13,2 millones para gestión de escuelas infantiles: el pliego que olvida lo más importante (los niños)
Las ANPAs de seis escuelas infantiles municipales de A Coruña han alzado la voz contra el proceso de licitación para la gestión de estos centros, un concurso público que ha sido adjudicado a tres empresas privadas y que, según denuncian, prioriza la rentabilidad económica sobre el bienestar infantil y la calidad educativa. El malestar se extiende entre las familias y el personal, que afrontan un verano de incertidumbre mientras las administración local guarda silencio.
La polémica estalla en un momento crítico. El expediente de contratación (código 236/2026/30), publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, tiene un valor estimado de 13.270.181,04 euros y establece un contrato inicial de dos años, prorrogable por otros dos. El pliego de cláusulas técnicas, firmado por el concejal Juan Ignacio Borrego Vázquez el pasado 19 de mayo de 2026, detalla la gestión de un total de 8 escuelas y 745 plazas, pero deja un vacío normativo que ha encendido todas las alarmas.
El malestar de las familias: «Nos sentimos excluidos y ninguneados»
Las Asociaciones de Naíñas e Pais (ANPAs) de los centros Carricanta, Arela, Cativos, Rosales, Luis Seoane y Agra del Orzán han sido las primeras en articular un frente común. Su principal reivindicación es clara: «El centro de cualquier escuela infantil deben ser los niños y niñas. Su desarrollo y bienestar no pueden ser moneda de cambio en una subasta empresarial». Las familias critican no solo la falta de transparencia y la ausencia de información previa a la adjudicación, sino también lo que consideran una «falta de respeto» institucional al no haber sido escuchados en un proceso que afecta directamente a la comunidad educativa.
«Hemos visto un pliego que habla de horarios, ratios y seguros, pero que no recoge ninguna cláusula específica que proteja el proyecto pedagógico o que valore el conocimiento del centro por parte de los equipos docentes», señalan desde la ANPA. Las madres y padres hacen un llamamiento a la unión y exigen una educación pública, de calidad y con valores, denunciando que la concesión actual «prioriza el beneficio económico por encima de las personas».
El personal, en el limbo durante el verano
Mientras las familias organizan reuniones, el profesorado de estas escuelas se enfrenta a la peor de las incertidumbres. Tras marcharse de vacaciones durante el mes de agosto -un periodo en el que, según el pliego, los centros permanecen cerrados al público-, los educadores y educadoras no saben qué pasará a su regreso. Aunque el pliego técnico menciona un anexo con personal a subrogar, las fuentes consultadas aseguran que no existen garantías claras sobre la continuidad de las condiciones laborales ni sobre la estabilidad de los equipos educativos que, hasta ahora, han venido desarrollando los proyectos de cada escuela.
Lo que dice (y lo que calla) el pliego técnico
Un análisis detallado de las condiciones técnicas del contrato revela un documento exhaustivo en aspectos logísticos y económicos, pero sorprendentemente laxo en lo que atañe al modelo educativo y a la especificidad de la etapa de 0 a 3 años.
1. Un enfoque puramente operativo:
El pliego define el servicio como una «Gestión integral de las escuelas infantiles municipales», con un horario obligatorio de 07:00 a 17:00 horas, excluyendo el mes de agosto. Se detallan ratios máximos (8 niños para 0-1 años, 13 para 1-2 y 20 para 2-3) y precios fijos para servicios complementarios como la comida (92,34 €/mes) o la merienda (31,66 €/mes). Sin embargo, no hay ninguna mención a criterios de calidad pedagógica más allá de la obligación genérica de presentar un «Proyecto Educativo vinculante».
2. La gran ausencia: condiciones específicas para la primera infancia:
La crítica más repetida por las ANPAs encuentra su reflejo en el vacío del documento. A pesar de que el fin general de estas escuelas es la atención educativa y el desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 3 años, el pliego no establece condiciones específicas que valoren la formación especializada del personal en primera infancia, la psicomotricidad, la alimentación saludable adaptada a edades tempranas o la importancia de la continuidad del vínculo afectivo entre educadores y pequeños. La licitación se convierte, así, en un concurso de servicios generales donde la especificidad educativa queda diluida en la gestión de horarios y menús.
3. Mantenimiento y seguros frente a inversión pedagógica:
La lista de obligaciones de la empresa adjudicataria se centra en el mantenimiento (electricidad, fontanería, carpintería), la contratación de seguros (responsabilidad civil de 600.000 €) y la obligación de cocinar en el propio centro para evitar catering. Sin embargo, se echan en falta cláusulas que incentiven la innovación educativa, la formación continua del profesorado o la participación activa de las familias en la vida del centro.
El riesgo de una escuela de «bajo coste»
Las familias temen que, al no existir baremos específicos que penalicen o bonifiquen la calidad pedagógica, las empresas adjudicatarias opten por reducir costes en el capítulo más importante: el personal cualificado. Aunque el pliego fija las ratios, no especifica la titulación mínima más allá de la exigida por la normativa autonómica ni garantiza que los educadores tengan experiencia previa en las escuelas, lo que podría romper la continuidad de los proyectos educativos que cada centro había construido con los niños y sus familias.
Mientras tanto, el concejal Juan Ignacio Borrego y el equipo de gobierno municipal permanecen a la espera de que las empresas formalicen la adjudicación, mientras el malestar crece entre la comunidad educativa y el reloj avanza hacia el inicio del curso.