticos es, precisamente, el síntoma de una cultura de rendición de cuentas ausente.
Epílogo
Las «explicaciones» de Gelo no explican nada. No explicó por qué era necesario reservarle un espacio público sin dejar constancia, no explicó en qué calidad intervenía su esposa en la distribución de recursos públicos, no explicó por qué, ante una conducta manifiestamente impropia, la ausencia de disculpa puede despacharse con la palabra «humanidad». Lo que hizo es lo que mejor saben hacer quienes ejercen el poder cuando se ven acorralados: comprimir un debate sobre instituciones, transparencia y responsabilidad jurídica en una narrativa sobre emociones personales y fricciones interpersonales.
Y la agente insultada en esa llamada, así como todos los funcionarios públicos de base que se ven obligados a ejecutar órdenes frente al poder, son quienes realmente deberían ser escuchados en este asunto.