Sorprendente propuesta del sindicato STL
El conflicto laboral que afecta a la empresa concesionaria de la recogida de la basura en A Coruña supera los quince días, provocando la acumulación de montones de desperdicios apilados en torno a los contenedores, malos olores y la presencia de ratas y gaviotas, lo que convierte esta situación en un problema de salud pública. Desde el lunes este servicio vuelve a estar en huelga y según el comité de empresa, el paro iniciado no reconoce servicios mínimos.
Los representantes de los trabajadores alegan que es la empresa PreZero quien no convocó al comité de huelga, y tampoco el Gobierno local ha seguido el procedimiento adecuado.
El pasado lunes, la alcaldesa Inés Rey anunció una reunión con representantes de Prezero, lo que podría significar un punto de inflexión en el conflicto laboral. El secretario general del sindicato STL, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, informó puntualmente de todos los detalles a los trabajadores en la asamblea que se celebró a las puertas de las instalaciones de Prezero en el polígono de A Grela.
Las partes implicadas
- Los contribuyentes pagamos las tasas de la recogida de basura en el recibo del agua, con un incremento del 3% en 2024. Por otra parte, sufrimos directamente una situación de insalubridad con las calles llenas de residuos y malos olores.
- Los trabajadores reclaman una subida salarial, planes de formación y el cumplimiento del convenio por parte de PreZero.
- PreZero, empresa que absorbió la anterior concesionaria CESPA, a la que le fue concedido el contrato en 2020. Este contrato fue anulado por una sentencia en firme del TSXG que observa que este contrato millonario fue mal adjudicado por parte del Ayuntamiento de A Coruña.
- El Gobierno local es el responsable de recaudar los impuestos con los que posteriormente se sufraga el servicio de recogida. La ley recoge que le corresponde a los municipios, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y al menos la eliminación de los residuos urbanos.
En busca de una solución
Los primeros actores que deben intentar alcanzar un entendimiento son los trabajadores y la empresa, siendo el primer nivel de relación laboral. Pero la basura sigue inundando la ciudad a pesar de que la huelga había finalizado a finales de junio y se reanudo este pasado lunes.
Es evidente que el diálogo no ha dado resultados positivos, por eso el sindicato STL ha propuesto la participación de un mediador en esas negociaciones inexistentes o infructuosas.
El mediador y el caso STL
Un mediador es un profesional que se encarga de favorecer el diálogo entre las personas en conflicto. Se trata de una figura neutral y objetiva, cuyas funciones principales son tender puentes, contribuir a limar asperezas y alimentar un acuerdo convincente.
Sorprende mucho la persona propuesta por el sindicato mayoritario STL como mediador del conflicto: el concejal del Gobierno local Gonzalo Henrique Castro.
Varios son los motivos que, a todas luces, inhabilitan a Castro para ejercer de negociador.
En primer lugar, incumple el requisito imprescindible de neutralidad.
Por otro lado, forma parte del equipo de gobierno que contrata el servicio de recogida de basuras, lo que le sitúa en una posición de juez y parte.
Además de estos condicionantes, hay que añadir un tercero no menos importante. El Juzgado número 6 de A Coruña está investigando el llamado Caso STL, un proceso en el que el Ayuntamiento de A Coruña solicitó personarse en calidad de perjudicado, petición que el juzgado admitió parcialmente limitándolo a una pieza del caso.
Distintos medios de comunicación han informado de la existencia de grabaciones de unas conversaciones entre el máximo responsable del sindicato y miembros del gobierno local, intercambiando información sobre contratos de jardinería.
Todo esto convierte al concejal Gonzalo Castro en una persona del todo inadecuada para desempeñar el papel de mediador en este oscuro conflicto.
Inés Rey, máxima responsable
Cuando el problema laboral se convierte en un problema para los vecinos, el ayuntamiento tiene la obligación de intervenir. Pero la alcaldesa ha dejado pasar más de 15 días antes de reunirse con la empresa con la que tiene contratado el servicio.
Sus declaraciones sobre el tema denotan indecisión y contradicción, declarando que “estamos atados de pies y manos”, para posteriormente asegurar “no descarto ninguna medida por drástica que sea”.
En marzo de 2022 se decretó la emergencia sanitaria, llegando a tener un camión con las ruedas pinchadas en medio de la plaza de María Pita, uno de los lugares con mayor número de cámaras y vigilancia de la sede del Gobierno local.
Todas las acciones anunciadas por la alcaldesa para aclarar estos actos vandálicos quedaron en nada en cuanto se acercaban las elecciones municipales de 2023. ¿Actuará igual ahora que faltan casi tres años para las próximas elecciones? ¿Por qué no volvió a informar de aquellos actos?
Situación de los contratos vinculados a la limpieza
Limpieza viaria
Contrato en vigor con una UTE en la que FCC es la principal empresa.
Recogida de basura
En septiembre del 2023 el Gobierno local tuvo conocimiento de la sentencia que anulaba el contrato con CESPA (actual PreZero), dándole la razón a la empresa Valoriza. Dicha sentencia anula el acuerdo de la Junta de Gobierno de 8/10/2020. Pero hasta el momento, lo único que ha comunicado el Gobierno local es que se volverá a reunir la mesa de contratación. Ya van diez meses desde que se conoció la sentencia del TSXG.
Nostián, tratamiento de residuos
En diciembre de 2019, la alcaldesa anunció en sesión plenaria que los pliegos para la licitación estaban listos. Actualmente y tras varios años sin contrato, la planta presenta importantes deficiencias en el mantenimiento, lo que provoca un serio problema de seguridad laboral. ¿Qué interés tiene el gobierno de Inés Rey en retrasar esta licitación?
Con dos de los tres contratos en precario, una huelga sin visos de solución y la judicialización del conflicto con el sindicato STL, el Gobierno municipal se encuentra sobrepasado por la realidad.
