La norma lo califica de «requisito indispensable». La calle demuestra que se ha convertido en una excepción. Contenedores un mes en la vía pública y vallas sin expediente completan el paisaje de un control urbanístico que se diluye
Caminar por A Coruña se ha convertido en un ejercicio de arqueología normativa. Andamios, contenedores y vallas se suceden por las fachadas de la ciudad, pero falta lo que la ley exige junto a cada obra: la copia autorizada de la licencia y, en las obras mayores, el cartel indicador con técnicos, contratista, plazos y número de expediente. El artículo 357.6 del Reglamento de la Ley del Suelo es taxativo: es «requisito indispensable». La pregunta no es si se cumple —no se cumple—, sino por qué el propio ayuntamiento lo permite.
Una norma que existe y que nadie aplica
El Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia (Decreto 143/2016) no deja margen a la interpretación. Su artículo 357.6 obliga a disponer junto a la obra de copia autorizada de la licencia municipal y, en las obras mayores, de un cartel con el nombre de los técnicos y directores, la persona contratista, la ordenanza aplicada, los usos previstos, la fecha de expedición de la licencia, el plazo de ejecución, el número de plantas autorizadas y el número de expediente.
Es decir: todo lo que un vecino necesita para saber qué se está construyendo a su lado, con qué permiso y hasta cuándo. Y todo lo que, paseando por la ciudad, sencillamente no está.
Lo llamativo no es solo el incumplimiento. Es su normalización. Lo que antes era excepcional —encontrar una obra sin cartel— se ha convertido en la regla. La información de las obras ha pasado de habitual a excepcional, y con ella se ha diluido la frontera entre lo que tiene licencia y lo que no.
El cartel como control social barato
Los argumentos a favor de la medida no son una ocurrencia de vecinos quisquillosos. Son los mismos que sostienen cualquier sistema de control urbanístico mínimamente serio.
El cartel convierte la licencia —un acto administrativo que el ciudadano no ve— en algo visible en el lugar y el momento concretos: quién construye, con qué permiso y cuánto puede tardar. Permite la vigilancia ciudadana de la legalidad: quien ve una obra sin cartel, o con datos que no cuadran —más plantas de las autorizadas, plazo vencido—, tiene un indicio objetivo para avisar al ayuntamiento. Es un control social barato que complementa a una inspección municipal siempre escasa de medios.
Facilita la disciplina urbanística —con el número de expediente, la fecha y los plazos a la vista, el inspector sabe de un vistazo qué comprobar—, identifica responsables —técnicos directores y contratista— y da seguridad jurídica a quien compra, alquila o vive junto a una obra. Su coste para el promotor es mínimo: se cumple una vez y no añade burocracia ni retrasa el procedimiento. Y no es una novedad: el antiguo Reglamento de disciplina urbanística ya exigía copia de la licencia a pie de obra y cartel indicador en las obras mayores, con contenido muy parecido. Más de veinticinco años de vigencia sin controversia seria son un aval difícil de discutir.
Lo que se pierde cuando no hay cartel
Las consecuencias prácticas del incumplimiento generalizado no son abstractas.
Sin cartel, el vecino no sabe si hay licencia, de qué tipo ni hasta cuándo; para averiguarlo debe pedir información al ayuntamiento, con la demora y la fricción que eso supone. Se dificulta detectar obras ilegales: un cartel ausente o falso puede ocultar una obra sin licencia, y esas obras tienen un régimen duro —la ley prevé la demolición o la legalización, y activa procedimientos de reposición de la legalidad para las obras en curso (art. 152) y las terminadas (art. 153)—. El cartel es el primer filtro visible para detectarlas.
Aumenta la carga para la inspección, porque cuando nadie puede verificar a simple vista, el ayuntamiento recibe más denuncias y consultas, o directamente actúa menos. Se diluyen las responsabilidades: sin técnicos directores ni contratista identificados, es más difícil exigir cuentas ante defectos, accidentes o molestias. Y se facilita que una obra se alargue o crezca sin que nadie lo note, hasta que ya es un hecho consumado.
El resultado final es el más corrosivo: la desconfianza en el sistema. Si la norma se incumple de forma generalizada y sin consecuencias, se extiende la percepción de que las licencias son un trámite opaco. Eso desgasta la legitimidad de todo el control urbanístico.
La sospecha que sobrevuela la ciudad
Y aquí aparece la pregunta incómoda, la que algunas personas del sector de la construcción formulan sin rodeos: ¿por qué no se informa de las licencias de obras?
Hay quien sostiene que la ausencia de cartel es una forma de que florezcan las obras sin permiso. Al ser lo habitual no cumplir con la información en la obra, no se diferencia quién tiene licencia y quién no. El efecto es perverso: la ilegalidad deja de ser visible porque la legalidad tampoco se muestra. Es, en la práctica, un fomento de la ilegalidad por omisión.
Mientras tanto, la ciudad convive con contenedores de residuos acumulados y sin uso durante semanas en medio de la calle, o con vallas de cierre depositadas en la vía pública. Un descontrol que no se corrige y que, al no corregirse, se legitima.
La pregunta que el ayuntamiento no responde
Una norma sin inspección se queda en papel. Y hay ayuntamientos que incluso publican las licencias de obras en su web, demostrando que transparencia y agilidad administrativa no están reñidas.
Por eso la cuestión no es técnica, sino política: ¿por qué el Ayuntamiento de A Coruña permite un incumplimiento tan extendado de una obligación reglamentaria clara? ¿Es desidia, falta de medios de inspección, o algo más? ¿Por qué no se sanciona lo que la norma califica de «requisito indispensable»? ¿A quién beneficia que no se pueda distinguir a simple vista una obra legal de una que no lo es?
Mientras estas preguntas no tengan respuesta, la ciudad seguirá caminando entre andamios sin cartel, contenedores sin dueño y vallas sin expediente. Y la Ley del Suelo seguirá siendo sustituida, obra a obra, por la ley de la selva.