La Fundación Emalcsa, controlada por la empresa pública municipal, adjudicó un contrato de comunicación y transparencia a Cecubo, una firma vinculada al PSdeG gallego y salpicada por una investigación en el país vecino.
La trama de presuntas irregularidades que salpica a la empresa Cecubo en Portugal salta ahora al ámbito local. El Ayuntamiento de A Coruña, a través de su entidad dependiente Emalcsa y más concretamente de la Fundación Emalcsa, también ha contratado recientemente los servicios de esta firma, conocida por su estrecha relación con el PSdeG y sus trabajos en campañas electorales.
El expediente, registrado en la plataforma de contratación del Estado con el número FE-25-12, fue licitado por la Fundación Emalcsa —una entidad íntegramente dependiente de la empresa pública municipal Emalcsa— con el objeto de contratar la “planificación y gestión de la comunicación y transparencia” de la propia fundación durante los años 2026 y 2027, con posibilidad de prórroga para 2028 y 2029.
El presupuesto base de licitación ascendía a 84.000 euros para el bienio inicial. Finalmente, el contrato fue adjudicado a Strategy and Analytics Estancia C3, S.L. , nombre legal bajo el que opera la firma conocida como Cecubo.
Quién decide y quién firma
La mesa de contratación estuvo presidida por Bettina Kohlhaas, directora general de la Fundación Emalcsa y número 12 en la lista electoral del PSOE coruñés encabezada por la actual alcaldesa, Inés Rey, en los comicios de 2023. Kohlhaas, que ocupa un puesto de libre designación, ejerció como máxima responsable del proceso de adjudicación.
Hasta aquí los datos objetivos. Lo que llama la atención es el contexto que rodea a la empresa elegida. Cecubo no es una firma cualquiera: ha trabajado intensamente en la comunicación institucional del PSdeG y en diversas campañas electorales socialistas. Pero además, su nombre ha aparecido recientemente en el centro de una investigación judicial en Portugal.
La sombra de la investigación lusa
Según diversas informaciones publicadas en medios portugueses, la Policía Judicial lusa ha llevado a cabo registros y detenciones relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de servicios de comunicación por parte de entidades públicas. En ese contexto, fue detenido —y posteriormente puesto en libertad sin cargos, según las últimas actualizaciones— Emilio Vázquez, quien fuera hasta hace pocos años secretario de organización del PSOE provincial de A Coruña. Vázquez fue relevado en ese cargo por Lage Tuñas, actual edil socialista en la ciudad.
Ni la investigación portuguesa ni la detención de Vázquez han derivado por ahora en imputaciones firmes o acusaciones formales en España. Tampoco consta que los hechos investigados en Portugal tengan relación directa con el contrato adjudicado por la Fundación Emalcsa. Sin embargo, la coincidencia de fechas y vínculos personales abre inevitables interrogantes: ¿se tenía conocimiento de la situación procesal de la empresa o de sus responsables en el momento de adjudicar el contrato? ¿Se aplicaron todos los filtros de transparencia y debida diligencia exigibles a una fundación pública?
Una fundación con luz y taquígrafos… y poca actividad propia
El perfil de la propia Fundación Emalcsa añade otra capa de preguntas. Según figura en la cuenta general de 2024, esta entidad dedicó el grueso de su presupuesto a donaciones:
- 244.759,13 euros a donaciones deportivas.
- 178.989,55 euros a donaciones culturales.
- 166.477,12 euros a donaciones sociales.
En total, más de 590.000 euros en ayudas directas. Sin embargo, la fundación carece de actividad operativa visible más allá de estas concesiones. De hecho, fuentes documentales consultadas indican que la plantilla de la entidad se reduce a una única persona contratada. Paradójicamente, el contrato adjudicado a Cecubo tiene por objeto precisamente la “gestión de la comunicación y la transparencia” de una fundación que, en la práctica, parece actuar como mero vehículo canalizador de subvenciones.
¿A quién rinde cuentas esa transparencia? ¿Qué comunicación necesita una fundación sin apenas estructura propia? Y sobre todo: ¿por qué una empresa investigada en otro país resulta la mejor opción para gestionar la imagen de una entidad financiada con dinero público?
El expediente FE-25-12 está disponible para su consulta en la plataforma estatal de contratación. Quien quiera comprobarlo, puede hacerlo. Pero lo que no aparece en los pliegos son los silencios que rodean a esta adjudicación. Y esos, a veces, son los que más ruido hacen.