La noticia ha pasado casi inadvertida, pero debería encender todas las alarmas políticas y sociales en la ciudad. El Ayuntamiento de A Coruña ha firmado el decreto de liquidación del presupuesto del ejercicio 2025, y el resultado es tan contundente como preocupante: un déficit de 9.665.376,63 euros. No es solo una cifra; es un hito negativo. Porque, según la documentación consultada, en los últimos 25 años no se había producido una situación semejante en las arcas municipales. Que algo así ocurra por primera vez en dos décadas y media no es un accidente: es el síntoma de una deriva que exige explicaciones urgentes.
Un déficit que no es menor: liquidez negativa y gasto sin control
En términos sencillos, tener un remanente de tesorería negativo significa que, al cierre de 2025, el Ayuntamiento tenía más obligaciones de pago (deudas, facturas sin abonar, compromisos adquiridos) que fondos líquidos disponibles más los derechos pendientes de cobro. Dicho de otro modo: se ha gastado más de lo que realmente se ha ingresado. Esto es grave en cualquier administración, pero especialmente en una que, como la coruñesa, presume de estabilidad.
¿Cómo se llega a esta situación? El expediente apunta a una práctica cada vez más extendida pero peligrosa: presupuestos inflados. El gobierno local ha aprobado en los últimos años unos presupuestos “históricos” en volumen, pero sin respaldo real de ingresos. Mientras se ejecutan los gastos previstos (o buena parte de ellos), los ingresos no terminan de llegar. La comparación con Vigo es demoledora: Vigo tiene casi 50.000 habitantes más, mayor tejido industrial y su último gran presupuesto fue de 335 millones de euros. A Coruña, con menor capacidad recaudatoria, aprobó unas cuentas de 375 millones. El desfase no es fruto de la imaginación, sino de una ingeniería presupuestaria que prioriza la forma sobre el fondo.
El capítulo 5 de ingresos: un agujero que no se puede ocultar
Uno de los datos más alarmantes del informe de liquidación afecta al capítulo 5 de ingresos, el correspondiente a rentas del patrimonio: alquileres de bienes municipales, intereses de depósitos, dividendos, concesiones administrativas, cánones, etc. El presupuesto inicial para este capítulo en 2025 fue de 20.266.469,00 €. Pues bien, lo realmente generado fue menos de la mitad: 9,16 millones. Y lo efectivamente recaudado ni siquiera alcanza un tercio de lo previsto: 6.655.196,49 €.
Hablamos de contratos, concesiones y alquileres que el Ayuntamiento debería tener perfectamente inventariados y controlados. ¿Cómo es posible una desviación tan brutal? O hay una negligencia clamorosa en la gestión de esos activos, o la previsión inicial fue deliberadamente irreal. En cualquier caso, es inaceptable.
Más gasto, menos inversión: el ayuntamiento no ejecuta y el déficit se dispararía si lo hiciera
El segundo dato que debería helar la sangre a cualquier vecino es el siguiente: el Ayuntamiento dejó sin invertir 108.515.161,60 € en el capítulo de inversiones reales. Es decir, de lo presupuestado para mejorar equipamientos, calles, infraestructuras o servicios públicos, no se ejecutó más de un tercio. Esto evidencia una parálisis inversora que contrasta con la práctica ejecución total de los capítulos de gasto corriente (personal, suministros, otros contratos menores).
Pero hay una lectura aún más inquietante: si esas inversiones se hubieran ejecutado realmente, el déficit municipal habría sido mucho mayor. El agujero real no es de 9,6 millones, sino potencialmente decenas de millones más. El gobierno local se agarra a la no ejecución para maquillar unas cuentas que, de otro modo, habrían sido un escándalo mayúsculo.
62 millones en dudoso cobro: la herencia envenenada
El tercer gran dato del resumen de liquidación es el más perturbador: la partida de saldos de dudoso cobro dentro del remanente de tesorería alcanza los 62.231.783,81 €. Sesenta y dos millones de euros que probablemente nunca se ingresen. Esto significa que el Ayuntamiento ha estado reconociendo derechos de cobro (por multas, impuestos, tasas, precios públicos, etc.) que no tiene ninguna seguridad de materializar. Es una gestión que invita a la indiferencia o, peor aún, a la irresponsabilidad.
Habla de una falta sistemática de control recaudatorio, de amnistías fiscales mal planteadas, de una gestión tributaria débil o de una contabilidad creativa para maquillar los números en ejercicios anteriores. Sea como fuere, son 62 millones de euros que lastrarán la capacidad financiera del Ayuntamiento durante años.
Es el momento que nos acordamos de la deuda perdonada a Nostián, 7,3 millones perdonados.
Opacidad: la liquidación no está publicada, mientras Vigo muestra sus cuentas
No menos grave es la falta de transparencia. La legislación establece que la liquidación presupuestaria debe estar elaborada antes del 1 de marzo, y que en los 30 días siguientes debe aprobarse y enviarse al Ministerio de Hacienda. Pues bien, a día de hoy, la documentación completa no está accesible al público en la web municipal. Cualquier ciudadano que quiera examinar las cuentas se topa con un muro de silencio administrativo.
Compárese con Vigo, el ayuntamiento gallego más comparable en tamaño y estructura: toda la documentación de su liquidación está disponible online, de forma clara y ordenada. La opacidad de A Coruña no es inocente. Cuando no se publica, es porque hay algo que ocultar.
Un 2025 ya de por sí problemático: incumplimiento de la regla de gasto y ahora déficit
Esta pésima noticia no llega sola. En 2025, el Ayuntamiento de A Coruña ya había incumplido la regla de gasto, lo que le obligó a elaborar un Plan Económico Financiero para el periodo 2025-2026. Ese plan, presumiblemente, ya está desfasado. Porque el nuevo déficit detectado en la liquidación no es una anécdota contable: obliga a modificar el presupuesto en vigor de 2026 y a rehacer ese plan económico financiero.
Además, esta situación no puede resolverse en solitario. Según la legislación, la Xunta de Galicia debe asumir funciones de tutoría y supervisión.
El ayuntamiento más endeudado de Galicia añade otro motivo de preocupación
No podemos olvidar el contexto: A Coruña es, actualmente, el ayuntamiento gallego con mayor nivel de endeudamiento. A este déficit de tesorería de casi 10 millones se suma una deuda viva que ya supera los límites recomendados. La capacidad de maniobra del consistorio es cada vez menor, y los márgenes para nuevas inversiones o políticas expansivas se reducen a nada.
No es un desliz, es una tendencia que exige una intervención
Los datos están sobre la mesa. El gobierno local ha generado un documento interno –al que esta redacción ha tenido acceso– que evidencia un déficit histórico, inversiones paralizadas, 62 millones en riesgo de no cobrarse y una opacidad injustificable. No se trata de una crítica menor ni de una dificultad técnica pasajera. Se trata de un problema estructural de gestión financiera que amenaza la estabilidad del Ayuntamiento y, por extensión, la calidad de los servicios públicos.
Los grupos de la oposición, los órganos fiscalizadores y los vecinos deben exigir tres cosas inmediatas: la publicación íntegra de la liquidación, la comparecencia del concejal de Hacienda con todos los detalles, y un plan de choque con supervisión externa. Lo contrario sería normalizar la irresponsabilidad financiera. Y A Coruña no se merece eso.