El Gobierno local de A Coruña decide no recuperar la totalidad de los fondos adeudados por la empresa gestora de la planta de Nostián, a pesar de contar con sentencias judiciales favorables
El gobierno municipal de A Coruña, presidido por Inés Rey y representado en este caso por el teniente de alcalde, José Manuel Lage Tuñas, ha decidido renunciar a más de 7 millones de euros de dinero público en un acuerdo extrajudicial con la empresa Albada, gestora de la planta de tratamiento de residuos de Nostián. Esta decisión ha generado un intenso debate y críticas por parte de la oposición y los ciudadanos, quienes exigen transparencia y justificación ante lo que consideran un «regalo» injustificado a una empresa privada.
Antecedentes del conflicto
El origen del conflicto se remonta a la época del alcalde Javier Losada, cuando el Ayuntamiento de A Coruña asumió el pago de cerca de la mitad de los tratamientos de los rechazos generados en la planta de Nostián. Estos pagos, que se realizaron durante años, fueron posteriormente cuestionados durante el mandato del Partido Popular (PP), que inició un litigio para reclamar la devolución de las cantidades consideradas indebidas.
El caso pasó por varias instancias judiciales. Primero, el Tribunal Contencioso-Administrativo dio la razón al Ayuntamiento. Luego, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmó la sentencia (en época de Gobierno de Marea Atlántica), respaldando la postura de la administración local. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Albada, agotando así todas las vías legales para la empresa.
El acuerdo extrajudicial: una decisión polémica
A pesar de contar con sentencias favorables y de haber agotado todos los recursos legales, el gobierno actual decidió no exigir la devolución íntegra de los 15,6 millones de euros adeudados. En su lugar, ha optado por un acuerdo extrajudicial en el que Albada devolverá únicamente 8,3 millones de euros, renunciando el Ayuntamiento a más de 7 millones de euros de dinero público.
Esta decisión ha sido calificada como un «regalo» por parte de la oposición y diversos sectores de la sociedad coruñesa. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué el Gobierno local no ejecutó la sentencia y recuperó la totalidad del dinero, especialmente cuando los tribunales confirmaron que los pagos fueron indebidos?
Falta de transparencia y preguntas sin respuesta
En una rueda de prensa, Lage Tuñas justificó el acuerdo mencionando informes de la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Sin embargo, estos informes no han sido hechos públicos, lo que ha aumentado la desconfianza y las críticas. Además, tampoco se han publicado los informes del Secretario y del Interventor municipal, figuras clave en la supervisión de la legalidad y la gestión financiera.
Las preguntas que surgen son numerosas:
- ¿Qué motivos realeshan llevado al Gobierno local a renunciar a más de 7 millones de euros?
- ¿Qué contraprestaciones recibió el Ayuntamiento a cambio de este acuerdo?
- ¿Por qué no se ha hecho pública la documentación que respalda esta decisión?
Implicaciones para los ciudadanos
Los contribuyentes de A Coruña han sido los principales perjudicados en este caso. El dinero que ahora no se recuperará podría haber sido destinado a mejorar servicios públicos, infraestructuras o proyectos sociales en la ciudad. La renuncia a una cantidad tan significativa afecta directamente a las ya dañadas arcas municipales y, por ende, a la calidad de vida de los vecinos.
Exigencias de transparencia y responsabilidad
El caso Albada ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los motivos detrás de decisiones que afectan directamente a sus bolsillos y a exigir responsabilidades si se demuestra que se ha actuado en contra del interés público.
El gobierno de Inés Rey tiene la obligación de aclarar las dudas y publicar todos los informes relacionados con este acuerdo. Solo así se podrá restaurar la confianza en una administración que, en este caso, ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha generado más incertidumbre que certezas.
José Manuel Lage Tuñas suele repetir una frase en sus intervenciones: “el dato mata al relato”. En este caso, el portavoz municipal hace todo lo contrario. Mediante un relato más que cuestionable, intenta matar un dato irrebatible: el Concello renuncia inexplicablemente a más de siete millones de euros que le corresponden por sentencia judicial en firme mientras acumula una deuda que supera los 100 millones de euros.