La administración pública debe ser garante de transparencia y eficiencia, principios que, sin embargo, parecen ignorados por el gobierno local de Inés Rey. Un caso reciente evidencia esta grave dejadez: la respuesta a una solicitud de información presentada por la asociación ASCEGA sobre los tiempos de espera para licencias urbanísticas, que no solo llegó con un retraso inaceptable, sino que además incumplió el contenido mínimo exigido por la ley.
Una solicitud ignorada durante más de un año
El 5 de marzo de 2024, ASCEGA formuló una pregunta clara al Ayuntamiento de A Coruña:
- ¿Cuál es el tiempo medio de espera para obtener una licencia de obra (con proyecto básico o de ejecución)?
- ¿Cuánto tardan los ciudadanos en conseguir licencias de cambio de uso (de comercial/industrial a vivienda)?
Estas cuestiones, fundamentales para entender la eficiencia (o ineficiencia) de la gestión urbanística, están amparadas por la Ley 19/2013 de Transparencia, que obliga a las administraciones a responder en un plazo razonable. Sin embargo, la respuesta no llegó hasta el 6 de junio de 2025, más de 15 meses después, un retraso que por sí solo ya supone un incumplimiento flagrante.
Firmantes inapropiados y falta de rigor
Pero el despropósito no acaba ahí. La respuesta, que debería haber sido emitida por el Área de Urbanismo, fue firmada por:
- Una técnica superior de Dirección (dependiente de Alcaldía).
- El director del Área de Administración General.
- La propia alcaldesa, Inés Rey.
Ninguno de ellos tiene competencia directa en urbanismo, lo que plantea serias dudas sobre el rigor del documento. ¿Por qué no respondió el responsable del departamento correspondiente? ¿Se trata de un intento de eludir responsabilidades o simplemente de negligencia administrativa?
Una respuesta que no responde
El mayor incumplimiento, sin embargo, está en el fondo del asunto. La ley exige que las solicitudes de información se contesten de manera clara, completa y precisa. Pero en este caso:
- No se facilitó el tiempo medio de espera, que era el núcleo de la pregunta.
- En su lugar, se aportó un dato irrelevante: el número de licencias comunicadas, que solo indica resoluciones finales, no los plazos de demora.
Es decir, los ciudadanos siguen sin saber cuánto tardan realmente estos trámites, mientras el Ayuntamiento incurre en una opacidad inadmisible.
Inés Rey, responsable última de este incumplimiento
La alcaldesa, como máxima representante del gobierno local, es una de las firmantes de esta respuesta deficiente. Lejos de garantizar transparencia, su administración:
- Ignoró los plazos legales.
- Desvió la responsabilidad a áreas incompetentes.
- No proporcionó la información solicitada.
Este caso no es aislado; refleja un patrón de opacidad y desprecio al derecho a la información pública. Si el Ayuntamiento no es capaz de dar cuentas sobre un tema tan básico como los plazos administrativos, ¿qué garantías hay en asuntos más complejos?
Conclusión: una administración que falla a los ciudadanos
La Ley de Transparencia existe precisamente para evitar estas situaciones, pero su incumplimiento sin consecuencias demuestra que, en A Coruña, la rendición de cuentas brilla por su ausencia. Los ciudadanos merecen respuestas claras y ágiles, no evasivas y tardías.
Inés Rey y su equipo tienen una deuda con la transparencia. Y mientras sigan incumpliendo la ley, la desconfianza en la institución no hará más que crecer.
