Este domingo 1 de febrero están previstas concentraciones en toda España contra la caza y el maltrato que supone para los perros dedicados a esta actividad de “ocio” su cría, su entrenamiento y sobre todo su abandono cuando ya n son útiles por edad o por lesiones.
Se calcula que más de 12.000 perros de caza son abandonados anualmente en nuestro país, sobre todo al final de la temporada de caza. Obviamente esa cifra es negada por el sector cinegético que la sitúa en alrededor de 2.500 (sea cual sea su número,sigue siendo indecente), argumentando que la causa se encuentra en los extravíos (¿?) o escapadas (se supone que un perro de caza es un perro adiestrado con lo que el argumento del escapismo cae por su propio peso); según los datos que ofrecen asociaciones y protectoras de animales, Andalucía encabeza el triste ránking de perros de caza abandonados.
De los cerca de 8.000.000 de perros existentes en España, unos 500.000 están dedicados a la caza, contando nuestro país con más de 850.000 licencias y casi dos millones y medio de armas.
Las razas más utilizadas para estos “menesteres” son galgos, podencos, pointers y setters, entre otros, cuyos dueños tienen la obligación de darlos de alta en un registro especial de carácter autonómico, y de cumplir con las responsabilidades de vacunación, desparasitación e identificación, además de contar con un seguro de responsabilidad civil normalmente gestionado por la Real Federación de Caza; de entre esas razas los galgos y podencos son los más abandonados. Para comprobar que esto es así no hay más que entrar en las webs y redes de las protectoras para ver cómo se incrementa su número a partir del mes de febrero.
Y es que, para mayor abundamiento, la ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales nocontempla específicamente la situaciónde los perros de caza, dejándolos bajo la regulación sectorial de cada Comunidad Autonómica que, claro, suele ser bastante permisiva, para no perder los votos del sector que actúan como un auténtico lobby. Así mientras que los perros de compañía no pueden permanecer más de 24 horas solos, los de caza son “aparcados” y encerrados en fincas con la comida y agua para unos días sin recibir visita alguna. Por otro lado la ley 7/2023 señala taxativamente que no se pueden utilizar mecanismos dañinos para el adiestramiento de perros de compañía, pero nada se dice respecto del adiestramiento de los perros de caza. Y, por cierto, la única manera de acreditar legalmente que los perros son de caza es que el titular de dichos perros disponga de una licencia en vigor y que tenga toda la documentación de los perros en regla.
El número de licencias de caza en nuestra Comunidad Autónoma ronda las 35.000, regulándose esta “actividad” a través de la Ley 13/2013 de caza de Galicia y su normativa de desarrollo; esta normativa limita el número de perros por cazador a un máximo de cuatro por persona.
Por lo general, los perros de caza están en plenitud de facultades físicas y de olfato entre los 2 y los 7 u 8 años; pero no es la edad una de las principales circunstancias de abandono,pues el deterioro físico que sufren a causa de las dificultades de los terrenos, la caza intensiva, las lesiones o a las malas condiciones climáticas (frío, humedad, lluvia, etc) reducen de modo drástico su vida “útil” aunque no la de compañía. Por no hablar de las hembras que son encerradas para “producir” camadas y camadas hasta quedar exhaustas.
Si para muchos ya es más que cuestionable la actividad de la caza, lo que ya resulta intolerable es que a los perros dedicados a ello no se les aplique en su totalidad la ley 7/2023, amparándolos más si cabe en sus derechos. ¿No es acaso ese doble rasero un modo de discriminación? ¿hay perros con más derechos que otros en lo referente a su bienestar y seguridad?