La conversación, publicada por El Debate, muestra a García Seoane exigiendo que la Policía Local le lleve el vehículo de su mujer, retirado por mal estacionamiento. Los hechos podrían constituir un delito de malversación y otro de tráfico de influencias
Los hechos: una llamada, un Toyota y un «me cago en Dios»
Todo empieza con una llamada. Una mujer telefonea a la oficina de la Policía Local de Oleiros para preguntar por su coche. No sabe la matrícula. No sabe el modelo. Solo sabe que es un Toyota. La agente que la atiende, con una paciencia que merecería un reconocimiento público, le va dando pistas: ¿es gris? Probablemente la agente calculó que, si no ayudaba, la conversación podía alargarse hasta el final de su turno.
La mujer explica que tenía el coche aparcado en Mera y pregunta si se lo han llevado. La respuesta: sí, estaba mal estacionado. La agente le aclara que el vehículo estaba en una zona reservada y que esa noche se retiraron hasta cuatro coches mal aparcados, no solo el suyo.
Hasta aquí, un trámite administrativo rutinario.
El problema llega cuando la mujer, sin identificarse, empieza a subir el tono y pide a la agente su nombre. Entonces se identifica: es la mujer del alcalde. Y acto seguido, pasa el teléfono a su marido.
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros coge el auricular. No se identifica. Pregunta con quién habla, con tono áspero. Y lo primero que dice es: «Tráeme el coche aquí, me cago en Dios». La frase se repite varias veces, con variantes que incluyen a la madre del Hijo de Dios.
La exigencia no tiene desperdicio: pide que le lleven el coche al lugar de donde fue retirado, en cumplimiento de las ordenanzas municipales que él mismo aprobó y que, en teoría, debería defender. La agente le explica que no puede hacerlo: el vehículo está en el depósito de la grúa, (en el municipio de Cambre), y ella está sola en la oficina mientras los otros tres policías de turno están en la calle.
El alcalde, «elegido democráticamente» aunque con pocos modales democráticos, ordena que uno de los policías deje sus funciones, vaya a buscar el coche de su mujer y se lo acerque a Mera, donde al parecer se estaban celebrando las fiestas.
Y entonces llegan los insultos: «¿Eres tonta o gilipollas?» (la grabació dice gelipollas, pero la tradución). La agente le advierte de que le está insultando. El alcalde se reafirma en los insultos.
La concejala y el «hay que tener cuidado»
Si el asunto no tenía suficiente gracia, entra en escena la concejala María José Varela. La agente le informa de que un oficial ha mandado a un agente con un coche blanco a buscar el vehículo de la mujer del alcalde al depósito.
La reacción de la concejala es reveladora: le dice a la policía que hay que tener cuidado. No le dice a la mujer del alcalde que debe aparcar en lugares permitidos. Le dice a la policía que tenga cuidado. Y desvela un dato importante: el coche no es del alcalde, es de su mujer. De todos es sabido que el alcalde puede tener algún privilegio de carácter institucional, pero su mujer no.
La concejala reconoce que falta organización, pero su intervención es una muestra de sumisión ante un hecho que, sencillamente, no debería haber ocurrido.
El marco legal: malversación y tráfico de influencias
Los hechos encajan, al menos sobre el papel, en dos figuras del Código Penal:
- Malversación (artículo 432): si la plaza reservada —un espacio público— estaba asignada para fines oficiales y en la práctica servía al vehículo privado de la esposa del alcalde, estaríamos ante un uso privado de un recurso público. La cuantía puede ser pequeña, pero la naturaleza del acto es la misma.
- Tráfico de influencias (artículos 428 a 430): el alcalde intentó movilizar un dispositivo policial y un contrato municipal de grúa para resolver una sanción derivada de una infracción de tráfico de un familiar directo.
Y no es un detalle menor que el alcalde ya haya pasado por un periodo de inhabilitación. Gelo fue condenado a inhabilitación por un asunto relacionado con la defensa del espacio público de las playas. Volvió. Y ahora, la escena que protagoniza es esta.
La pregunta incómoda: ¿está la mujer del alcalde exenta de cumplir las ordenanzas?
La respuesta legal es sencilla: no. La respuesta política es más compleja: al parecer, en la práctica, sí.
El mensaje que se desprende de la llamada es que existe una categoría de ciudadanos —la familia del alcalde— para la que las normas municipales no aplican con la misma severidad. Y eso, en un municipio gobernado por alguien que ha construido su carrera sobre la defensa del espacio público y la justicia social, es una contradicción que no se sostiene.
¿Fuego amigo?
Cabe plantear una hipótesis: esta filtración puede ser «fuego amigo». El contexto es el siguiente: Gelo dijo hace tiempo que no volvería a presentarse, y después anunció que será candidato en 2027. La grabación sale a la luz justo ahora, publicada por El Debate, medio digital de derechas cercano al entorno del Partido Popular. En Oleiros, la oposición la componen PP, PSOE y BNG.
Si es una operación política, está bien ejecutada. No han ido a por el ya juzgado caso Casa Carnicero, del que el alcalde salió absuelto. Han ido a por algo mucho más letal para un populista de izquierdas: la prueba de que él y los suyos se creen por encima de las reglas.
En ciencia política se llama «trampa moral del populismo». Cuando te construyes como «el pueblo contra las élites», cualquier evidencia de que tú también eres élite produce un daño doble. Cuarenta años de retrato del Che, de calles con nombres de dirigentes comunistas, de declaraciones antiimperialistas, condensados en una llamada telefónica en la que un señor mayor grita: «¿Sabes quién soy?»
Sí, Gelo. Ahora toda España lo sabe.
Lo que viene
Quedan dos preguntas sobre la mesa:
- ¿Pedirá disculpas el alcalde? Es lo más improbable, a la vista de su historial.
- ¿Dimitirá o anunciará su retirada? Gelo ya intentó retirarse una vez y volvió. Nada indica que esta vez sea distinto.
Lo que sí es seguro es que la grabación ya está circulando, que la agente insultada tiene en su mano la posibilidad de denunciar por injurias, y que los votantes de Oleiros tendrán que decidir en 2027 si el episodio les parece grave o si, como durante cuarenta años, prefieren mirar hacia otro lado.