El Grupo Popular ha interpelado al Gobierno municipal sobre el número y la gestión de las plazas de aparcamiento para Personas con Movilidad Reducida (PMR), en un contexto marcado por la política de eliminación progresiva de estacionamientos regulares en la ciudad. A través de una batería de preguntas escritas, los populares exigen transparencia sobre si el Ayuntamiento garantiza el mínimo legal de plazas reservadas y qué medidas adopta para frenar los abusos en su uso.
¿Plazas suficientes o lista de espera?
Según datos recientes, A Coruña cuenta con 529 plazas PMR, pero el PP cuestiona si esta cifra es adecuada. El Real Decreto 1056/2014 establece que debe haber una plaza PMR por cada 40 plazas de estacionamiento general o fracción (Art. 5). Sin embargo, la eliminación masiva de plazas de aparcamiento convencionales —una medida impulsada por el equipo de gobierno— podría estar alterando este equilibrio.
Los populares preguntan:
- ¿Considera el Ayuntamiento que el número actual de plazas PMR es suficiente para cubrir la demanda real?
- ¿Existe una lista de espera para la obtención de tarjetas PMR en el municipio y, en caso afirmativo, cuántas personas la integran?
La respuesta a estas cuestiones es clave, ya que la reducción de aparcamientos generales podría estar afectando indirectamente a la ratio obligatoria de plazas accesibles, perjudicando a un colectivo que ya enfrenta barreras diarias.
Denuncias por uso indebido: ¿sanciones efectivas o papel mojado?
Otro punto de controversia es el control sobre el mal uso de estas plazas. En 2024, la Policía Local interpuso 1.427 denuncias por estacionamiento irregular en zonas PMR, pero el PP quiere saber:
- ¿Cuántas de esas denuncias se tramitaron en su totalidad? Es decir, si las sanciones se materializaron o quedaron en meros expedientes sin consecuencias.
- ¿Planea el gobierno municipal reforzar la vigilancia contra el fraude en el uso de tarjetas PMR?
Este último aspecto es especialmente relevante, ya que existe preocupación por ciudadanos que utilizan permisos no vigentes o de familiares sin acreditación, un problema recurrente en otras ciudades. Los populares insisten en que la tolerancia con estas prácticas perjudica a quienes realmente necesitan las plazas.
Contexto: menos aparcamiento, más dudas
La política municipal de reducir plazas de estacionamiento —justificada en la promoción del transporte público— ha generado críticas por su impacto en la movilidad. En este escenario, el PP subraya que garantizar el acceso a plazas PMR no es solo una obligación legal, sino una cuestión de derechos sociales.
Mientras el Ayuntamiento prepara su respuesta, asociaciones de personas con discapacidad reclaman más controles aleatorios y campañas de concienciación. «Una plaza PMR ocupada ilegalmente puede dejar a alguien sin acceso a una consulta médica o al trabajo», advierte un portavoz de COCEMFE Galicia.
El debate sigue abierto: ¿está A Coruña protegiendo adecuadamente a las personas con movilidad reducida, o las políticas urbanísticas están generando nuevos obstáculos?