La plaza coruñesa acogió este miércoles dos manifestaciones simultáneas separadas por un amplio dispositivo policial. La convocada por Galiza Nova reunió a entre 3.000 y 5.000 personas frente a las poco más de 200 y 300 que secundaron el acto de VOX. Una carga policial contra un sector de los manifestantes antifascistas y la ambigua reacción de la alcaldesa, Inés Rey, marcaron el devenir de la jornada.
La Plaza de María Pita de A Coruña fue este miercoles el escenario de dos realidades políticas que, aunque compartieron espacio físico, no compartieron ni discurso, ni edad, ni dimensión. A un lado, la concentración convocada por VOX y encabezada por su líder, Santiago Abascal, que reunió a poco más de 200 personas en la esquina de Puerta Real. Al otro, la convocatoria de Galiza Nova —a la que se sumaron otras organizaciones sociales y políticas—, que ocupó todo el frente del edificio del Ayuntamiento y la rampa y escaleras hacia la Iglesia de San Jorge, con una afluencia que las propias fuentes de la organización cifran en torno a las 5.000 personas, aunque algunas estimaciones elevan la cifra hasta las 3.000.
El perfil de los asistentes era igualmente dispar. En la concentración antifascista dominaba un público joven, mientras que la convocada por la formación de ultraderecha reunió a personas de edad más avanzada. Dos fotografías de una misma plaza que evidenciaban la fractura generacional y política que atraviesa el espacio público.
Un cinturón policial que funcionó… hasta que se rompió
El amplio despliegue policial mantuvo separados a ambos grupos durante buena parte de la jornada. Los de VOX permanecieron en la esquina de Puerta Real, mientras los convocados por Galiza Nova ocupaban el frente del consistorio y la subida hacia San Jorge. Se establecieron además controles de acceso en las diferentes calles que confluyen en la plaza. La presencia de efectivos de la UIP con una docena de furgonetas y equipamiento antidisturbio presagiaba que el cinturón de seguridad funcionaría.
Durante las primeras horas, los escasos movimientos de provocadores que se desplazaban desde el grupo de VOX fueron controlados e identificados por la policía. Sin embargo, en el interior de la amplia y diversa representación de manifestantes antifascistas surgió un enfrentamiento que acabó con una carga policial en una de las zonas del frente. Fue el punto de inflexión de una jornada que hasta entonces había transcurrido sin incidentes graves.
La alcaldesa: entre el diagnóstico y la condena
Las reacciones a lo ocurrido no tardaron en llegar y fueron, cuando menos, dispares. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, denunció en un comunicado oficial la violencia en la plaza de María Pita, en referencia a parte de los manifestantes antifascistas. Sin embargo, poco tiempo antes había culpado al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de que «los mensajes de la ultraderecha estén calando». Una postura ambigua, difícil de explicar y especialmente desafortunada en un contexto electoral como el actual, en el que cada declaración adquiere un peso político añadido. La regidora pareció situarse primero en el diagnóstico de las causas y después en la condena de las consecuencias, sin terminar de articular un discurso coherente sobre lo sucedido.
Nueva concentración ante la Subdelegación del Gobierno
Tras las cargas policiales, la respuesta no se hizo esperar. Diversas fuerzas políticas, sindicales e incluso colectivos como los Riazor Blues convocaron una concentración a las 20:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en señal de rechazo a la actuación policial. La convocatoria, que se difundió con rapidez por redes sociales, evidenció que el malestar por lo ocurrido en María Pita trasciende el ámbito estrictamente político y ha calado en amplios sectores de la sociedad coruñesa.
La jornada deja así varias lecturas: la constatación de que la ultraderecha mantiene una presencia testimonial en las calles gallegas frente a una movilización antifascista amplia y juvenil; la evidencia de que la convivencia de ambos discursos en un mismo espacio requiere de dispositivos de seguridad que, en esta ocasión, no lograron evitar incidentes; y, sobre todo, la pregunta abierta sobre el papel de una alcaldesa cuya reacción, más ambigua que contundente, difícilmente contribuirá a rebajar la tensión en una ciudad que este sábado volvió a mirar a su plaza mayor con preocupación.