Ahora preside la asociación una exsecretaria general de Vivienda del PSOE. Antes se pensó en Isabel Pardo de Vera, a quien Inés Rey quiso fichar para A Coruña, y las SOCIMI siguen tributando un 0%.
En plena crisis de la vivienda, con los precios del alquiler descontrolados y casos como el desahucio de Maricarmen o el de Aurelia en A Coruña hace trece años todavía presentes, hay dos actores que prefieren mantenerse en la sombra. Uno es ASVAL, la asociación que dice representar a los propietarios pero cuyas decisiones controlan unos pocos. El otro son las SOCIMI, sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria que, gracias a la Ley 11/2009 aprobada bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tributan al 0% en el Impuesto sobre Sociedades mientras el tipo general sigue en el 25%. Entre ambos, un hilo conductor: expolíticos socialistas, grandes fondos internacionales y un asesor de Donald Trump.
ASVAL: ¿quién habla realmente en nombre de los pequeños propietarios?
ASVAL, cuyas siglas corresponden a Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, se creó en España en 2020 para representar los intereses de los propietarios de inmuebles residenciales en alquiler. Sobre el papel, podría pensarse que, al ser los pequeños tenedores los que poseen el mayor número de viviendas en España, los grandes tenedores no tendrían tanto peso dentro de la asociación. Sin embargo, esto se explica por la composición de sus cargos directivos: hay expolíticos, técnicos vinculados a grandes fondos y algunos directamente relacionados con ellos.
Esto no es excepcional: los pequeños propietarios no tienen peso real en una entidad que habla e influye directamente en las decisiones políticas. Podemos poner el ejemplo de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que posee aproximadamente un 0,23% del capital social de la entidad. Es una gran participación en términos relativos, pero la gran mayoría de los accionistas tienen participaciones ridículas y no tienen capacidad de tomar decisiones. En ASVAL ocurre algo similar: sobre el nombre están todos los propietarios, pero realmente las decisiones las toman unos pocos.
Los vínculos de ASVAL con miembros de gobiernos socialistas
Stephen Schwarzman, presidente y fundador de Blackstone, también formó parte en la fundación de ASVAL para funcionar como lobby. Es asesor y financiador de Donald Trump.
ASVAL se fundó en 2020 para promover el desarrollo del alquiler en España, y Joan Clos la lideró desde entonces hasta diciembre de 2023. Clos fue alcalde de Barcelona y ministro.
Posteriormente, todo estaba preparado para que lo sucediera Isabel Pardo de Vera, investigada (imputada), y persona que Inés Rey quiso fichar para A Coruña como alto cargo.
Ahora está al frente Helena Beunza: su perfil es político-técnico. Fue secretaria general de Vivienda en el Ministerio de Fomento (2018-2020) y directora general de la EVha.
Tres miembros de gobiernos socialistas mezclados con grandes fondos, apoyados por el fondo Ares Management. Después se sumaron Testa Homes y Albirana, controladas por Blackstone.
El papel de ASVAL es legislar para los intereses de esos grandes fondos, algunos americanos y otros de petróleo árabe.
Las SOCIMI: del 25% al 0% en el Impuesto sobre Sociedades
ASVAL hace de lobby, y las SOCIMI son empresas que no pagan Impuesto sobre Sociedades. SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario): en el enlace que puede consultar aquí, puede ver la página oficial de la AEAT, donde aparecen estas empresas como que pagan un 0% de Impuesto sobre Sociedades, mientras que el tipo base está en el 25%.
Esta Ley 11/2009 fue aprobada siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Para eso tienen una respuesta: que pagan los que reciben los repartos de dividendos. Pero, ¿de dónde son esos accionistas? Y lo más grave: ¿dónde pagan, en qué país?
La disculpa de estas sociedades es que la vivienda debe estar obligada a estar en alquiler durante 3 años. Dicho así suena bien, pero no es del todo cierto. Realmente te obliga a que esté ofertada, pero no limita el tipo de alquiler: puede ser de temporada, de corta duración, etc.
Los 3 años se refieren al tiempo que el inmueble se mantiene en el activo de la sociedad dedicado al alquiler, no a la duración de cada contrato. Puede haber varios inquilinos y contratos de distinta duración, mientras el inmueble siga arrendado u ofrecido.
El «dúo perfecto»: cómo funciona el engranaje
Si se examinan ASVAL y las SOCIMI conjuntamente, se observa una cadena de intereses clara:
Primer paso: obtener legitimidad política en nombre de los «pequeños propietarios». El relato público de ASVAL es «dar voz a todos los propietarios», pero su estructura de gobernanza asegura el control de los grandes tenedores. Esa «representatividad amplia» nominal le otorga legitimidad en los procesos de consulta política.
Segundo paso: ejercer el lobby a través de exaltos cargos. El caso de Beunza es especialmente típico. En el gobierno socialista era responsable de política de vivienda; tras su salida, fundó la consultora Urbhe, que recibió numerosos contratos de ciudades gobernadas por el PSOE, y posteriormente fue fichada como presidenta de ASVAL. Este modelo de «puerta giratoria» garantiza que ASVAL disponga de conocimiento interno y redes de contactos en el proceso de elaboración de políticas.
Tercer paso: mantener y ampliar la ventaja fiscal de las SOCIMI. En sus recomendaciones políticas enviadas a la Comisión Europea, ASVAL pide explícitamente un marco legal más claro y «previsibilidad» para la participación de inversores institucionales en vivienda asequible. Dado que la cúpula de ASVAL está vinculada a los principales accionistas de SOCIMI como Blackstone, los beneficiarios de estas actividades de lobby son evidentes.
Cuarto paso: externalización del coste fiscal. El tipo del 0% en el Impuesto sobre Sociedades de las SOCIMI implica que, si sus accionistas son entidades extranjeras (como los fondos gestionados por Blackstone), las ganancias generadas por esas viviendas pueden no tributar prácticamente nada a nivel empresarial en España, mientras que el tipo efectivo sobre los dividendos depende de la legislación del país del accionista. Para fondos establecidos en jurisdicciones de baja tributación, la carga fiscal global puede ser mínima.
Conclusión
La combinación de ASVAL y las SOCIMI es «perfecta» porque logra simultáneamente dos objetivos: legitimidad política disfrazada y minimización fiscal. ASVAL utiliza el número de pequeños propietarios para demostrar su representatividad y la red de exaltos cargos para ejercer influencia; las SOCIMI utilizan el «requisito de alquiler de 3 años» para justificar su función social y el régimen de transparencia fiscal para reducir su carga tributaria real. Y los beneficiarios últimos de ambos mecanismos coinciden en gran medida: los mismos grandes inversores institucionales.
Cuando la crisis de la vivienda se ha convertido en un tema central de la sociedad española, comprender cómo funciona realmente este entramado institucional es más importante que aceptar su narrativa política superficial.