La alcaldesa de A Coruña no acude a la conciliación que ella misma promovió contra Lorenzo, el consistorio abandona la causa y el ‘caso Lage Tuñas’ resucita con la amenaza de que los técnicos municipales lleven al banquillo las obras ilegales que el gobierno local niega
El enfrentamiento político y judicial entre la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el líder de la oposición, Miguel Lorenzo, ha vivido hoy un nuevo capítulo. Sin embargo, lo que debía ser un acto de conciliación en el Juzgado de Instancia número 12 se ha visto marcado por un detalle significativo: la ausencia de la querellante.
A pesar de haber sido ella quien impulsó la querella contra Lorenzo por unas declaraciones que calificó como «gravísimas» para su persona, la regidora municipal decidió no personarse en la cita judicial fijada para las 11:00 horas de este lunes. Una decisión que contrasta con la teatralidad y el dramatismo que la propia alcaldesa imprimió al pleno municipal del pasado mes de diciembre, donde elevó el tono político ante las acusaciones sobre el presunto mal trato a funcionarios.
El origen de la discordia: funcionarios «amedrentados»
Todo se remonta a cuando Miguel Lorenzo aseguró que tres trabajadoras del Ayuntamiento se habrían sentido «amedrentadas» y con «sensación de miedo» tras situaciones vividas en el entorno de la Alcaldía. La exigencia de Inés Rey de retirar esas palabras chocó con la negativa del líder popular, que mantuvo sus afirmaciones.
Los hechos descritos apuntan a una gestión de los recursos humanos que ha levantado suspicacias. Según las fuentes consultadas, se habría obligado a funcionarios a acudir a la planta noble del consistorio en situaciones de presión, e incluso se habría llegado a enviar un coche oficial a la localidad pontevedresa de Sanxenxo para requerir la presencia de una trabajadora que se encontraba en su tiempo de descanso.
La confusión entre lo político y lo institucional
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el desarrollo de este caso es la naturaleza de la querella. Inés Rey, en su calidad de alcaldesa, tiene competencias para querellarse en nombre del Ayuntamiento, pero lo ha hecho sin el respaldo de la Junta de Gobierno Local ni del Pleno municipal. Esta decisión unilateral difumina la línea entre el agravio personal y la acción institucional, generando un debate sobre la ética y la utilización de los recursos del Ayuntamiento para dirimir lo que, a todas luces, parece un conflicto de contenido político.
El «caso Lage Tuñas» y la letra pequeña de las obras
Pero el foco no solo está en el trato a los funcionarios. El origen de estas declaraciones se encuentra en la documentación que los trabajadores municipales enviaron a la Fiscalía, tras requerimiento oficial de esta, en referencia a los conocidos como «pisitos» de Lage Tuñas. La alcaldesa defendió en su momento que estos funcionarios no habían obrado correctamente, abriendo un expediente de investigación interna que, según las últimas informaciones, sigue abierto y sin resolución.
Lo chocante fue la premura y las formas empleadas, convocando a los implicados a reuniones con la presencia de la propia alcaldesa, algo que no ocurre en la tramitación ordinaria de ningún otro asunto municipal de personal.
El silencio administrativo que habla
Sin embargo, el elemento más revelador del rompecabezas es el trato dispensado a los técnicos que aportaron la prueba documental. La Policía Local y el inspector de Urbanismo aseguraron en sus informes que en la propiedad de Lage Tuñas se estaban realizando obras sin licencia en aquel momento.
Pese a la gravedad de la acusación inicial de la alcaldesa contra los funcionarios, a estos técnicos no se les ha incoado ningún expediente disciplinario ni se les ha acusado de falsedad documental. Esta falta de acción disciplinaria por parte del consistorio parece indicar, por pura lógica administrativa, que los informes presentados por los funcionarios se ajustaban a la realidad.
Si los técnicos no mintieron, y no fueron sancionados por ello, se deduce que efectivamente se estaban ejecutando obras en la propiedad de Lage Tuñas sin la preceptiva licencia, como también declararon vecinos del inmueble. Esto no solo confirmaría la versión de los hechos que dio origen al conflicto, sino que apuntaría directamente a una falta de veracidad por parte del propio Lage Tuñas, quien en el pleno municipal aseguró que las obras aún no habían comenzado e incluso llegó a anunciar que invitaría a Miguel Lorenzo a visitarlas cuando se iniciaran.
Un laberinto jurídico con una salida incierta
Pero si la ausencia de Inés Rey en la conciliación ya era llamativa, lo que ha generado aún más desconcierto es la decisión del Ayuntamiento de retirarse formalmente de la querella. Una retirada que, a juicio de los expertos consultados, parecía más que lógica desde el principio, dado que el consistorio cuenta con un gabinete jurídico propio que debería haber evaluado la viabilidad y la oportunidad de una acción de este calibre. Lo realmente extraño, por tanto, no es que se haya abandonado el proceso, sino que se llegara a presentar en sus términos.
La gran incógnita ahora reside en la continuidad de Inés Rey en el proceso a nivel personal. Se desconoce hasta dónde estará dispuesta a llegar, teniendo en cuenta que este escenario judicial puede convertirse en una peligrosa baza para los funcionarios que, hasta ahora, han permanecido silenciados al tener abiertos procesos internos municipales. Si la alcaldesa opta por mantener la querella en el ámbito personal, esos trabajadores podrían ser citados a declarar en sede judicial, y el proceso jurídico ordinario tiene un rango y una fuerza probatoria muy superiores a los expedientes internos de carácter administrativo.
Esta eventualidad podría despejar definitivamente las diferencias entre el relato oficial del gobierno local y las pruebas documentales. La comparecencia del inspector de Urbanismo y de los agentes de la Policía Local que acreditaron la existencia de obras irregulares en la propiedad de Lage Tuñas —obras que él mismo negó rotundamente en el pleno— pondría sobre la mesa un escenario donde la verdad material chocaría frontalmente con las declaraciones políticas realizadas desde la bancada del gobierno.
Un caso que deja más preguntas que respuestas
Lo que parecía un asunto olvidado ha vuelto a la primera línea política con más fuerza. La ausencia de la alcaldesa en el acto de conciliación, la retirada del consistorio de una querella que nunca debió presentarse sin el respaldo institucional, y la falta de expedientes a los técnicos que afirmaban la existencia de obras ilegales, dejan al descubierto una gestión cuestionable y plantean serias dudas sobre la veracidad de las declaraciones políticas realizadas desde el gobierno local. Mientras los trabajadores municipales siguen esperando una resolución de un expediente que, para ellos, siempre fue un reflejo de la verdad, el «caso Lage Tuñas» amenaza con destapar una realidad incómoda que el equipo de Gobierno quizá preferiría mantener en el cajón del olvido.