El gobierno de Inés Rey renuncia a las plusvalías pactadas en 2009 y asume con dinero público unas cocheras que debería pagar la empresa privada, en una operación que beneficia al futuro adjudicatario y vacía las arcas municipales
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El anuncio del concejal de «planes estratégicos», el señor Lage Tuñas, sobre la conversión del antiguo acuartelamiento de la Grela en las nuevas cocheras para los autobuses urbanos ha levantado una polvareda de críticas y suspicacias. Si bien el edil ha querido vender la operación como la solución idónea para la futura licitación del transporte público municipal, lo cierto es que esta decisión abre un profundo interrogante sobre la gestión de un suelo público que, según el convenio firmado con Defensa, tenía otros fines estratégicos y, además, generaría importantes ingresos para las arcas municipales.
Un convenio que no se cumple
El origen de la polémica se remonta a julio de 2009, cuando el Ayuntamiento de A Coruña, gobernado entonces por Javier Losada de Azpiazu, firmó un convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa para la cesión de los terrenos del Cuartel de Automóviles de la Grela . El acuerdo era un dos por uno. Por un lado, Defensa cedía al Concello 30.973 metros cuadrados para la construcción de la Tercera Ronda, una infraestructura viaria clave para la ciudad. Por otro, el Ayuntamiento se comprometía a recalificar el resto de la finca, más de 44.000 metros cuadrados, para usos industriales y comerciales, un cambio de uso que, mediante una subasta pública, generaría unas plusvalías de las que Defensa obtendría el 50% .
La jugada era clara: el Ayuntamiento obtenía el suelo para una gran infraestructura sin coste y, al mismo tiempo, impulsaba el desarrollo económico de la Grela con una operación de recalificación que debía reportar beneficios a ambas administraciones. Sin embargo, este plan se ha torcido. La decisión de destinar una parte sustancial de esos terrenos a las cocheras de autobuses no solo no se alinea con el espíritu del convenio, sino que renuncia de facto a los ingresos que la recalificación habría generado.
¿Regalar el suelo a la concesionaria?
La primera gran pregunta que surge es de índole económica. En un contexto de recursos municipales escasos, ¿por qué el Ayuntamiento va a gastar dinero en unas instalaciones para una licitación pública? El propio concejal Lage Tuñas ha dejado entrever que el Concello asumirá el coste de las instalaciones del transporte públicos. Esta práctica resulta, cuanto menos, extraña si se compara con otros contratos públicos, como el de la recogida de basuras, donde en 2020 se exigió a las empresas licitadoras que fueran ellas quienes asumieran la inversión en instalaciones. La lógica habitual en las concesiones de servicios públicos es que el coste de los medios materiales necesarios para la prestación del servicio, como son las cocheras, recaiga sobre la empresa adjudicataria. El Ayuntamiento, al asumir esta inversión, estaría inyectando dinero público en una infraestructura que luego pasará a ser gestionada por una empresa privada, lo que algunos sectores ya califican como un nuevo «pelotazo».
La segunda pregunta: ¿A quién beneficia?
La segunda cuestión es aún más grave. Al ceder este espacio público para la gestión privada del servicio de transportes, el Ayuntamiento está renunciando a la subasta pública del suelo y, por tanto, a los ingresos que esta generaría. El convenio de 2009 era claro: los terrenos restantes (excluida la Tercera Ronda) se enajenarían en pública subasta para obtener el máximo rendimiento económico. Al destinarlos a las cocheras, el Ayuntamiento no solo incumple ese acuerdo, sino que le regala al futuro concesionario del servicio de autobuses un activo inmobiliario de gran valor sin que éste tenga que desembolsar un euro. El actual servicio de autobuses, prestado por Tranvías, se encuentra en una situación de prórroga y opera con la incertidumbre de una próxima licitación , pero el nuevo concurso, según el gobierno local, debería incluir la obligación de que la empresa asuma el coste de las cocheras , algo que contradice directamente el anuncio de Lage Tuñas. Actualmente las cocheras son a cargo de la empresa que explota el servicio.
Un nuevo capítulo en la gestión del suelo público
La decisión de convertir el cuartel de la Grela en cocheras de autobuses se perfila como un nuevo capítulo en la controvertida gestión del suelo público en A Coruña. Se trata de una operación que, al parecer, beneficia a una empresa privada (la futura concesionaria del bus) en detrimento de las arcas municipales, que podrían haber obtenido un ingreso millonario con la venta de esos terrenos, tal y como establecía el convenio con Defensa.
El gobierno local, encabezado por la alcaldesa Inés Rey, debería dar explicaciones claras y transparentes sobre este asunto. ¿Por qué se incumple el convenio de 2009? ¿Cuál es el coste real para el Ayuntamiento de esta operación? ¿Por qué no se exige a la futura concesionaria que asuma la inversión en las cocheras, como es práctica habitual y como el propio Concello exige en otros contratos? La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se renuncia a unos ingresos públicos tan necesarios y a quién beneficia realmente esta decisión, mientras el suelo público vuelve a ser moneda de cambio en un negocio que deja una vez más un halo de opacidad y falta de interés general.