La CIG denuncia que el gobierno local elimina de forma unilateral y «alevosa» el permiso parental retribuido, contradiciendo su propia propaganda y las declaraciones del concejal Lage Tuñas
El gobierno local de la alcaldesa Inés Rey parece haber encontrado un nuevo filósofo guía en la antigua Roma. No es un gallego universal, sino el cordobés Lucio Anneo Séneca, cuya célebre y cínica máxima —“haced lo que yo diga pero no lo que yo haga”— se ha erigido en el manual de estilo no escrito para una administración que predica igualdad y conciliación pero practica la retirada solapada de derechos conquistados por sus trabajadores.
La Central Intersindical Galega (CIG) ha levantado la voz para denunciar una “vulneración clara de derechos” y una actuación con “premeditación y alevosía” por parte del equipo de gobierno. En el punto de mira: la eliminación unilateral del carácter retribuido del permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos, hijas o menores acogidos, un derecho pionero que el propio consistorio se encargó de publicitar con gran pompa.
Según la sección sindical, el Ayuntamiento ha decidido, “de facto y sin comunicación a la representación legal de los trabajadores”, que este permiso deje de ser remunerado a partir del pasado 2 de agosto. El argumento verbal que esgrimirían los responsables de Personal se basaría en la entrada en vigor de un Real Decreto-ley estatal. Sin embargo, la CIG destaca la mala fe de esta maniobra: en la última mesa técnica de negociación, celebrada el 31 de julio, este cambio radical no fue ni siquiera mencionado, un silencio que califican de deliberado.
Esta actuación sitúa en el centro de la diana al concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, responsable del área de Personal. Sus declaraciones al diario El País el pasado 26 de julio resuenan ahora con un eco profundamente hipócrita. Lage Tuñas defendía entonces esta misma medida con convicción: “Esta medida permite cuidar sin penalización económica, fomenta la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y mejora las condiciones de los trabajadores”. Llegó a afirmar que la decisión “refuerza el compromiso” con la igualdad y situaba a A Coruña como “referencia en la gestión pública de derechos laborales”.
Pocos días después, la realidad que describe la CIG pinta un cuadro muy distinto: el de un gobierno que “cocina” recortes a espaldas de los sindicatos, vulnerando una norma previamente consensuada. La contradicción no puede ser más flagrante. Mientras el concejal Lage Tuñas vendía en prensa nacional un modelo de vanguardia, su departamento preparaba en la sombra un retroceso que perjudica directamente a las familias trabajadoras del consistorio.
La sindical también cuestiona el papel de la nueva jefatura de Servicio de Recursos Humanos, señalando su “larga vinculación sindical en su administración de origen” y preguntándose cómo puede avalar una orden que “vulnera derechos de conciliación conseguidos de manera pionera”.
Frente a esto, la CIG ha solicitado formalmente por registro aclaraciones y la paralización inmediata de las denegaciones. Advierte a los trabajadores de que no renuncien voluntariamente por escrito a sus derechos y les ofrece asesoramiento para emprender acciones legales contra lo que califican sin tapujos de “atraco y robo de derechos”.
El gobierno de Inés Rey y su concejal Lage Tuñas se enfrentan a una acusación grave: la de haber convertido el Palacio de María Pita en un teatro donde se representa una farsa. Dicen defender la conciliación, pero actúan contra ella. Promueven la igualdad, pero ejecutan recortes que penalizan económicamente a las familias. En resumen, predican como Séneca, pero practican todo lo contrario, dejando a sus empleados en la más absoluta desprotección. La ciudadanía coruñesa, y especialmente la plantilla municipal, merecen más que palabras huecas y acciones mezquinas.