El 40% de las plazas están sin cubrir, los policías locales escapan a otros destinos y la RPT sigue anclada en 1999: la plantilla se concentra de nuevo ante el Consistorio mientras Piñeiro pide «más tiempo» y habla de «persecución política»
El conflicto laboral del personal del Ayuntamiento de Cambre ya no es un problema puntual: es una hemorragia que se ha cronificado y que amenaza con vaciar de efectivos los servicios municipales. Desde la llegada de Diana Piñeiro a la Alcaldía, hace año y medio, con tan solo cuatro concejales, el tiempo de crédito que se le concedió para reconducir la situación se ha agotado sin que la evolución haya mejorado; más bien al contrario, todo apunta a un empeoramiento sostenido que la plantilla ya califica abiertamente de «desesperación».
Los datos que manejan los trabajadores dibujan un escenario preocupante: alrededor del 40 % de los puestos de la plantilla están sin cubrir a pesar del aumento poblacional, con especial incidencia en la Policía Local y en varios servicios técnicos. Las ayudas sociales permanecen atascadas desde 2022 y los pagos parciales de finales de año corresponden todavía al primer trimestre del ejercicio. A ello se suman los complementos de productividad de los tres primeros trimestres de 2026 —y anteriores— sin abonar, las aportaciones del Fondo Social de 2022, 2023, 2024 y 2025 pendientes, y la regularización de la subida salarial del 0,5 % y otros conceptos de nómina. La alcaldesa se habría comprometido a intentar pagar las ayudas de 2022 antes de fin de año, dejando el resto en el aire: es decir, cuatro años de deuda social a la espera de una solución que no llega.
La RPT: el corazón del problema
Si hay un asunto que condensa el desgobierno municipal en materia de personal ese es la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La estructura organizativa y la valoración de puestos están obsoletas desde 1999, y el personal asume funciones adicionales sin remuneración alguna. La plantilla exige una actualización real de la RPT, pero lo que se ha encontrado es un planteamiento de desarrollo de esa RPT fuera de la legislación vigente, elaborado sin seguir el procedimiento formal regulado por ley. No en vano el propio Concello suspendió temporalmente la mesa técnica de la RPT —una mesa que, denuncian los sindicatos, no cumplía el procedimiento regulado para su elaboración—.
La situación llegó incluso al Pleno: la modificación de la regulación del complemento de productividad se dejó sobre la mesa tras un informe contrario de la propia secretaria municipal, que a su vez formaba parte de la mesa de elaboración de la RPT de dudosa legalidad. El resultado es un laberinto administrativo que deja a los trabajadores sin carrera profesional, sin teletrabajo y sin mejoras de condiciones, mientras la Inspección de Trabajo ha instado a realizar una evaluación de riesgos psicosociales ante el alto número de incapacidades temporales.
Fuga de efectivos: Cambre, a la cola de los ayuntamientos del entorno
El indicador más elocuente de la precariedad que se vive en el consistorio cambrés no son las declaraciones, sino las bajas voluntarias. Cambre se ha convertido, con toda probabilidad, en el ayuntamiento con el personal más precario del entorno, y la consecuencia directa es una fuga constante de funcionarios hacia otras administraciones con condiciones laborales dignas.
Los policías locales buscan otros destinos y escapan de Cambre, dejando un servicio de seguridad ciudadana cada vez más debilitado y sin capacidad para cubrir las vacantes que se acumulan. No se trata de casos aislados: es un patrón. Cuando una administración paga tarde, no actualiza su RPT desde hace más de un cuarto de siglo, no cubre el 40 % de sus plazas y somete a su plantilla a una sobrecarga que deriva en bajas médicas, los profesionales cualificados hacen lo único que pueden hacer: marcharse a ayuntamientos vecinos donde se les ofrece lo que aquí se les niega.
Un gobierno que pide tiempo y acusa
Lejos de asumir su responsabilidad, el gobierno municipal sigue instalado en el mismo discurso de hace año y medio. En lugar de responder a los planteamientos de la plantilla, habla de «persecución política» y sigue pidiendo más tiempo, ignorando que hay conceptos pendientes desde 2022 y que la situación se arrastra, sí, de gobiernos anteriores, pero se ha agravado notablemente en el actual mandato.
La propia cronología desmiente al ejecutivo local: en otoño de 2025 fue el gobierno quien rompió unilateralmente las negociaciones, tildando de «incomprensible» las protestas de los trabajadores. El ejecutivo defendió entonces como avance la jornada de verano, cuando en realidad Cambre era la excepción: la única administración que no la cumplía. Tras la parálisis demostrada, en septiembre de 2026 la Asamblea de la plantilla decidió retomar por amplia mayoría las concentraciones y movilizaciones, constituir un comité organizador y no descartar la huelga.
La plantilla redobla la presión
Hoy, una nueva concentración ante la Casa Consistorial ha vuelto a evidenciar el malestar antes del Pleno, y la próxima movilización ya está fijada para el lunes 2 de noviembre, día de feria en Cambre. En diciembre de 2025 la Junta de Personal llegó a solicitar la intervención de administraciones superiores —Subdelegación del Gobierno, Xunta, Diputación, Valedora do Pobo— ante una situación «al límite», con procedimientos paralizados e instalaciones cerradas o deterioradas. Los trabajadores rechazan que se trate de un «enfrentamiento» personal y exigen pasos concretos, no solo promesas: pagos, RPT y carrera profesional, y refuerzo de la plantilla.
Mientras el Concello siga confundiendo el tiempo con la solución y respondiendo con acusaciones a quienes sostienen los servicios municipales, la fuga de funcionarios y de agentes de la Policía Local continuará. Y con ella se deteriorarán aún más los servicios que recibe la ciudadanía de Cambre. La pregunta ya no es cuándo se resolverá el conflicto, sino cuántos profesionales más tendrán que marcharse antes de que el gobierno local lo tome en serio.