Admitida a trámite la demanda del PP: «Es dinero público, no un cheque en blanco». Exigen responsabilidades por un acuerdo «opaco e injustificable»
El Grupo Popular de La Coruña ha logrado un primer avance en su lucha judicial contra la condonación de 7,3 millones de euros a la empresa concesionaria del servicio de tratamiento de basuras, una decisión adoptada por el gobierno municipal del PSOE, con el silencio del BNG, el pasado febrero. El Juzgado Contencioso-Administrativo número ha admitido a trámite el recurso presentado por los populares, que buscan anular el acuerdo y depurar responsabilidades por lo que consideran un «perjuicio intolerable» a los intereses de la ciudad.
Un acuerdo «injustificable» y sin beneficio para la ciudad
Miguel Lorenzo, portavoz del PP, ha recalcado que esta condonación supone renunciar a recuperar dinero que los coruñeses pagaron de más en sus recibos entre 2011 y 2018. «No es una indemnización, es devolver lo que nos cobraron sin derecho», insistió.
Los populares sostienen que todos los informes técnicos –incluidos los de Asesoría Jurídica e Intervención municipal– respaldaban inicialmente reclamar la totalidad de los 15 millones adeudados. Sin embargo la actual alcaldesa, Inés Rey (PSOE), aceptó un acuerdo transaccional que reducía la deuda a la mitad.
«¿En qué beneficia esto a los coruñeses? No nos lo han explicado, a pesar de haberlo preguntado en el Pleno», denunció Lorenzo. «Son 7,3 millones que podrían invertirse en mejoras para los barrios, en servicios sociales o en rebajar tasas».
Proceso judicial en marcha: el Ayuntamiento deberá entregar el expediente
Con la admisión a trámite, el Juzgado requerirá ahora al Ayuntamiento el expediente completo del acuerdo. Una vez en su poder, el PP presentará un escrito de demanda con argumentos jurídicos para lograr su anulación.
«Que un juez valide un acuerdo entre partes no significa que sea justo para la ciudad», aclaró Lorenzo. «El tribunal no entró en el fondo del asunto, solo verificó que no hubiera vicios de forma. Nosotros vamos a demostrar que este perdón millonario carece de justificación y perjudica el patrimonio público».
Exigencia de responsabilidades políticas
Además de la nulidad, el PP pedirá que se investigue a quienes avalaron la condonación. «No es dinero de Lage Tuñas o Inés Rey, es de todos los coruñeses», insistió el portavoz, en referencia al concejal de contratación y de la alcaldesa.
El caso reabre el debate sobre la gestión de los residuos en la ciudad, un servicio históricamente polémico por sus sobrecostes. Los populares prometen mantener la presión: «No nos callaremos mientras se regala dinero que debería revertir en la ciudad».
¿Qué sigue?
- El Ayuntamiento tiene un plazo para remitir la documentación al juzgado.
- El PP prepara sus alegatos definitivos, basados en informes que –aseguran– prueban la ilegitimidad de la condonación.
- La oposición no descarta llevar el caso a instancias superiores si la justicia les da la razón.
- Mientras, el gobierno municipal se enfrenta a un nuevo frente judicial en un año marcado por la controversia financiera. La batalla por los 7,3 millones acaba de empezar.

