El Concello acata a última hora las sentencias que anularon el nombramiento de la actual concejala
La USO denuncia irregularidades en el proceso y exige el cese inmediato de la responsable actual
El Concello de A Coruña ha ejecutado, en el último día hábil posible, las resoluciones judiciales que anularon el nombramiento de la actual Concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, tras un largo proceso marcado por irregularidades y retrasos. Según un informe interno al que ha tenido acceso este diario, ninguno de los aspirantes al puesto cumple con los requisitos de experiencia y formación necesarios, lo que deja en evidencia las deficiencias en el proceso de selección.
Un procedimiento anulado dos veces
El cargo, que debía cubrirse por libre designación, fue declarado nulo en dos ocasiones por los tribunales. Primero, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 2 y 4 fallaron en contra del nombramiento, y luego el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó la decisión. A pesar de ello, el gobierno municipal, liderado por Inés Rey (PSOE), mantuvo en el puesto a una funcionaria vinculada a su partido, lo que ha generado críticas por posible favoritismo político.
La actual responsable, que ocupaba el cargo desde hace más de cinco años, fue nombrada inicialmente en 2019, tras las elecciones municipales, y reelegida en 2023, pese a carecer del perfil técnico requerido. Su vinculación con el PSOE ha levantado sospechas de que el puesto fue utilizado como «premio político» en lugar de priorizar la capacitación profesional.
Denuncias por dilaciones y vulneración de derechos
La Valedora do Pobo ya había advertido de irregularidades en el proceso, señalando que el Concello retrasó varios meses la audiencia a uno de los aspirantes, vulnerando su derecho de defensa y agotando los plazos para recurrir. Además, el Defensor del Pueblo determinó que podría tratarse de un caso de «demoras injustificadas y actuaciones contrarias a la legalidad», dado que el Ayuntamiento tardó tres años en cumplir las sentencias.
Desde la Unión Sindical Obreira (USO), llevan más de dos años y medio exigiendo el cese inmediato de la actual jefa del servicio. «No solo se incumplió la ley en su nombramiento, sino que ahora se confirma que no hay ningún candidato idóneo, lo que demuestra la falta de transparencia y rigor en este proceso», denuncia un portavoz del sindicato.
¿Qué pasa ahora?
Con el fallo judicial ejecutado y sin aspirantes que cumplan los requisitos, el Concello se enfrenta a un vacío de liderazgo en un área crítica como Seguridad Ciudadana.
Mientras, la ciudadanía espera respuestas en un asunto que afecta a la seguridad y la confianza en las instituciones. ¿Se repetirá el mismo proceso con otro nombramiento polémico, o el gobierno municipal rectificará y convocará una selección limpia y ajustada a derecho?
