El Ayuntamiento niega sistemáticamente el acceso a información clave, levantando un muro de opacidad alrededor de contrataciones y procesos cuestionados, mientras la oposición y la ley exigen transparencia
Culleredo se ha convertido en el epicentro de una batalla por la transparencia que cuestiona los pilares de la gestión municipal. El último episodio, la negativa a facilitar el expediente de una plaza de ingeniera industrial, no es un caso aislado, sino la piedra angular de una estrategia de opacidad que el gobierno local utiliza para blindar sus decisiones más controvertidas.
El caso de la ingeniera: una negativa que alimenta las dudas
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicitó, ejerciendo un derecho legal incontestable, acceder al expediente completo del proceso selectivo para una plaza de Ingeniera Industrial. La respuesta del gobierno municipal fue un «no» rotundo. Este rechazo no hace sino avivar las llamas de la sospecha en un procedimiento ya de por sí salpicado de irregularidades.
Según han denunciado desde la formación nacionalista, el proceso fue inicialmente declarado desierto. Sin embargo, se retomó tras la reclamación de la misma candidata que había obtenido la puntuación más baja en el primer ejercicio y, significativamente, después de que se sustituyera al tribunal calificador. Para colmo, la persona finalmente propuesta desempeña responsabilidades en una empresa que fue señalada por el Consejo de Cuentas por prácticas irregulares durante la campaña de las municipales de 2023.
«La tentativa de ocultarnos el contenido del expediente no hace más que agrandar las sospechas existentes», declara Tono Chouciño, portavoz del BNG. «¿Qué hay en ese informe que no quieren que veamos? ¿Acaso el voto particular en contra del Secretario Municipal?», se pregunta.
Un patrón de conducta: de las escuchas a los contratos
Esta no es la primera vez que el gobierno de Culleredo levanta un muro de silencio. El caso más grave y conocido es la investigación por la presunta instalación de dispositivos de escucha en dependencias municipales, un affaire que salpica al propio alcalde. Frente a las preguntas de la oposición y la prensa, la consigna ha sido el hermetismo más absoluto, negando información y eludiendo cualquier explicación clara a la ciudadanía.
Este modus operandi se extiende a otros ámbitos. Las preguntas sobre contratos menores, adjudicaciones directas o los criterios de ciertas licitaciones tropiezan a menudo con respuestas evasivas, negativas basadas en interpretaciones restrictivas de la ley o, simplemente, con el silencio administrativo.
La ley, de parte de la transparencia
La posición del gobierno municipal choca frontalmente con un marco legal que ha hecho de la transparencia un mandato. Tanto la Ley de Bases de Régimen Local como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno reconocen el derecho de los concejales a acceder a toda la información municipal para ejercer su labor de fiscalización. Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo respalda este derecho, subrayando que es esencial para el control democrático.
Expertos en derecho administrativo consultados para este artículo coinciden: la denegación genérica a un concejal para acceder a un expediente de personal, salvo que contenga datos especialmente protegidos cuya divulgación cause un perjuicio demostrable, carece de amparo legal. «Negar el acceso alegando genéricamente ‘protección de datos’ o ‘secreto del procedimiento’ en un proceso ya finalizado es una práctica opaca y, muy probablemente, ilegal», señala una jurista especializada.
Consecuencias: desconfianza y deterioro democrático
La opacidad sistemática tiene un coste elevado para la vida pública. En primer lugar, alimenta la desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones, sembrando la duda sobre la imparcialidad y limpieza de la administración. En segundo lugar, imposibilita el control político, que es la esencia de un sistema representativo. Si la oposición no puede acceder a la información, no puede fiscalizar, y sin fiscalización no hay democracia plena.
El gobierno de Culleredo parece haber elegido el camino del blindaje. Sin embargo, cada negativa, cada expediente oculto, cada pregunta sin respuesta, es un ladrillo más en un muro que, lejos de protegerles, los aísla de la ciudadanía y los sitúa frente a la ley. La pregunta que flota en el aire es clara: si la gestión es impecable, ¿qué hay que ocultar? La opacidad, siempre, es el caldo de cultivo perfecto para que crezca la sospecha de que algo va mal.