La Xunta supervisará un plan económico-financiero para corregir el desvío, que afecta también al Consorcio de Turismo y al IMCE. La deuda municipal podría superar los 149 millones en 2025
El Ayuntamiento de A Coruña ha incumplido la regla de gasto en 2024, un límite legal establecido para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Este incumplimiento obliga al gobierno local, liderado por Inés Rey, a elaborar y aprobar en un plazo de un mes un plan económico-financiero correctivo, tal como exige la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria.
Un plan urgente y con tutela autonómica
Una vez detectado el desvío, el equipo de gobierno tiene 30 días para presentar el plan, que deberá ser ratificado en el pleno municipal y aplicarse durante 2024 y 2025. Tras su aprobación, el documento debe remitirse en 5 días a la Oficina Económica de Galicia, dependiente de la Xunta, que ejercerá como tutora del proceso.
La anomalía no solo afecta al Ayuntamiento, sino también a dos de sus organismos dependientes: el Consorcio de Turismo y el IMCE (Instituto Municipal de Cultura y Educación). Solo el Consorcio de Música escapa técnicamente del incumplimiento, aunque su situación financiera queda condicionada por la crisis global del consistorio.
Presupuestos «estrella» vs. realidad insostenible
El interventor municipal ya advirtió de este problema durante la presentación de los presupuestos de 2025. Sin embargo, el origen se remonta a 2024, cuando el gobierno local anunció unas cuentas ambiciosas que, según los datos actuales, resultaron ser «completamente irreales».
La deuda municipal, que ya era preocupante, podría alcanzar los 149,38 millones de euros a finales de 2025, según las propias cifras del equipo de gobierno. Este incremento refleja una gestión fiscal alejada de los principios de estabilidad que marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Consecuencias legales y financieras
El incumplimiento de la regla de gasto –que limita el aumento del gasto público no financiero– puede acarrear graves repercusiones:
- Sanciones administrativas: Multas y requerimientos de la Xunta o el Estado.
- Restricciones presupuestarias: Limitación para contratar servicios o iniciar nuevas inversiones.
- Prohibición de endeudamiento: Bloqueo de créditos hasta regularizar la situación.
- Intervención autonómica: La Xunta podría asumir un rol supervisor más directo.
- Coste político: Desgaste para el gobierno municipal y pérdida de confianza ciudadana.
Además, si se detectaran irregularidades en la gestión, los responsables podrían enfrentar procedimientos judiciales por negligencia.
Próximos pasos
El Ayuntamiento deberá presentar en las próximas semanas un plan de ajuste que convenza a la Xunta, mientras la oposición exige transparencia. La ciudadanía, por su parte, espera explicaciones sobre cómo se evitará un mayor deterioro de los servicios públicos.