El Servicio de Atención a la Dependencia en el Hogar (SAF) de A Coruña atraviesa una situación crítica que pone en riesgo tanto el bienestar de las personas dependientes como las condiciones laborales de quienes las atienden. Este servicio, esencial para cientos de familias coruñesas, se ha convertido en un ejemplo más de cómo la externalización y la falta de voluntad política pueden degradar un derecho fundamental.
Una gestión privatizada al servicio del beneficio, no de las personas
Actualmente, el SAF está gestionado por dos empresas privadas, entre ellas Os Ventos Innovación e Servizos, S.L. Desde hace más de dos años, las trabajadoras denuncian incumplimientos sistemáticos que afectan tanto a su dignidad laboral como a la calidad del servicio.
Los problemas son múltiples:
- Retrasos reiterados en el pago de nóminas, una irregularidad inadmisible que refleja el desprecio hacia un sector feminizado y precarizado.
- Falta de material básico, como uniformes, y carencia de ayudas técnicas necesarias para garantizar la seguridad en movilizaciones y cuidados.
- Formación insuficiente: solo dos cursos online en dos años, incumpliendo el convenio colectivo, que exige capacitación en demencias, prevención de riesgos y técnicas de movilización.
Incumplimiento de la normativa y riesgos para usuarias y trabajadoras
El Real Decreto 893/2024 establece estándares mínimos de seguridad y calidad en la atención domiciliaria, pero las empresas adjudicatarias los ignoran. Trinidad Palacios, portavoz de Movimiento Sumar Coruña, denuncia: «No se hacen evaluaciones adecuadas en los domicilios, y faltan recursos para trabajar con seguridad». Esto no solo perjudica a las personas dependientes, sino que expone a las cuidadoras a riesgos laborales evitables.
Además, la mala organización agrava la situación:
- Turnos mal asignados, con servicios en zonas alejadas del ámbito habitual, dificultando la conciliación.
- Descansos incumplidos, generando sobrecarga y desgaste físico y emocional.
El Ayuntamiento mira para otro lado
Pese a las reiteradas denuncias, el gobierno municipal ha optado por la inacción. La alcaldesa Inés Rey y la concejala de Servicios Sociales, Nereida Canosa, conocen el problema, pero en lugar de actuar, planean prorrogar el contrato con las mismas empresas.
«Es incomprensible que un gobierno que se dice progresista permita esta situación y, encima, siga privatizando un servicio esencial», critica Palacios. La falta de transparencia en la gestión y la ausencia de voluntad para remunicipalizar el SAF contrastan con las políticas de otros ayuntamientos que ya han recuperado este tipo de servicios para garantizar su calidad.
Propuestas urgentes para un SAF público y digno
Desde Movimiento Sumar Coruña exigen:
- No prorrogar el contrato sin mejoras reales en condiciones laborales y calidad asistencial.
- Abrir un proceso de licitación con criterios sociales, priorizando empleo estable y atención de calidad.
- Debatir la remunicipalización, como ya se ha hecho en otras ciudades, para evitar que el lucro empresarial prime sobre los derechos sociales.
- Crear mecanismos de control con participación de trabajadoras y familias.
Conclusión: Cuidar a quien cuida
La crisis del SAF no es un fallo puntual, sino el resultado de un modelo que mercantiliza los derechos sociales. Las trabajadoras, en su mayoría mujeres, sostienen este servicio con profesionalidad pese a las pésimas condiciones. Como señala Palacios: «No se puede cuidar bien si no se cuida a las trabajadoras. Pedimos medios, estabilidad y dignidad».
El Ayuntamiento tiene la obligación de actuar. La dependencia no puede ser un negocio.