Posible uso sancionador de las cámaras ZBE
El presupuesto municipal contempla ingresar 7,5 millones de euros por sanciones, más del doble de lo recaudado en 2023
El presupuesto del Ayuntamiento de A Coruña para 2025, que podría quedar aprobado si la oposición no presenta una moción de censura tras la cuestión de confianza planteada por la alcaldesa Inés Rey, contempla una previsión de ingresos por sanciones de tráfico de 7,5 millones de euros. Esta cifra supone un incremento respecto a los 7 millones presupuestados en 2024 y más del doble de lo efectivamente recaudado en 2023, cuando el Ayuntamiento ingresó 3.288.090,10 euros por este concepto, según datos oficiales del propio Gobierno local.
El significativo aumento previsto en la recaudación de multas ha generado inquietud, dado que alcanzar semejante cifra implicaría una intensificación de las sanciones a los conductores. Algunos analistas consideran que esta previsión podría responder a la necesidad de reducir el déficit presupuestario que el Ayuntamiento viene arrastrando en los últimos años. Sin embargo, esta estrategia podría resultar impopular, especialmente en un contexto preelectoral.
Cámaras de videovigilancia y la ZBE como herramienta de control
En los últimos meses, el Ayuntamiento ha desplegado un importante número de cámaras en la ciudad, justificando su instalación en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Sin embargo, sectores críticos con la gestión municipal temen que estas infraestructuras terminen utilizándose de forma prioritaria para la imposición de multas en lugar de para mejorar la circulación en la ciudad.
Vecinos y colectivos ciudadanos han expresado que preferirían que estos dispositivos se empleasen para optimizar el tráfico, por ejemplo, ajustando la frecuencia de los semáforos en puntos especialmente congestionados. En varias zonas de la ciudad, la regulación del tráfico sigue funcionando con criterios desfasados que no se ajustan a las necesidades actuales de movilidad.
Un aspecto omitido en la presentación de los presupuestos
Pese a la relevancia de esta cuestión, ni la alcaldesa Inés Rey ni el concejal de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, hicieron mención expresa a este apartado en la presentación de los presupuestos municipales. El discurso oficial se centró en destacar las inversiones y mejoras previstas, pero omitió detalles sobre el impacto que podría tener esta política sancionadora en el bolsillo de los ciudadanos.
La oposición y diversos sectores de la sociedad civil han comenzado a cuestionar si este enfoque responde a una necesidad recaudatoria más que a una verdadera estrategia de mejora de la movilidad urbana. A medida que avance el año y se implemente el nuevo presupuesto, quedará por ver si se confirma este drástico incremento en la imposición de multas y cuáles serán las reacciones de la ciudadanía.