Cuando se escriba la serie de despropósitos de la ciudad de A Coruña, sin duda uno de ellos será la triste- historia del llamado “parque del Agra”, un proyecto de tantos, guardado en el cajón del olvido, rescatado ahora, casi veinte años después de su presentación, y vendido como un éxito lo que no es más que un remedio de lo que pudo ser.
Volvamos atrás. El 2 de abril de 2006 Javier Losada se presentó en su primer Pleno municipal como alcalde. Había tomado posesión apenas diez días antes tras la marcha de Vázquez al Vaticano. Losada había aprovechado sus últimas semanas como concejal de Urbanismo para presentar un proyecto que su equipo llevaba meses preparando tanto en el diseño como en la gestión; el llamado Parque del Agra. Curiosamente en ese mes de abril iba a ser una vecina del Agra del Orzán, Mar Barcón, la nueva concejala, la que presentaría el documento a debate plenario.
El Parque del Agra era una compleja actuación urbana en uno de los entornos más densos no ya de la ciudad, sino del país. Treinta y un mil metros cuadrados en los que había vivienda, equipamiento público y se incorporaban casi catorce mil metros de zona verde a un entorno en el que era imposible encontrar ni una parcela de hierba en la que sentarse. El plan se había tejido con los principales promotores de las parcelas afectadas, entre ellos Cebrián que había comprado la parcela de las Adoratrices, y completaba el Agra del Orzán entre las calles Gregorio Hernández, Canceliña, Peruleiro, Fany Garrido, Entrepeñas y Almirante Mourelle. Además de incorporar el edificio del Observatorio incluía un equipamiento público con aparcamiento, escuela infantil y centro sociosanitario.
La actuación diseñada por equipo municipal se sostenía en la propuesta de urbanización pública ya desarrollada en el entorno de la Fábrica de Tabacos; es decir, no se esperaría al desarrollo privado del polígono sino que sería una actuación realizada desde el Ayuntamiento. Así se garantizaba, además, poder incluír a los propietarios del Camino del Pinar, titulares de parcelas muy pequeñas que no podrían, en condiciones normales, asumir los elevados gastos de urbanización y se verían abocados a vender o a la parálisis de un entorno ya bastante deteriorado.
El plan nunca llegó a término. Desde el principio encontró la oposición nacionalista de un BNG que hacía valer lo que oteaba en el horizonte, su importancia a la hora de garantizar gobiernos de coalición. Movilizaron a los vecinos con las consignas de que se hacía trato de favor hacia Cebrián, que algunos edificios quedaban sin vistas y que las zonas verdes eran escasas. La gestión se ralentizó, el BNG se mostró implacable en la siguiente legislatura y el plan pasó a mejor vida. En el mandato de Carlos Negreira, con la aprobación definitiva del PXOM, las parcelas de Adoratrices se incluyeron como urbano no consolidado. Se desechó el plan y algunos equipamientos se recuperaron pero en otras zonas del barrio (como la escuela infantil que se llevó a cabo con fondos europeos entre el IES del Agra I y el colegio Raquel Camacho). Cebrián se fue a los tribunales y ganó. En primera instancia y en el Supremo.
En estos días se anuncia a bombo y platillo el nuevo convenio con el promotor que permitirá la construcción de viviendas en ambas parcelas de Gregorio Hernández, la cesión de 3500 metros para suelo público y la apertura del entorno del Observatorio. Diecinueve años más tarde se recupera la gestión urbanística para intentar resolver una zona que ha perdido casi dos décadas de espacios públicos y de zonas verdes. Como no, el BNG saca pecho diciendo que han “exigido” más espacio libre para aprobar el convenio. Quizás no sería mala idea que alguien les recordase que el primitivo plan resolvía más rapidamente, mejor y con menos intervención privada una zona compleja de la ciudad. Y que aquellas manifestaciones provocadas por ellos paralizaron un plan que debía dar aire y desarrollo al Agra del Orzán hace veinte años.
Pero no se equivoquen, aquellas protestas tuvieron menos que ver con el deseo del BNG del defender el medio ambiente y los espacios públicos que con el hecho de que la familia de una de las edilas nacionalistas de aquél momento era propietaria de varias parcelas afectadas y aspiraba a sacar más tajada de las mismas de lo que aparecía en los documentos de urbanismo municipal. En resumen, hacía sus cálculos desde un punto de vista menos “común” y mucho más particular. Así se escribe la historia.
