El gobierno de Inés Rey presenta nuevas brigadas y maquinaria mientras el servicio de contratación no ha movido un dedo para regularizar un contrato declarado nulo hace seis años. Los vecinos siguen esperando la recogida de voluminosos y cartón.
El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado este martes un Plan de Mejora de los Servicios de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos y Cuidado del Espacio Público con el que la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, promete «una mejora visible y sostenida» del estado de calles, plazas y barrios. El anuncio llega, sin embargo, envuelto en una contradicción que el gobierno municipal no aborda: el contrato de recogida de basura de la ciudad está anulado por la justicia desde el año 2020, y el servicio de contratación municipal no ha dado ningún paso para solventar esta irregularidad.
La voluntad política, en gestión administrativa, debe ir acompañada de la contratación. Sin un contrato en vigor, el refuerzo anunciado —dos brigadas de desbroce, una brigada de incidencias urgentes, una decapadora, dos barredoras, dos equipos de limpieza por vapor y nuevas máquinas de hidrolimpieza— queda suspendido en el aire de una estructura administrativa que lleva seis años sin resolver el marco jurídico básico del servicio. El plan se presenta como una «nueva organización del trabajo» y una mejora de la coordinación, pero la pregunta que ningún responsable municipal respondió es cómo se articula ese refuerzo sobre un contrato declarado nulo.
Un servicio deficiente que el anuncio no oculta
Mientras el Concello detalla sectores operativos y rotaciones continuas, la realidad cotidiana de los barrios coruñeses sigue marcada por deficiencias que el propio plan reconoce de forma indirecta: «vertidos, problemas de salubridad, acumulaciones excepcionales de residuos». La recogida de voluminosos y de cartón es, según constatan los vecinos, especialmente deficiente. El anuncio de «una reorganización territorial que vincule días concretos de recogida a determinadas calles» no es sino la constatación de que el sistema actual no funciona: si hubiera que reorganizarlo es porque el existente genera acopios en la vía pública y tiempos de permanencia excesivos.
El propio gobierno municipal admite que los «nuevos desarrollos urbanos» y el «uso intensivo de playas, parques y plazas» exigen «adaptar unos servicios diseñados en su día para una intensidad de utilización menor». Es una forma elegante de reconocer que el servicio lleva años obsoleto, pero no explica por qué la corporación no ha impulsado la licitación que sustituya al contrato anulado.
La contradicción del «mapa de puntos problemáticos»
El plan incluye la elaboración de un «mapa de puntos problemáticos» para revisar «lugares con suciedad persistente, vertidos recurrentes, pintadas, papeleras sometidas a una elevada demanda, islas de contenedores con riesgo de desbordamiento». Es decir, el Ayuntamiento reconoce la existencia de problemas persistentes que, en buena lógica administrativa, deberían haber sido corregidos mediante la exigencia contractual al adjudicatario. Pero no hay contrato al que exigir. La herramienta de control que se anuncia —el mapa— sustituye a la palanca jurídica que debería estar en vigor.
La concejala Neira apeló a la «colaboración ciudadana» y a «campañas sobre el uso correcto de las papeleras, el depósito adecuado de residuos, la gestión de voluminosos». Es legítimo pedir corresponsabilidad a la vecindad, pero resulta difícil exigir civismo cuando la Administración no ha resuelto la irregularidad contractual que afecta al propio servicio que se pide cuidar.
Seis años sin solución
El contrato de recogida de basura de A Coruña fue anulado por la justicia en 2020. Desde entonces, el servicio se ha venido prestando en una situación de interinidad o prórroga de hecho que el servicio de contratación municipal no ha regularizado. La presentación de un plan de refuerzo sin abordar esta cuestión esencial equivale a pintar la fachada de un edificio con los cimientos en litigio.
El Plan de Mejora 2026-2027 promete «una ciudad con calles más limpias, menos maleza y vertidos, menos incidencias pendientes». Son objetivos legítimos. Pero la ciudadanía tiene derecho a saber cómo piensa el gobierno municipal contratar los medios que anuncia, con qué marco jurídico, y por qué no se ha procedido en seis años a licitar un servicio esencial que la justicia declaró irregular. La transparencia que la concejala invoca en su nota —»una gestión transparente y corresponsable»— exige, como mínimo, una respuesta a esa pregunta.