La compañía, cuarta operadora española de hidrocarburos, denuncia un «doloso, premeditado y prevaricador silencio administrativo» que le genera un grave daño patrimonial
HATTA Energy, la cuarta operadora española de hidrocarburos y principal distribuidora para gasolineras independientes, ha anunciado que presentará «de forma inminente» una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria. La empresa acusa a la Delegación de la AEAT en Galicia de mantener un «silencio administrativo» que califica de «prevaricador» y que mantiene a la compañía en un limbo legal desde el pasado mes de enero.
El origen del conflicto se encuentra en la solicitud por parte de HATTA de la condición de «operador confiable», una nueva figura que entró en vigor en enero de 2026 y para cuya resolución la Administración disponía de un plazo máximo de tres meses. Dicho plazo expiró el pasado 6 de abril sin que la Delegación Especial de la AEAT en Galicia haya dictado resolución expresa alguna.
Un problema que repercute en el precio de los carburantes
La compañía, con sede en Oleiros (A Coruña), asegura cumplir con las cuatro condiciones exigidas para obtener la certificación. Sin embargo, la «premeditada» dilatación del expediente le obliga a adelantar el 110 por ciento del IVA en cada operación, generando un problema financiero que, según HATTA, repercute directamente en la salud de la empresa y, en última instancia, «en el precio final que los ciudadanos pagan en las gasolineras».
Y es que HATTA no es un actor menor en el sector. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incluyó a la compañía el pasado diciembre entre los cinco «operadores principales» de España. Como principal distribuidora de producto para las gasolineras independientes —que suponen más del 40 por ciento del total nacional—, su papel es considerado «clave» para la moderación de los precios del gasóleo y la gasolina.
Cinco altos cargos en el punto de mira
La querella criminal, que según fuentes de la empresa está siendo ultimada, se dirigirá contra cinco altos funcionarios: el delegado especial de la AEAT en Galicia, el jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Galicia, una inspectora y un técnico de Inspección —todos ellos destinados en Galicia—, así como una jefa de área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) con sede en Madrid.
HATTA sostiene que estos cinco funcionarios formarían parte de «una trama corrupta» dirigida desde Madrid, cuyo propósito sería «propiciar una concentración y control del mercado de los combustibles» mediante la eliminación de uno de sus principales actores. La empresa habla abiertamente de una «estrategia de persecución selectiva, reiterada e injustificada» y de la creación de «un entorno administrativo hostil diseñado para estrangular su operativa diaria».
Delitos de prevaricación y coacciones
Entre los delitos que HATTA solicita investigar figuran la prevaricación administrativa, el retardo malicioso en la Administración, la denegación de auxilio, la vulneración de derechos fundamentales y las coacciones. La actuación descrita, según la compañía, sería «dolosa, premeditada y orientada a la expulsión de HATTA del mercado de distribución de hidrocarburos en España».
La querella complementará una denuncia presentada el pasado 18 de marzo ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha tenido ya dos ampliaciones para aportar nuevos datos a la acusación pública.
Una empresa en pleno crecimiento
HATTA Energy cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 3.500 millones de euros y se encuentra cerca de convertirse en el tercer mayor distribuidor mayorista de carburantes del país. Su peso en el suministro de las gasolineras independientes la convierte en un actor fundamental para la competencia en el sector y, según fuentes del mercado, en un «termómetro» de los precios finales que pagan los consumidores.