Firmado por el gobierno de Inés Rey con el apoyo clave del BNG, el polémico acuerdo modifica el PGOM de forma abreviada, beneficiando a grandes tenedores de suelo como Blackstone y la Fundación Juana de Vega, mientras ignora las carencias históricas de movilidad y zonas verdes de la zona
El convenio urbanístico para la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en la zona del Castrillón (API Q28, Parque de Oza) sigue su curso avanzado, con el estudio de impacto medioambiental ya encargado, pero no exento de una profunda polémica que enfrenta al gobierno local con vecinos y pequeños propietarios, quienes denuncian un «pelotazo» que prioriza el beneficio privado sobre el interés general.
El corazón de la controversia radica en la fórmula elegida por el gobierno de la alcaldesa Inés Rey (PSOE), con el apoyo imprescindible del BNG: un procedimiento abreviado que elude el debate y la votación en el pleno municipal, donde se hubiera requerido una mayoría absoluta para una modificación de tal calado. Esta vía rápida ha sido interpretada por la oposición y las asociaciones vecinales como un intento de esquivar el escrutinio público sobre un acuerdo que transformará radicalmente la fisonomía de la ciudad.
Rascacielos frente a infraestructuras olvidadas
La modificación supone un cambio radical en la normativa. Mientras el PGOM de 2013 limitaba las edificaciones a una tipología de bajo + 8 alturas (29,80 metros), el nuevo convenio eleva el listón hasta las 17 plantas (52 metros), permitiendo la construcción de torres que duplican la altura permitida hasta ahora.
Este cambio, que multiplica el aprovechamiento urbanístico y, por tanto, el valor del suelo, beneficiará principalmente a los grandes propietarios de la zona:
- Aliseda Inmobiliaria, propiedad mayoritaria (51%) del gigantesco fondo de inversión estadounidense Blackstone y en un 49% por el Banco Santander.
- La Fundación Juana de Vega.
- El propio Ayuntamiento de A Coruña, que es tenedor de una importante superficie.
Frente a este enorme beneficio para unos pocos, el barrio del Castrillón y sus alrededores se enfrentan a una realidad muy distinta. El convenio estima la llegada de cerca de 4.000 nuevos vecinos, lo que supone una masificación sin precedentes, pero no aporta soluciones reales a los crónicos problemas de movilidad de la zona. De hecho, el plan contempla el corte de la Avenida de la Concordia y la creación de un bulevar en Casanova de Eiris, una medida que, sin alternativas viables de transporte público o vías de circunvalación, según los críticos, «es apostar por el caos».
«El PGOM del 2013 planteaba una red de movilidad coherente con la continuidad de la Avda. de la Concordia, Antonio Ríos, Montes, Órdenes y Avda. Casanova de Eiris. Este convenio rompe esa planificación mientras sigue aumentando la densidad de manera desproporcionada. Es una bomba de relojería para el tráfico», señala un portavoz vecinal.
Además, el aumento del aprovechamiento lucrativo se logra a costa de eliminar zonas verdes previstas, sacrificando espacios de esparcimiento necesarios para una población que crecerá exponencialmente.
La queja de los pequeños propietarios y la lucha vecinal
La crítica no solo viene por la oposición al modelo de ciudad. El convenio establece unas reglas que, en la práctica, crean dos categorías de propietarios. Los pequeños tenedores de solares se encuentran con que, aunque la normativa permita 17 alturas, la realidad económica y la lógica de la promoción les impedirá ejecutar obras de tal envergadura en sus parcelas individuales. Solo las grandes empresas con capacidad de agrupar solares y afrontar macroproyectos podrán aprovechar al máximo esta nueva ordenación, dejando a los pequeños fuera del reparto.
Ante esta situación, la Asociación de Vecinos O Cruceiro ha iniciado una campaña de recogida de firmas para intentar paralizar lo que califican sin tapujos como un «pelotazo urbanístico». Denuncian que el gobierno municipal está hipotecando el futuro de un barrio, colapsando sus infraestructuras y regalando plusvalías a fondos de inversión que poco tienen que ver con el desarrollo armónico de la ciudad, todo ello mediante un procedimiento opaco que silencia el debate democrático.
Mientras el estudio de impacto medioambiental evalúa los efectos de una decisión ya tomada, la sombra de la especulación se cierne sobre el Castrillón, planteando una pregunta incómoda: ¿Para quién se gobierna A Coruña? ¿Para sus vecinos o para los grandes fondos de inversión?