Inés Rey y Lage Tuñas contradicen informes técnicos y jurídicos al aceptar un acuerdo transaccional que perjudica los intereses públicos
El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña debatirá mañana una moción presentada por el Grupo Popular en la que se exige la anulación del acuerdo transaccional con la UTE Albada, una concesionaria que gestionó los rechazos entre 2011 y 2018. El acuerdo, aprobado por la Junta de Gobierno el 24 de febrero de 2025, perdona a la empresa 7.383.930,43 euros, reduciendo la reclamación inicial de 15.683.930,43 euros. El PP considera que esta decisión es «lesiva para los intereses de los coruñeses» y contradice informes técnicos y jurídicos previos que respaldaban la reclamación íntegra.
Miguel Lorenzo, portavoz del Grupo Popular, ha sido contundente: «Exigimos anular el acuerdo de Nostián y seguir reclamando en el juzgado los 15 millones porque es dinero de todos, no de Inés Rey o LageTuñas». Lorenzo ha criticado la falta de coherencia del Gobierno municipal, recordando que en febrero de 2024 la Junta de Gobierno acordó reclamar la totalidad de los pagos indebidos, basándose en informes de la concejalía de Medio Ambiente, la Asesoría Jurídica y el Interventor.
Pagos indebidos y enriquecimiento injusto
Los informes técnicos y jurídicos respaldan que la UTE Albada recibió pagos excesivos por la gestión de rechazos entre enero de 2011 y febrero de 2018. Estos pagos, declarados inválidos por una sentencia firme, supusieron un «enriquecimiento injusto» para la empresa y un daño patrimonial para el Ayuntamiento. El informe de la concejalía de Medio Ambiente, firmado por Noemí Díaz y José Manuel LageTuñas, señalaba que «la UTE Albada no tenía derecho a cobrar y debe reintegrar los pagos en exceso».
Sin embargo, el 24 de febrero de 2025, la Junta de Gobierno aprobó un acuerdo transaccional propuesto por la empresa, renunciando a reclamar más de 7 millones de euros. Esta decisión ha sido calificada por el PP como «injustificada» y «contradictoria» con los informes previos. «Inés Rey no se acuerda de lo que aprobó y LageTuñas no se acuerda de lo que firmó hace un año», criticó Lorenzo.
Falta de transparencia y decisión política
En la comisión de Transparencia celebrada el 6 de marzo, el Gobierno municipal no aportó motivos convincentes para justificar la aceptación del acuerdo transaccional. La Asesoría Jurídica reconoció que la decisión final fue «política y no jurídica», lo que ha generado críticas por parte de la oposición. «¿Cuál es el interés general y en qué beneficia a los ciudadanos permitir que no devuelvan cantidades que hemos abonado indebidamente?», cuestionó Lorenzo.
El PP exige que se anule el acuerdo y se continúe con el proceso judicial para que sea un juez quien determine la cantidad a devolver. «Es dinero público, no de Inés Rey o LageTuñas. Tiene que ser un juez quien diga si son 15 millones o menos», insistió el portavoz popular.
Rechazo unánime de la oposición
La oposición a este acuerdo no solo la mantiene el Partido Popular. Podemos y Sumar también han mostrado su completo rechazo, mientras que el BNG no ha aclarado aún su postura. La polémica ha puesto en evidencia las divisiones internas en el Gobierno municipal y ha reavivado el debate sobre la transparencia en la gestión de los fondos públicos.
El Pleno del jueves será el escenario donde se debatirá esta moción, en un contexto de creciente tensión política y demandas de claridad en la toma de decisiones que afectan al patrimonio de todos los coruñeses.
El acuerdo con la UTE Albada no solo ha generado controversia por su impacto económico, sino también por la falta de justificación y coherencia en su aprobación. Mientras el PP y otros grupos de la oposición exigen responsabilidades, los coruñeses esperan que se priorice el interés público sobre cualquier consideración política.