10/06/2026

«Contrato fantasma»: Inés Rey paga 140.000 € con dinero público por un acuerdo verbal ilegal

¿NOS TOMAN POR TONTOS?

Inés Rey justifica el pago de un contrato verbal del Womex 2023 como «indemnización» en un año electoral: ¿Legalidad o engaño?

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido como «perfectamente legal» el pago de 140.000 euros correspondientes a un contrato verbal del Womex 2023 —evento celebrado en un año electoral— a través de una indemnización, después de que dicho contrato fuera anulado por incumplir la legislación. Sin embargo, este procedimiento ha generado serias dudas sobre su transparencia y ha llevado a cuestionar si el gobierno municipal está utilizando argucias legales para encubrir una irregularidad.

Un contrato verbal en año electoral: ¿Emergencia o irregularidad?

Según la normativa de contratación pública, los acuerdos verbales solo están permitidos en situaciones excepcionales de urgencia o emergencia. No obstante, el Womex 2023 —un conocido festival internacional de músicas del mundo— no encaja en esta categoría, especialmente en un año electoral, donde el rigor en el manejo de fondos públicos debería ser máximo.

El proceso seguido por el Concello de A Coruña ha sido, cuanto menos, opaco:

  1. Primero se intentó aprobar el contrato verbal, a pesar de su ilegalidad manifiesta.
  2. Luego se anuló, al reconocerse que incumplía la ley.
  3. Finalmente, se pagó como «indemnización», un concepto que, según la alcaldesa, cuenta con el respaldo del Consultivo.

Pero, ¿puede realmente considerarse indemnización lo que, en realidad, parece un intento de legalizar un gasto irregular?

¿Qué es una indemnización en términos legales?

La Real Academia Española (RAE) define indemnización como una compensación por un daño o perjuicio. En el ámbito jurídico español, este término se aplica a:

  • Reparaciones por daños materiales o morales (accidentes, negligencias, delitos).
  • Compensaciones laborales (como indemnizaciones por despido).
  • Resarcimientos por incumplimientos contractuales o actos ilícitos.

En este caso, si el Concello pagó una indemnización, ¿a qué daño o perjuicio se está refiriendo? ¿Acaso la empresa organizadora sufrió un perjuicio porque el Concello incumplió su propio contrato verbal ilegal? La justificación parece un intento de maquillar una irregularidad bajo un término legal.

Reconocimiento implícito de la ilegalidad

El hecho de que el contrato verbal se declarara nulo y luego se pagara como indemnización es, en sí mismo, un reconocimiento de que hubo una actuación irregular. Si el procedimiento hubiera sido limpio desde el principio, no habría sido necesario recurrir a esta fórmula.

Además, resulta preocupante que la alcaldesa afirme que este método es «legal», cuando en realidad parece una forma de eludir responsabilidades y normalizar prácticas opacas.

¿Quiere Inés Rey tomar a la ciudadanía por tonta?

La población de A Coruña tiene derecho a exigir transparencia y rigor en la gestión de sus impuestos. Que un contrato ilegal se intente justificar como una indemnización no solo genera desconfianza, sino que refleja un patrón de mala gestión y falta de escrúpulos en la administración pública.

Este caso se suma a otros escándalos de opacidad en la contratación bajo el mandato de Inés Rey, lo que lleva a preguntarse:

  • ¿Cuántos contratos irregulares se están pagando bajo figuras legales dudosas?
  • ¿Por qué el gobierno municipal insiste en métodos poco transparentes en año electoral?
  • ¿Habrá consecuencias para quienes autorizaron este pago?

Opacidad y doble moral

Lo ocurrido con el Womex 2023 no es un simple error técnico, sino un claro ejemplo de cómo se pueden manipular los mecanismos legales para blanquear irregularidades. La alcaldesa puede insistir en que todo es «legal», pero la ciudadanía no es ingenua: sabe cuándo se la está engañando.

A Coruña merece una administración honesta y transparente, no una que utilice tecnicismos para encubrir malas prácticas. Este caso debería ser investigado a fondo, y los responsables, rendir cuentas. Porque, al final, la ilegalidad no se convierte en legalidad por cambiarle el nombre.

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