El alto tribunal anula la partida del bonobús de 2024 por “insuficiencia manifiesta”
Nuevo revés judicial para la alcaldesa Inés Rey y sobre todo para su concejal de Hacienda, Lage Tuñas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró nulo el presupuesto aprobado por el gobierno municipal para pagar el bonobus en 2024, debido a que no contemplaba los gastos reales. En concreto, el gobierno municipal aprobó un presupuesto de 7,9 millones para 2024 y el gasto real a subvencionar superó los 15,3 millones, lo que supone una desviación injustificable.
Lo más grave es que de esos 7,9 millones aprobados en 2024, 5,4 millones se destinaron a pagar facturas pendientes del año anterior y tan solo destinaron 2,2 millones a pagar la factura del bus urbano de los dos primeros meses de 2024, una demostración de la ineptitud de esta pareja a la hora de aprobar un presupuesto municipal ajustado a la realidad.
Queda demostrado que Lage Tuñas e Inés Rey no saben elaborar un presupuesto municipal y tan solo contemplaron el pago de los dos primeros meses de 2024. De esta manera, privaban a la empresa concesionaria, Compañía de Tranvías, de cobrar los 10 meses restantes hasta casi mediados de 2025, cuando entrase en vigor un nuevo presupuesto.
El varapalo del alto tribunal a la negligente forma de gestionar del gobierno municipal coruñés ha sido contundente y en la sentencia afirma que existía una “insuficiencia manifiesta” para cubrir la subvención de los viajeros de bus urbano, condenó a Inés Rey y Lage Tuñas a aprobar un presupuesto que contemple los suficientes recursos económicos para garantizar el servicio público de transporte urbano e instó a que no se vuelva a repetir el déficit presupuestario que estos indolentes gestores han cometido en los seis años que llevan gobernando.
La bajada unilateral del billete de bus urbano tampoco fue legal
El servicio de bus urbano ya se puso en riesgo en 2018 con la decisión del gobierno municipal de Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) de imponer una rebaja del billete de bus urbano. El 24 de septiembre de ese año, el regidor populista afirmó que esta rebaja unilateral era “posible, legal y de justicia”, pero el tiempo demostró que solo era una huida hacia delante y que, años después, los coruñeses se ven obligados a asumir una indemnización de 14 millones de euros, ya que el 1 de octubre de 2021, el TSXG ratificó que esa decisión irracional no tenía amparo legal y ordenó compensar económicamente a la Compañía de Tranvías por las pérdidas sufridas.
Por otro lado, la actual alcaldesa, Inés Rey, se empecinó en agravar los daños económicos causados por Ferreiro, al recurrir las sentencias judiciales ante el Tribunal Supremo, que el 11 de octubre de 2022 volvió a dar la razón a la Compañía de Tranvías, lo que incrementó los intereses de la deuda generada.
La irracional decisión de Ferreiro y el empecinamiento de Inés Rey le van a costar a los coruñeses más de 14 millones de euros, resultado de lo que no ha cobrado la empresa durante estos años, a lo que hay que añadir los intereses de demora.