Los populares registran una pregunta oral para el pleno del 9 de abril tras las protestas del sector del taxi, que denuncian la falta de sanciones pese a los informes de la Xunta
La guerra entre el taxi y los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) vuelve a callejearse en el plano institucional. El Grupo Municipal del Partido Popular ha registrado una pregunta oral para el próximo pleno del 9 de abril con el objetivo de que el gobierno local (PSOE-BNG) explique por qué la Policía Municipal no está sancionando a los VTC que operan presuntamente al margen de la normativa vigente.
La iniciativa llega apenas una semana después de que los taxistas coruñeses protagonizaran una protesta por las calles de la ciudad para visibilizar su malestar ante lo que consideran un incumplimiento sistemático de las reglas que limitan la actividad de las VTC. Según denuncian, estos vehículos realizan servicios urbanos de forma irregular, compitiendo en condiciones desleales.
El concejal popular Miguel Lorenzo ha sido el portavoz de una reclamación que, según explica, traslada la propia inquietud del sector. “Los taxistas se preguntan por qué la Policía local de A Coruña no ha impuesto ninguna sanción a los VTC que incumplen la normativa. Ven demasiada inacción municipal y no lo entienden”, señaló Lorenzo.
El embudo de las sanciones
Uno de los puntos que más controversia genera es la gestión de los expedientes sancionadores remitidos por la Xunta de Galicia, competente en materia de transporte. Según los datos aportados por el PP, la administración autonómica ha enviado al ayuntamiento un total de 245 sanciones correspondientes al año 2025.
Sin embargo, el edil popular alertó de que “de momento el Gobierno solo ha notificado 36 y alguna empresa afirma que no ha recibido ninguna. Algo raro está pasando con las sanciones”. Esta disparidad, asegura, genera una sensación de impunidad en un sector que exige igualdad de condiciones.
Lorenzo recordó que las reclamaciones de los taxistas no buscan un privilegio, sino el cumplimiento de una normativa que, insiste, es clara: los VTC no pueden prestar servicios urbanos a menos que exista una ordenanza municipal que lo autorice expresamente, deben ser contratados con un margen mínimo de 15 minutos de antelación y tienen prohibido recoger pasajeros en las paradas reservadas al taxi.
“Hace solo unos meses, PSOE y BNG aprobaron una ordenanza de movilidad que no incluía estas autorizaciones, por lo que perdieron una gran oportunidad para clarificar el marco”, subrayó el concejal.
Una exigencia de cumplimiento normativo
Miguel Lorenzo quiso dejar claro que el Partido Popular respalda la esencia de la demanda del colectivo. “Por eso entendemos sus reivindicaciones, piden que se cumpla la normativa y que se sancione al que no la cumpla. El Gobierno municipal debe ser el primero en garantizar eso, y en A Coruña no lo hace”, afirmó con rotundidad.
Desde el gobierno local, de momento, no han emitido una respuesta oficial a estas acusaciones, aunque fuentes municipales apuntan a que la explicación sobre la gestión sancionadora se ofrecerá en el pleno del día 9.
Mientras tanto, la tensión en el sector del transporte urbano se mantiene latente. Los taxistas advierten de que, de no producirse avances en la vigilancia y sanción de las infracciones, no descartan retomar las movilizaciones para exigir lo que consideran una cuestión de supervivencia para su gremio: que las reglas del juego sean iguales para todos.