El BNG exige una auditoría urgente ante la explotación irregular del aparcamiento de camiones, la báscula y dos edificios municipales del CLT: cientos de miles de euros al año que el Concello deja de ingresar mientras los gestores privados siguen cobrando sin título habilitante.
El hecho que incomoda: bienes públicos en manos privadas sin título habilitante
Hay noticias que no deberían ser noticia. Que un Concello tenga que debatir en Pleno si unos bienes de titularidad municipal —un aparcamiento de camiones, una báscula y dos edificios— están siendo explotados por particulares sin relación contractual alguna no es un desencuentro administrativo menor: es una anomalía que roza la ilegalidad y que, como mínimo, exige una explicación pública y documentada.
El BNG de Culleredo ha presentado una moción que pone el dedo en la llaga: según su relato, la concesión del Centro Loxístico de Transportes (CLT) se dio por resuelta y liquidada hace años, pero los activos municipales asociados siguen generando ingresos para gestores privados. El propio grupo municipal cifra en más de 250.000 euros anuales solo por el aparcamiento de camiones (12 euros por noche y vehículo), a los que habría que sumar la báscula y los dos inmuebles. Es decir, cientos de miles de euros al año que, en lugar de revertir en el verdadero propietario —el pueblo cullerdense—, engrosan la cuenta de resultados de quien opera los servicios.
La pregunta crítica no es retórica: ¿cómo es posible que esto ocurra durante años sin que la administración local haya intervenido de oficio? Y la respuesta, por desgracia, suele ser más incómoda que la propia denuncia.
Las vías por las que lo público acaba en manos privadas sin contrato
La situación descrita no es un fenómeno aislado ni exótico. En la práctica administrativa local, la explotación privada de bienes públicos sin título habilitante suele producirse por varias puertas, a menudo combinadas:
- La prórroga de facto tras la extinción formal de la concesión. Se resuelve y liquida el contrato en el papel, pero el concesionario saliente no cesa la actividad. No hay acto de requerimiento, no hay desalojo, no hay precinto. La inercia administrativa hace el resto.
- La ocupación sin título amparada en la tolerancia municipal. La administración conoce la situación, pero no la regulariza ni la sanciona; se instala la idea de que «siempre estuvo así».
- La confusión entre títulos habilitantes distintos. A veces se alega una autorización, una licencia o un convenio que no cubre la actividad realmente desarrollada, o que caducó sin que nadie lo advirtiera.
- La descoordinación entre áreas municipales. Patrimonio, Intervención, Urbanismo y la propia Alcaldía miran hacia otro lado o se atribuyen competencias que nadie ejerce.
El resultado es siempre el mismo: un enriquecimiento privado a costa de un bien público, sin contraprestación al erario municipal y sin cobertura jurídica. En términos legales, esto puede constituir desde un supuesto de enriquecimiento injusto hasta una posible responsabilidad contable por omisión en la liquidación de derechos económicos, pasando por infracciones en materia de libre competencia si el operador privado disfruta de una ventaja frente a terceros.
La auditoría que pide el BNG: no es un capricho, es el mínimo exigible
La moción nacionalista solicita a la Intervención Municipal un informe extraordinario que cuantifique los ingresos dejados de percibir y analice si procede exigir responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Esta petición no es una ocurrencia política: es el instrumento jurídico-administrativo adecuado ante una situación de esta naturaleza.
Una auditoría de este tipo debería responder a preguntas concretas y verificables:
- ¿Cuál es el título jurídico que ampara hoy la explotación del aparcamiento, la báscula y los dos edificios? Si no existe, ¿desde cuándo no existe?
- ¿Qué ingresos se han generado y a quién han ido a parar? ¿Hay facturación, contabilidad o rastro documental?
- ¿Qué ingresos ha dejado de percibir el Concello y por qué no se han liquidado derechos económicos?
- ¿Existe omisión de control por parte de los órganos competentes (Intervención, Patrimonio, Secretaría)?
- ¿Procede exigir responsabilidad contable o abrir expediente sancionador? ¿Hay indicios de infracción de la libre competencia?
La auditoría, además, tiene un valor democrático que trasciende lo contable: obliga a poner por escrito lo que hasta ahora solo existe como rumor, denuncia política o silencio administrativo. La transparencia no es un adorno; es la condición para que la ciudadanía pueda exigir responsabilidades.
El núcleo del problema: la dejación como forma de gobierno
El caso de Culleredo invita a una reflexión más amplia. Cuando bienes municipales permanecen en manos privadas sin contrato durante años, no estamos ante un simple «despiste». Estamos ante una dejación de funciones que puede tener consecuencias jurídicas y políticas:
- Para el patrimonio municipal, porque se erosiona la integridad de los bienes públicos y se renuncia a ingresos legítimos.
- Para la competencia, porque se consolida una ventaja ilegítima de un operador frente a otros que sí cumplen las reglas.
- Para la confianza ciudadana, porque se transmite la idea de que lo público es, en la práctica, apropiable.
El portavoz nacionalista, Tono Chouciño, lo resume con claridad: «Ninguén nos explica porqué estes bens públicos seguen a ser explotados por particulares cando a concesión foi totalmente resolta e liquidada hai anos». Esa pregunta, formulada en el Pleno, merece una respuesta documentada, no una evasiva.
La auditoría no es el final, es el principio
El BNG no pide una auditoría para saldar una cuenta política, sino para restablecer la legalidad y proteger el interés general. Si la situación descrita se confirma, el Concello de Culleredo no solo tendrá que regularizar la explotación de sus bienes: tendrá que explicar cómo permitió que se prolongara, cuantificar el daño y, en su caso, exigir responsabilidades.
La moción presentada es, por tanto, un test de coherencia para el gobierno local. Apoyarla no debería ser un ejercicio de aritmética política, sino de mínima higiene democrática: si los bienes son del pueblo, los ingresos deben ser del pueblo, y si alguien los explota sin título, la administración tiene la obligación de actuar. Lo contrario —el silencio, la tolerancia o la prórroga de facto— convierte la dejación en complicidad.