La reactivación de las reglas fiscales en 2024 obliga al Concello a ajustar sus cuentas, con posibles retenciones de créditos y supervisión autonómica si no logra equilibrar su presupuesto
El Concello de A Coruña se encuentra en una encrucijada financiera tras incumplir las reglas fiscales en la liquidación de su presupuesto de 2024. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) exige a las entidades locales ajustarse a objetivos de estabilidad y límites de gasto, y su incumplimiento desencadena medidas correctivas que podrían afectar gravemente a las arcas municipales y a sus entes dependientes, incluido el Consorcio de Música, a pesar de su solvencia.
Un Plan Económico Financiero urgente
El Ayuntamiento tiene un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la liquidación presupuestaria (prevista para marzo de 2025) para presentar y conseguir la validación de un Plan Económico Financiero (PEF). Este documento, que requiere la aprobación inicial del pleno municipal y la definitiva de la Consellería de Facenda de la Xunta, debe incluir:
- Un diagnóstico de las causas del déficit.
- Medidas concretas de ajuste (recortes de gasto, aumento de ingresos, reestructuración de deuda).
- Proyecciones que garanticen el equilibrio en 2025 y 2026.
Si el plan no se aprueba o no se cumple, la Xunta y el Ministerio de Hacienda podrían imponer retenciones de créditos, exigir un depósito en el Banco de España e incluso disolver los órganos de gobierno municipal.
Supervisión estricta y riesgos políticos
El PEF estará bajo lupa: el Concello deberá enviar informes trimestrales a la Xunta, que a su vez los remitirá al Gobierno central. Si las desviaciones persisten, se activarían sanciones como la intervención parcial de las finanzas o la llegada de una comisión de expertos para auditar la gestión.
El Consorcio de Música, aunque cumplió con la regla de gasto, queda atrapado en el plan por su dependencia del Ayuntamiento, lo que podría forzar ajustes en su operativa.
¿Qué pasa si A Coruña no reacciona?
El escenario más grave implicaría la intervención de la Xunta y la posible suspensión de competencias, un episodio sin precedentes en la ciudad. Mientras, la oposición ya exige transparencia sobre las cuentas y las medidas que se plantean, advirtiendo de que los recortes podrían afectar a servicios públicos.
El reloj corre para el gobierno local: tiene hasta junio de 2025 para presentar un plan creíble y evitar que la crisis fiscal se convierta en una tormenta política. En el caso de no ser aprobado en el pleno ordinario, debería de convocarse uno extraordinario para tratar este asunto.
