El descontrol presupuestario de Inés Rey
La incorporación de la cuenta 413 (acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto) en la contabilidad pública fue un avance en términos de transparencia, ya que permitió identificar aquellas facturas que no habían sido formalmente aplicadas a un presupuesto, lo que se conocía coloquialmente como «facturas en el cajón«. Desde la reforma de la contabilidad en 2016, se exige que estas facturas sin crédito suficiente sean contabilizadas en la cuenta 413 para facilitar su control y evitar que queden fuera del radar presupuestario.
Sin embargo, a pesar de esta medida, aún puede existir una forma de ocultar intencionadamente ciertas facturas.
Es posible que algunas administraciones mantengan prácticas poco transparentes o que no se contabilicen adecuadamente determinadas obligaciones de pago, dejando “en el cajón» aquellas facturas que no se desean visibilizar, una práctica que contravine los principios de transparencia financiera y fiscal.
Este tipo de anomalías puede generar problemas como el aumento de la deuda oculta, el deterioro de la confianza en las instituciones públicas y, a largo plazo, conflictos con proveedores por pagos atrasados o impagos.
Además, la cuenta 413 se convierte en una herramienta esencial para las auditorías, ya que permite fiscalizar la correcta aplicación del gasto público y su reflejo en los presupuestos anuales.
En el informe presentado por la tesorería municipal nos encontramos que al cierre del ejercicio de 2023 el importe de facturas sin crédito ascendía a 11.634.851,12 €. Si tenemos en cuenta que la cuenta de remanente para gastos generales tenía un importe de 6.236.177,76 €, el resultado evidencia un caos presupuestario y serios problemas de tesorería.
Tampoco parece que la situación se haya corregido en 2024: en el primer trimestre de este año la cifra superaba los 10 millones de euros, contabilizando solo los datos del Ayuntamiento, sin tener en cuenta el IMCE ni ningún otro organismo dependiente.
En la gráfica siguiente se puede observar la tendencia de los últimos cuatro ejercicios, un patrón de crecimiento descontrolado que demuestra dificultades para gestionar el presupuesto de forma eficiente.
Por si fuera poco, debemos sumarel barullo presupuestario de otros entes municipales como el IMCE.
El importe total de facturas sin crédito presupuestario del IMCE de la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2023 asciende a 3.646.241,96 €. Si esta cantidad pudiera ser hipotéticamente imputada al presupuesto, restarían el saldo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Así que en lugar de los 497.761,14 € positivos, el resultado final es de -3.148.480,82 €
Este saldo negativo de 3,148 millones de euros constituye una situación de iliquidez a corto plazo del IMCE ya que, en resumen, las obligaciones económicas pendientes de pago son superiores a los fondos líquidos y a los derechos pendientes de cobro.
Si tenemos en cuenta que el presupuesto inicial del IMCE ascendió en el ejercicio 2023 a 6.730.000, el desfase de la cuenta 413 es superior al 50% de la partida inicial. Teniendo en cuenta que esta cuenta recoge las facturas sin crédito, todo apunta a una gestión del todo negligente que pone en riesgo la capacidad del IMCE para cumplir con sus obligaciones financieras si no se produce un ajuste significativo en la planificación presupuestaria o una inyección de fondos adicionales.
El Gobierno local debe tomar urgentemente las medidas necesarias para garantizar una administración responsable de los recursos públicos. El descontrol evidente en las finanzas, reflejado en el desfase presupuestario del Ayuntamiento y del IMCE, pone en duda su capacidad para gestionar eficazmente el dinero de los contribuyentes.
Si no hay un esfuerzo real por corregir el rumbo y persiste el desorden financiero, las consecuencias pueden ser una creciente desconfianza pública, una mayor dificultad para acceder a financiación y, a largo plazo, un deterioro en la calidad de los servicios públicos.